Selfies, el chiste de Alberto y la ausencia de la palabra “lawfare”: lo que dejó el informe para reformar la Corte Suprema

El jueves, los once abogados y jueces convocados por el Presidente entregaron sugerencias y propuestas para mejorar el funcionamiento de la Justicia, en momentos en que Cristina Kirchner criticaba al máximo tribunal y sus integrantes

Alberto Fernández junto a la comisión de juristas
Alberto Fernández junto a la comisión de juristas

Cuando ya estaban los juristas reunidos a su alrededor y los saludos formales habían pasado, Alberto Fernández les dijo a todos que les quería contarles un chiste. “Un tipo se sube a un globo y el viento comienza a llevarlo sin que él pueda dirigir el rumbo. En un momento dado, después de muchos kilómetros, el viajante ve a un hombre, abajo, en la tierra y busca una respuesta para saber hasta dónde había llegado. Desde el globo le pregunta: “¿Dónde estoy?”. El hombre de abajo le contesta: “En un globo”. La lógica de la repuesta obligó al señor que buscaba su destino a quejarse en voz alta. “La única persona que vengo a encontrar y es abogado”, rezongó. “¿Y cómo sabe que soy abogado?”, preguntó su interlocutor. “Porque siempre te dicen la verdad y nunca te traen soluciones”.

El chiste, que solía contarlo el ex procurador Esteban “Bebe” Righi, fue repetido por el jefe de Estado ante la ministra de Justicia Marcela Losardo y los diez integrantes del Consejo Consultivo que habían ido el jueves a la Casa Rosada, con 35 grados de temperatura, para finalmente coronar el trabajo que hicieron durante tres meses sobre distintas propuestas sobre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, entre otras cuestiones.

Los presentes sonrieron. Eran todos abogados. “Pasa que uno recomendó a, otro recomendó b y otro c”, explicó a Infobae el contexto del chiste una de las fuentes presentes en la reunión.

El presidente acotó que iba a seguir estudiando las propuestas que le habían hecho llegar y que había estado leyendo con detenimiento los cuatro días previos: un informe de casi mil páginas en donde no hay conclusiones y en el que no se mencionó ni una sola vez la palabra “lawfare”, aún cuando el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, fue parte de las deliberaciones y las sugerencias planteadas.

Precisamente, Beraldi fue uno de los que habló en la reunión, al igual que cada uno de los participantes del consejo consultivo. A su amigo, ahora presidente, le dijo que el trabajo “era solo el principio”, pero que ahora le correspondía a él encabezar la tarea más ardua: convertir en proyectos de ley las sugerencias que le llevaron para ver las verdaderas transformaciones del Poder Judicial.

El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” estuvo integrado por los abogados Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y por los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierrra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza). El onceavo integrante fue Enrique Bacigalupo, un académico exiliado que fue juez durante 40 años en España y que participó por zoom de las sesiones de la comisión como de las reuniones con Alberto Fernández. El grupo estuvo coordinado por el abogado Fabián Musso.

Para el momento de la presentación en la Casa Rosada, Cristina Kirchner ya había lanzado su explosiva carta con su balance de año de vicepresidencia en donde disparó sobre la Corte Suprema y sobre cada uno de sus integrantes. Ni en la espera para ser recibidos ni en la reunión que tuvieron con el jefe de Estado se habló de las palabras de Cristina Kirchner, dijo a Infobae uno de los presentes. A algunos les cayó mal que el mensaje de CFK salpicara el trabajo elaborado en donde, justamente, se había intentado esquivar la grieta.

