Dólar futuro: Cristina Kirchner pidió estar presente en la audiencia y que se transmita en su declaración en vivo

Casación fijó la cita en forma virtual y no habilitó la difusión de la exposición. Si no se cumple con la exigencia planteada por el abogado defensor, la vicepresidente no irá y recurrirá a la Corte Suprema

Cristina Kirchner en Comodoro Py, octubre de 2016
Cristina Kirchner en Comodoro Py, octubre de 2016

La vicepresidente Cristina Kirchner no solo quiere hablar en la causa “dólar futuro”. Quiere que la vean y la escuchen cara a cara no solo los jueces que deben resolver si se avanza hacia el juicio oral sino también la sociedad. Por eso advirtió que si es por zoom, no participará. “Importaría consentir una más de las innumerables violaciones al derecho de defensa en juicio que ya tuvieron lugar en este vergonzoso proceso”, advirtió.

Así lo dijo su abogado Carlos Beraldi presentó hoy un escrito al que accedió Infobae de cara a la audiencia que está prevista para el próximo jueves. En ese escrito no solo reclamó que el encuentro sea presencial y no virtual, como se estableció, sino que insistió en la necesidad de permitir la transmisión mediática de su exposición. “Es imperativo que la gente pueda ver de primera mano y sin intermediarios en qué consisten los conflictos que se someten ante los Tribunales, cuáles son los argumentos que presentan las partes y de qué manera tales litigios son resueltos por los jueces”, sostuvo Beraldi.

Ayer, Infobae adelantó que la audiencia del próximo jueves iba a convertirse en una suerte de repetición de lo que fue su exposición en diciembre de 2019, una semana antes de asumir como la vicepresidencia. Allí declaró en indagatoria en el juicio de la obra pública donde está acusada de ser jefa de una asociación ilícita por las obras concedidas en Santa Cruz a Lázaro Báez durante la gestión. Y habló del lawfare y de cómo la historia condenará a los jueces que la investigan.

Aquí lo que se ventila es si hubo defraudación al Estado en la operatoria “dólar futuro” en los últimos meses de su gestión. Es por los contratos que se pactaron a menos de diez pesos cuando el dólar blue ya cotizaba en Estados Unidos entre 14 y 15 pesos. Fue la primera causa por la que tuvo que enfrentar indagatoria y en la primera en la que fue procesada por el fallecido juez Claudio Bonadio. Allí también están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y los ex responsables del BCRA, entre los que figuran Alejandro Vanoli y Miguel Angel Pesce.

Como un peritaje contable ordenada por el Tribunal Oral Federal 1 determinó que el BCRA no tuvo perdidas en los balances de 2015 y 2016, las defensas sostienen que no hubo perjuicio al Estado. Y por lo tanto los acusados por el BCRA pidieron el sobreseimiento de todos. El fiscal Diego Velasco se opuso porque no es la única prueba. Los jueces José Michilini y Ricardo Basílico entendieron que había que avanzar hacia el juicio oral porque en esta etapa era imposible el sobreseimiento y porque además el planteo no lo habían planteado todos los acusados. Los que faltaban eran Cristina Kirchner y Kicillof.

El abogado defensor Carlos Beraldi
El abogado defensor Carlos Beraldi

Fue así que las defensas de la vicepresidente y el gobernador se presentaron pidiendo apelación a Casación, reclamando, ahora sí, sus sobreseimientos. Y para eso pidieron estar presentes activamente en la audiencia. Beraldi además pidió la difusión de lo que se sucediera ante los jueces Daniel Petrone, Diego Barreoetaveña y Ana María Figueroa.

Ahora, el abogado de Cristina presentó nuevamente un escrito en donde recordó que hizo saber “que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner habría de tomar parte en el acto, a efectos de ejercer las facultades que hacen a su derecho de defensa. En aquella ocasión peticioné, de manera expresa, que se autorizara a los medios periodísticos que así lo requieran a transmitir, en vivo, el acto de referencia”.

“Frente a esta petición, el Tribunal fijó audiencia para el 1° de marzo del año en curso. Dado que el acto se superponía con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, evento en el cual la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de Vicepresidenta de la Nación, debe tomar parte, oportunamente solicité la reprogramación de la audiencia. Además, frente al silencio del Tribunal, insistí con la petición de que se habilitara a los medios de prensa a transmitir en vivo la audiencia citada”, resaltó

La audiencia fue reprogramada para el 4 de marzo. “El viernes pasado V.E., a través de la oficina judicial, comunicó a las partes que el acto se llevará a cabo a través de la herramienta informática zoom e hizo saber que, de conformidad con lo establecido en la ‘Guía de gestión de audiencias remotas’ y su anexo, aprobada el 19 de mayo de 2020, ‘queda prohibido retransmitir la audiencia por cualquier medio tecnológico, total o parcialmente, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o audios de dicho acto procesal por cualquier otro medio o dispositivo, simultáneamente o con posterioridad a su ocurrencia’”, resumió Beraldi.

