El Gobierno obtuvo dictamen y avanza con su proyecto para cambiar la fórmula que actualiza jubilaciones

El oficialismo y la oposición intentaron esta mañana en el Congreso de la Nación arribar a un dictamen consensuado sobre cómo será la fórmula a aplicar para la movilidad jubilatoria desde 2021 pero finalmente, y tal como se preveía, no se pudo llegar a ese objetivo y hubo duras críticas del interbloque de Juntos por el Cambio hacia la propuesta del Gobierno, que busca retornar al sistema que se utilizó entre 2009 y 2016 para calcular los incrementos en las jubilaciones y pensiones.

La Comisión Mixta Bicameral terminó aprobando el dictamen por la mayoría con la propuesta de movilidad jubilatoria impulsada por el oficialismo, que contempla un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), que estuvo vigente en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta propuesta será elevada ahora al Ejecutivo para que se elabore un proyecto de ley que luego deberá ser debatido por ambas Cámaras del Congreso.

Los opositores, en su dictamen en minoría con la firma de 6 de los 17 integrantes de la Comisión, lamentaron que después de 16 reuniones no se haya podido arribar a un consenso. Cuestionaron que el trabajo de estos últimos seis meses en la Comisión haya servido “solo como una marquesina que le permitió al gobierno ganar tiempo para presentar una fórmula que nunca estuvo en discusión: desde el 10 de diciembre de 2019 ya estaba previsto volver a 2008 en cuestiones de movilidad”. También puntualizaron que incluir solamente a “la recaudación como variable de actualización no es el camino adecuado para incrementar los haberes de los jubilados”. Esa variable la definen como procíclica: si la economía crece, los haberes también crecerán pero el efecto será el contrario en un contexto de recesión como el actual.

Por ello los legisladores opositores reclamaron que se respete la fórmula aplicada durante la gestión de Mauricio Macri y que fue suspendida por decreto por el presidente Alberto Fernández durante este año.

La reunión de la Comisión Mixta Bicameral se realizó mediante una videoconferencia. Fue presidida por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y contó con la presencia de la titular de la Anses, Fernanda Raverta. La propuesta del Gobierno contempla que haya dos aumentos anuales (en marzo y en septiembre) en base a la variación de los salarios y la recaudación, pero sin tomar en cuenta a la inflación.

Se basa en la que rigió entre 2009 y 2017 con un cambio importante: se tomara exclusivamente para su cálculo el RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables). El principal cambio será que se dejará de lado el índice de inflación del INDEC. Se podía optar por el que resultara mayor y ahora solo se regirá por el primero.

Desde el oficialismo son optimistas en que la inflación bajará en los próximos meses y también en que la recaudación aumentará.

La primera en exponer fue Raverta quien presentó varios gráficos como respaldo. Según la funcionaria de la Anses con la vigencia de la Ley 26417 de 2008 el aumento en los haberes jubilatorios llegó al 25,6% y con la Ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, lo que percibían jubilados y pensionados sufrió una disminución del 19,5 % respecto de la inflación. “Venimos a reparar un daño y a devolverles a tranquilidad a los jubilados de cómo se aumentarán sus ingresos cada 6 meses”, aseguró.

Alejandro Cacace, de Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión, dejó clara la postura de la oposición cuando fue su turno y criticó la postura oficial: “Es una decepción que no se haya podido alcanzar un consenso. Es llamativo que el Ministerio de Economía el lunes cerca de las 11 de la noche y poco antes de la llegada de la misión del FMI diera a conocer su proyecto”.

Cacace sostuvo que con la ley de movilidad suspendida “los jubilados tuvieron un perjuicio en sus ingresos por mes de entre 1.000 y 18.000 pesos” y que eso le permitió al Estado Nacional “ahorrarse 72 mil millones de pesos”.

Luego de que el diputado oficialista Carlos Heller defendiera el proyecto del Ejecutivo, el radical misionero Luis Pastori fue uno de los más duros en cuestionar la iniciativa. “El presidente Alberto Fernández había propuesto aumentar un 20% las jubilaciones luego de asumir con la plata que iba a obtener de la venta de las Leliq. No hubo ni una ni otra cosa”. También consignó que el Gobierno tiene una previsión de inflación para 2021 del 32% anual y que “el promedio de las 10 máximas calificadoras de riesgo lo estima en 47,6”. E insistió en que el Gobierno no garantiza un piso para los aumentos a jubilados.

La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez expresó su respaldo a esa posición opositora. “Alguna vez escuché al gobernador de mi provincia, José Manzur, que le decía a la ministra Frederic que tenía que poner ‘a alguien que los escuche pero después nosotros hacemos lo que queremos’. Y eso es lo que hacen ahora. Esto es malo para los jubilados porque les ponen un tope a los aumentos. Es una fórmula oscura”, manifestó.

También el diputado santafesino del PRO, Luciano Laspina, se sumó a las opiniones críticas: “Politizar esta discusión es patético. Esto debe ir más allá del color político y más allá de a quien le toque gobernar, sea del partido que sea”.

La fórmula presentada por el Gobierno es similar a la que se aplicó en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese esquema fue reemplazado en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, por otra fórmula de movilidad que incorporaba un 70% de inflación y un 30% de evolución de los salarios, con ajustes trimestrales. En diciembre de 2019, la movilidad fue suspendida y durante 2020 se aplicaron subas por decreto y algunos bonos para las jubilaciones más bajas.

Las versiones sobre el incremento que habrá para las jubilaciones en diciembre indican que será del 6%, lo que significaría un aumento de alrededor de 1.000 pesos para los que menos perciben.