Alberto Fernandez y Cristina Kirchner el jueves, en el acto de la celebración por el Día Internacional de los Derechos Humanos
Alberto Fernandez y Cristina Kirchner el jueves, en el acto de la celebración por el Día Internacional de los Derechos Humanos

Al día siguiente, después de haber visto a CFK en un acto en la ex ESMA, Alberto Fernández dijo que “compartía mucho” las apreciaciones de su compañera de fórmula sobre la Justicia y que la Corte trabajaba con “un nivel de discrecionalidad pasmosa” que “debe ser corregido”. “La Justicia tal como está funcionando está mal”, insistió una y otra vez el jefe de Estado en estos días en las numerosas entrevistas que dio.

Uno de los focos que más irrita a Alberto Fernández es la forma en la que se usa el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que tiene la Corte Suprema para decir que un recurso extraordinario es inadmisible sin fundamentación alguna. Precisamente, fue un 280 el que confirmó la condena a 5 años y 10 meses de prisión del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, un fallo que irritó al kirchnerismo que, de cara a fin de año, vuelve a reclamar “Navidad sin presos políticos”, aunque el propio Alberto Fernández haya dicho que le molestaba esa frase: ”No tengo presos políticos”.

También fue un 280 la repuesta que recibió la defensa de Julio De Vido, el ex ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner sobre uno de los juicios en su contra. La negativa a analizar ese expediente por falta de una sentencia definitiva fue leída en el kirchnerismo como un mensaje a su jefa. Es que la vicepresidenta tiene recursos en el máximo tribunal para impugnar el juicio de la obra pública que está en marcha, mientras otro ramillete de causas (Memorándum, dolar futuro, Hotesur-Los Sauces y el megacaso de cuadernos) no se han detenido pero aún no tienen fecha de inicio.

Infobae detalló esta semana que en la Corte Suprema hay planteos directos sobre las causas de obre obra pública, cuadernos y Los Sauces, pero en breve le llegará la apelación de un tema clave: la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, luego de que Casación rechazara los planteos de inconstitucionalidad sobre esa figura, corazón del expediente que llevaron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“La Corte ve gravedad institucional cuando se afecta en algo a la Justicia -rezonga abiertamente el presidente-. ¿Por qué el traslado de tres ignotos jueces es una cuestión de gravedad y la condena a un vicepresidente no? Que me lo expliquen”.

Los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (foto CIJ)
Los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (foto CIJ)

Lo que Alberto Fernández le dijo a los consejeros expresamente es que le interesaba especialmente la sugerencia de la creación de un tribunal filtro a la Corte Suprema para que absorba gran parte de los expedientes que llegan al máximo tribunal. Algunos hablaron de un tribunal de sentencias arbitrarias, otros de una nueva Casación para el fuero no penal, una tercera propuesta apuntaba a un supremo tribunal federal. Ni siquiera fue opinión unánime porque hubo tres juezas que entendieron que la creación de ese tribunal era violatoria de la Constitución. Quizás a eso aludía el chiste de Alberto.

Solo hubo algunas propuestas sueltas sobre la ampliación del número de integrantes de la Corte, una de las sospechas que estuvo presente en la oposición cuando se convocó a la comisión. “En la ‘selección de los integrantes’ quizá deba pensarse en una ampliación del número de magistrados que integran el tribunal para justificar racionalmente, con mayor hondura, los diferentes enfoques que pueden postularse sobre el mundo del Derecho. En otras palabras: tres jueces que forman la mayoría absoluta de un colegiado de cinco magistrados no aborda, más allá del mérito de la decisión, sino un escaso abanico de enfoques jurídicos”, planteó por ejemplo el consejero Gustavo Ferreyra. Bacigalupo, en tanto, propuso recrear el modelo europeo de un máximo tribunal con decenas de jueces. El resto de los consejeros entendieron que la ampliación del máximo tribunal no estaba entre los temas a debatir y prefirieron no pronunciarse, precisamente, para que eso no se llevara la marca de todas las otras sugerencias.

En el informe de la comisión también está planteada la recomendación de dictar una ley que regule el funcionamiento de la Corte Suprema respecto a las causas en las que debe intervenir y con un plazo en el que esas causas deben ser resueltas.

