Chaco: el Gobierno impulsó la creación de asociaciones que representen a los policías de la provincia

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, impulsó la creación de organizaciones que representen a la policía provincial para “permitir el derecho de asociación”, con el objeto de que “ejerzan legítimamente reclamos referidos a salarios y condiciones de trabajo”.

Capitanich dijo este martes que enviará una propuesta parlamentaria para la creación de una asociación civil representante del personal de la Policía de la Provincia y otra del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia.

Para ello, se evaluó que esas asociaciones “deberán contar con personería jurídica y elegirán por voto secreto, libre y obligatorio a sus representantes”, que durarán un año en sus funciones y “no podrán ser reelectos”.

Para concretar ese objetivo, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, en donde propondrá la asociación del personal de la Policía del Chaco.

El gobernador apuntó que “es una innovación por parte de la provincia respecto a los mecanismos de representación a los efectos de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos” y remarcó que “en una sociedad abierta, plural y democrática la reparación de los intereses de cada sector debe ser efectivamente ejercida”.

Sostuvo además, al fundamentar la iniciativa, que la misma “se enmarca dentro de las políticas públicas del Estado provincial y forma parte de la construcción de un modelo de Seguridad Ciudadana, que comenzó con la sanción de la Ley de Seguridad Pública” y le sumó que también “se valida el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y una serie de antecedentes desde el punto de vista internacional”.

Capitanich dijo no encontrar contradicciones en el hecho de que puedan asociarse quienes son “miembros de las fuerzas de seguridad y también funcionarios públicos que desarrollan un servicio esencial para el funcionamiento de la seguridad democrática”.

También pronosticó que la iniciativa construirá un modelo de representación de los intereses profesionales que “garantiza la representatividad de todos sus miembros con las particularidades determinadas por la esencialidad del servicio que prestan, derechos reconocidos en la Constitución Nacional y del Chaco”.

Y diferenció el hecho de que “nadie, que efectivamente porte armas, puede utilizar las mismas en virtud de reivindicación de sus propios intereses porque eso incluiría claramente en delitos de sedición”.

Por su parte, la ministra de Seguridad Gloria Zalazar aclaró a los medios locales: "El gobernador plantea una nueva ley que regule la posibilidad de que los agentes policiales puedan hacer oír sus reclamos, pero garantizando el desarrollo del servicio esencial de la policía y del servicio penitenciario”.

Entre varios puntos, el proyecto estipula que los trabajadores puedan realizar reclamos en forma activa en períodos o intervalos de tiempo que no excedan el término de 15 minutos por día, con un tiempo máximo de 45 minutos en la semana, debiendo ser programados a fin de no afectar la esencialidad del servicio.

Establece además, según informa datachaco.com, que la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo como único ámbito de discusión de los intereses profesionales del personal policial y penitenciario ante el Poder Ejecutivo Provincial sesionará en reunión plenaria dos veces al año. El Ministerio de Seguridad y Justicia deberá informar y notificar las fechas de sesión.

Asimismo, se autorizará la creación de una asociación civil de representantes de los trabajadores de la Policía provincial.

Ese medio local señala que cada uno de los representantes deberán estar asociados según su actividad, tener al menos cinco años de antigüedad en su institución, no estar encuadrados bajo las fuerzas de seguridad, no contar con antecedentes disciplinarios en el transcurso de su carrera, no hallarse imputados en causas penales y ser electos por la asociación correspondiente.

También podrán expresarse con total franqueza intelectual, teniendo en cuenta siempre su condición de policía o penitenciario y el necesario respeto y no podrán manifestarse públicamente con armas y uniformes, ni obstaculizar el normal desarrollo de las actividades.

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