La poda de fondos a la Capital terminó de quebrar puentes políticos y repone la presión en la Corte

Fracasaron las negociaciones para consensuar una salida al conflicto. La disputa había comenzado con un decreto presidencial. Y eso generó el reclamo porteño a la Justicia. La falta de acuerdo concentra el foco en el máximo tribunal, que esperaba el desenlace del Congreso.

Conversaciones entre legisladores opositores, con Cristian Ritondo en el centro
Conversaciones entre legisladores opositores, con Cristian Ritondo en el centro

Fue una larga sucesión de temas menores, chicanas y discusiones formales en Diputados justo en un día en que el almanaque y el reloj indicaban que había que apurar el trámite: las últimas horas del último día de sesiones ordinarias, con la poda de fondos a la Capital como tema a votar. Señal inconfundible de operaciones complicadas para sumarle votos al proyecto y a la vez ensayar una última negociación entre Olivos y Parque Patricios. Fracasadas las conversaciones con la primera línea del gobierno porteño, el oficialismo avanzó junto a aliados con su ley. Puentes rotos que no se reconstruyen. Y otra vez la presión sobre la Corte Suprema.

No es el primer ejemplo de “judicialización” de disputas políticas, pero seguramente constituye un conflicto sobresaliente porque involucra cuestiones de federalismo y plata. En general, los integrantes de la Corte –su mayoría- suelen evaluar con molestia lo que consideran problemas políticos que no resuelve la política. Una mezcla, a veces, de la falta de liderazgos para asumir acuerdos y también una incomodidad de la Justicia frente a temas espinosos cuando la sintonía con el poder hace ruido.


Las expectativas sobre un canal de negociación entre el Gobierno y la Ciudad fueron alimentadas por versiones desde la Casa Rosada y por la prudencia de la conducción de Juntos por el Cambio, que evitó pronunciarse poco antes del inicio de la sesión en Diputados. Pero las líneas tendidas otra vez entre el Ministerio del Interior y el gobierno de la Ciudad se terminaron de caer avanzada la noche, cuando desde Olivos llegaba además la confirmación de la dual decisión de extender las sesiones ordinarias por diez días y convocar a extraordinarias con temario amplio. Un modo de atender el problema inmediato y la interna oficialista con terminales en el Presidente y en Cristina Fernández de Kirchner.

Pero la definición legislativa no era sólo una cuestión de oficialistas y opositores. También era un dato central aguardado en la Corte, según trascendidos que se vienen repitiendo ante la demora en dar respuesta al escrito que las autoridades porteñas presentaron en Tribunales, hace poco más de dos meses. La explicación que circulaba era sencilla: se esperaba la última señal del Congreso. Es decir, si había o no chances de un desenlace consensuado que revirtiera el cuadro de conflicto.

Sergio Massa, en el inicio de las sesiones de ayer. Tiene temario intenso para las extraordinarias
Sergio Massa, en el inicio de las sesiones de ayer. Tiene temario intenso para las extraordinarias

En rigor, se trata de dos cuestiones convergentes. El reclamo de la Ciudad a la Corte se produjo como respuesta al decreto presidencial que dispuso un primer y fuerte recorte de más de un punto de coparticipación para la Ciudad, en el área de seguridad. El gobierno porteño pidió una medida suspensiva y planteó además como cuestión de fondo la “inconstitucionalidad” de la decisión de Alberto Fernández.

La poda había sido impulsada desde el primer día por la ex presidente y por el gobernador Axel Kicillof, beneficiario directo del traspaso de fondos y principal receptor de partidas extraordinarias de la Nación. Después fue puesto en marcha el proyecto de ley para ajustar aún más las cuentas. Dos caras de la misma moneda también para los jueces de la Corte. Una salida política en el Congreso podría haber descomprimido todo el conflicto y no sólo el ramal legislativo.

La Corte es la competencia de rigor para dirimir este tipo de controversia pero según una mirada amplia, la respuesta demandaba esperar el final de la historia en el Congreso. La falta de consenso expone definitivamente que la movida en su conjunto va a contramano del federalismo de consenso, porque lo que está en debate es la constitucionalidad o no de una medida unilateral del poder central.

El tema de los tiempos en el Congreso contribuyó además a darle mayor relieve al interrogante sobre cuál sería la posición definitiva del Presidente frente a la finalización del ciclo de sesiones ordinarias. Asomó como liviana la explicación de que la prórroga de este período sólo apuntó a evitar que el tratamiento sobre el recorte de fondos a la gestión porteña quedara invalidado después de la medianoche.

La prórroga, como se sabe, permite a cada Cámara avanzar con los proyectos que decida. Por supuesto, esto permitiría resolver temas que fueron exponiendo distintos grados de interés o desinterés del Ejecutivo, como ocurrió con el impuesto a las grandes fortunas. Será ahora decisión del Senado. Del mismo modo que Diputados resuelve la ley de baja de ingresos para la Capital.

Con todo, y como mensaje con fuerte sentido interno y lectura externa ineludible, la lista para extraordinarias incluye el proyecto para cambiar las reglas de elección del jefe de los fiscales, con mayor control político y con mandato acotado para su ejercicio. Es una iniciativa impulsada por CFK, con Daniel Rafecas como candidato a procurador en zona incierta. Una par de líneas en un extenso listado presidencial para tratar desde el 12 de diciembre. Una prueba para Diputados y en especial, para todo el entramado oficialista.