El abogado Carlos Beraldi (Gustavo Gavotti)
El abogado Carlos Beraldi (Gustavo Gavotti)

Pero el informe también apunta sobre todo un tema que podría ser explosivo a futuro: cómo deben repartirse los fondos del Poder Judicial, quién debe administrarlos y a dónde tendrían que destinarse los recursos que la Corte Suprema viene ahorrando, frente a un Consejo de de la Magistratura con una estructura gigantesca que amenaza, periódicamente, en quedar en rojo a la hora de pagar los sueldos de los empleados y magistrados .

La puja por la plata de la Justicia es histórica. El Poder Judicial tiene como presupuesto el 3,5% de la recaudación nacional. El 2,93% es para el Consejo, que tiene la administración de toda la Justicia nacional y federal, y el 0,57% restante para la Corte Suprema, para su propia administración. En el máximo tribunal aseguran que su superávit es fruto de la buena administración y hacen foco en cómo se manejan en el Consejo de la Magistratura.

“Un análisis profundo y comprometido en torno a cómo armonizar la relación e interacción entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tal como lo exige el art. 4.3.a del Decreto 635/2020, obligaría a interrogarse de manera crítica sobre las atribuciones administrativas que ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los recursos humanos que compromete a tal fin en contra de lo que expresa el mencionado art. 114. En esta línea, cabría interrogarse también si corresponde que parte de estos recursos humanos en cabeza de la Corte Federal ingresen bajo la órbita del Consejo de la Magistratura de la Nación”, plantea el informe del Consejo. Sin embargo, hace especial hincapié en las deficiencias que exhibió hasta ahora el funcionamiento del organismo que controla y sanciona a los jueces.

Daniel Rafecas, el candidato a la Procuración
Daniel Rafecas, el candidato a la Procuración

El Presidente no habló en la reunión de las otras propuestas sugerencias que le hizo el Consejo Consultivo. Allí figuran los cambios para aliviar las mayorías a la hora de designar al Procurador General de la Nación y el límite a la duración de su mandato, una temática que analizó el Consejo y que definió -como reveló Infobae en noviembre- por seis votos a cinco. Para esa altura, el kirchnerismo ya había impulsado paralelamente un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado, tierra de Cristina Kirchner.

Otro de los puntos que fue elevado a Alberto Fernández es la idea de una reestructuración sobre el Consejo de la Magistratura, en donde se busca poner fin a la preponderancia política que existe en el organismo de selección y control de jueces, una estructura que propuso la vicepresidenta cuando ella era legisladora y su marido ya ocupaba la jefatura del Ejecutivo.

Durante todo el encuentro, Fernández se mostró agradecido por la tarea que los consejeros llevaron adelante en los 90 días que les dio para estas propuestas. Incluso, desde el Ejecutivo admitieron que nunca habían pensado que los once convocados iban a tomar literalmente lo de los 90 días -del 18 de agosto al 18 de noviembre-. En la Casa Rosada pensaban en días hábiles. Pero con reuniones de hasta tres veces por semana -que incluyeron los sábados-, los consejeros se mostraron orgullosos del informe que llevaron ad honorem. Hasta hubo comparaciones con los logros frente al trabajo de “Justica 2020” de Mauricio Macri y los recursos presupuestarios que insumió.

Estoy en deuda con ustedes”, les dijo Alberto Fernández y les prometió invitarlos a cenar a la Quinta de OIivos, mientras entre los consejeros se repartían invitaciones de visitas para cuando finalice el aislamiento. Clima de fin de ciclo mientras la pelota sobre cómo estas propuestas se convierten en cuestiones concretas quedó en manos del Ejecutivo. Fernández se terminó sacando una foto con cada uno de los consejeros. Después de su selfie, el constitucionalista Gil Domínguez ofició de fotógrafo de la reunión para que cada uno se llevara su retrato con el presidente.

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