“Frente a tal situación y siguiendo expresas instrucciones de mi representada, reitero la solicitud de que la audiencia que tendrá lugar el próximo 4 de marzo se lleve a cabo de manera presencial, al menos respecto de las personas que así lo soliciten, tal como es el caso de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de las razones sanitarias que pudieron justificar el dictado de la Acordada referida en el punto anterior, lo cierto es que la práctica desarrollada por diversos Tribunales Federales, incluso con sede en este mismo edificio, acredita la posibilidad cierta y concreta de llevar a cabo la diligencia de manera presencial, en todo o en parte, sin mengua de los propósitos que animaron la mentada reglamentación”, afirmó.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

Puso como ejemplo que en el juicio oral por la causa de la obra pública “el Colegio Judicial en pleno se constituye en la sala de audiencias junto con sus Secretarios para llevar a cabo la etapa de debate y recibe en forma directa declaración a los testigos convocados, quienes en la generalidad de los casos comparecen en forma presencial a la diligencia”.

Tras resaltar que “el principio de inmediación resulta ser la base del juicio oral y público, entendiéndose como la forma de conseguir un debate transparente, propio de las sociedades democráticas, en el que las partes se ven las caras y quienes deciden el litigio dan la cara”, Beraldi afirmó que “la doctrina también ha señalado que la reunión en un mismo espacio físico y temporal es una clara señal acerca de la importancia de la cuestión judicial bajo tratamiento, no solo para las partes, sino también para el resto de la comunidad”.

Resaltó además la directiva de la Corte Suprema de Justicia que establece expresamente que “en las audiencias en las que se disponga realizar de manera semi presencial o remota, con aplicación de sistemas electrónicos de video audiencia, éstas deberán observar medidas que aseguren su sustanciación en su convocatoria y obtener, previo a su disposición, el acuerdo de partes para su celebración”

“Sentado ello debo manifestar, siguiendo expresas instrucciones de mi representada, que si el acto no se lleva a cabo de manera presencial, mi parte no tomará intervención en la diligencia. Ello así, pues lo contrario importaría consentir una más de las innumerables violaciones al derecho de defensa en juicio que ya tuvieron lugar en este vergonzoso proceso. Por ende, a todo evento, hago expresa reserva del caso federal”, afirmó.

Beraldi también se quejó (“manifiesta su absoluto disenso”, dijo) por “la disposición que se nos comunicara el viernes pasado, en cuanto establece que ‘queda prohibido retransmitir la audiencia por cualquier medio tecnológico, total o parcialmente, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o audios de dicho acto procesal por cualquier otro medio o dispositivo, simultáneamente o con posterioridad a su ocurrencia’.”.

El abogado planteó que “la única manera conocida de abrir el procedimiento penal a la apreciación popular y, con ello, al control del público en general, es dando publicidad a los actos; sería ridículo pensar que toda la gente que está interesada en este caso pueda asistir a la sala de audiencias, máxime cuando existen reglas sanitarias que restringen tal posibilidad”.

Ello resulta así, de una manera aún mucho más categórica en los tiempos que vivimos, en los cuales, amparados bajo el secretismo, han tenido lugar decisiones judiciales verdaderamente escandalosas, que en nada se compadecían con las pruebas incorporadas al proceso y que luego fueron presentadas al público de manera falsa, por medios de comunicación que hace tiempo han abandonado el principio de objetividad que debe ser el norte de la actividad periodística.”, dijo

“Por eso - añadió- es imperativo que la gente pueda ver de primera mano y sin intermediarios en qué consisten los conflictos que se someten ante los Tribunales, cuáles son los argumentos que presentan las partes y de qué manera tales litigios son resueltos por los jueces.

“Todos estos conceptos alcanzan un valor superlativo en el caso que nos ocupa. Basta con recordar que se trata de un proceso en el que se cuestiona la regularidad o no de medidas de política económica, a partir de las cuales se pretende imputar penalmente a quien por entonces resultaba ser Presidenta de la Nación y hoy reviste la condición de Vicepresidenta de la Nación, a su por entonces Ministro de Economía, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y a una serie de directivos del Banco Central de la República Argentina, entre los que se encuentra quien hoy preside la entidad rectora. En definitiva, restringir la publicidad del acto, impidiendo que pueda ser transmitido en forma directa a la población carece de todo fundamento, no solo normativo sino incluso desde el propio sentido común”, aseguró.

Por último, Beraldi resaltó que el Código Procesal Penal Federal, que fue sancionado hace más de cinco años pero que aún no fue puesto en vigencia en su totalidad garantiza que “los medios de comunicación podrán acceder a la sala de audiencias en las mismas condiciones que el público en general”. “Siendo el requisito de la publicidad otro de los elementos sustanciales para llevar a cabo el acto, en el hipotético caso de que la misma sea limitada, hago saber que mi parte no habrá de tomar parte en el mismo, manteniendo la reserva del caso federal”, afirmó

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