La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca alteró la calma del centenar de familias que ocupan el predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en El Bolsón ya que deberán dejar el lugar o serán desalojados en los próximos días.
La situación era favorable para los “ocupas” ya que en septiembre el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, rechazó el desalojo del lugar, avaló la permanencia en el sitio de las familias y ordenó soluciones habitacionales inmediatas para las familias.
No obstante, el fallo de la Cámara de Apelaciones revirtió la situación y ahora el sitio deberá ser restituido al organismo nacional.
Las autoridades provinciales y locales festejaron los alcances del fallo aunque fueron cautelosos al brindar precisiones sobre la ejecución de la medida. “No tenemos precisiones sobre el desalojo, sabemos que estará a cargo de fuerzas federales, que incluso hoy custodian el lugar, pero no sabemos cuándo será”, aseguraron en diálogo con Infobae.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron a este medio que “hubo reuniones para tratar el tema” y se está trabajando en la relocalización de unas 60 familias que fueron relevadas en el lugar”.
No obstante, hay un grupo que no está incluido en los relevamientos porque no reunirían las condiciones, quienes igualmente deberían dejar el lugar de forma voluntaria o ser desalojados.
Desde el organismo aseguraron que están trabajando junto al INTA y aseguraron que agotarán las instancias de diálogo para evitar posibles situaciones de conflicto: “primero intentaremos avanzar a través del diálogo y el último recurso será el uso de la fuerza pública”.
El fallo de la Cámara contempla aspectos relacionados a la medida de desalojo. El texto menciona que la misma “debería llevarse a cabo con el auxilio de la fuerza de seguridad que se determine en la instancia de origen, entre las que tengan capacidad operativa suficiente para hacer un uso mínimo y racional de la fuerza pública, debiendo extremarse, además, los recaudos que entienda necesarios el juez instructor para garantizar la eficacia de la medida y la seguridad e integridad física de las personas que estén en el lugar y deban ser desalojadas (especialmente atendiendo a la presencia de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad). Además, y toda vez que en ese marco podría estarse ante la constatación de la comisión de un delito penal, debería procederse con arreglo a las disposiciones del Libro Segundo, Título 3, Capítulos 2 y 3 del CPP y a los demás cuidados y seguridades que establezca el mismo juez de la instancia anterior”.
Menciona, además, que de la medida “deberían ser notificados los organismos nacionales, provinciales y municipales que el magistrado entienda involucrados en la suerte de las personas eventualmente desalojadas para que, cumplido el desahucio y las diligencias procesales de rigor, en el ámbito de sus competencias las atiendan y/o ubiquen en un lugar adecuado, como así también ser anoticiado el Ministerio Público de la Defensa para que asuma la intervención que entienda corresponderle en defensa de la seguridad e intereses de los menores y, de existir en el lugar, de las personas incapaces”.
También agrega: “Ello no debería ser entendido como un obstáculo para que en la instancia de origen, de verlo necesario el magistrado, y dada la envergadura que, en cantidad de personas, habría tomado la intrusión del inmueble, se explore la utilidad de ejecutar la medida con el auxilio de herramientas alternativas al mero uso de la fuerza pública”.
La causa tiene su origen el 20 de agosto, cuando el INTA, a través de su director, Mauro Sarasola, denunció el ingreso de familias en la reserva forestal de Loma del Medio. En su presentación ante el Juzgado Federal aseguró que se desconocía la cantidad de familias que ingresaron al lugar, aunque luego se realizó un relevamiento que confirmó la presencia de un centenar de grupos familiares en el territorio, quienes dividieron el lugar en parcelas que fueron demarcadas con alambres y postes.
Una vez que trascendió el fallo de la Cámara, la abogada que representa al INTA, Elisa Martín, reconoció que “es una gran noticia que la Cámara haya hecho lugar a la cautelar (con la restitución del bien), solicitada en el proceso penal. Todas las medidas presentadas en el Juzgado Federal de Bariloche habían sido denegadas”.
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