La CGT le pediría a Alberto Fernández que mantenga la ayuda oficial a empresas, trabajadores y obras sociales

Pasaron 11 meses y una semana desde el último día en que la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió a su consejo directivo en la histórica sede de Azopardo 802. Hoy, luego de 343 días de encuentros en otras sedes o de manera virtual, la dirigencia cegetista deliberará en su lugar de siempre en medio de una nueva certeza: las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda llevarán al Gobierno a recortar la ayuda brindada a las empresas, los trabajadores y las obras sociales durante la cuarentena.

Esta tarde, a partir de las 15, la central obrera analizará la situación socioeconómica y le pediría una audiencia a Alberto Fernández para reclamar por algunas señales que considera preocupantes. Por ejemplo, la reformulación del Programa de Asistencia en la Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que dejará de pagar el 50% de los salarios de las empresas en crisis. O la seguridad de que el Gobierno no dispondrá recursos del Tesoro Nacional para compensar la caída de las recaudación de las obras sociales (desde abril lo está haciendo mediante dinero proveniente del aporte de los trabajadores que se acumuló en el Fondo de Emergencia y Asistencia y en donde no quedarían más de 3000 millones de pesos).

“Se acabó la maquinita de emitir. No hay más plata en el Estado", vaticinan en la CGT para caracterizar la etapa que viene, en la que los dirigentes sindicales imaginan fuertes tensiones sociales. ¿Podrán contenerlas? En la central obrera siguen quejándose de que no encuentran buenos interlocutores en el gabinete nacional (con la excepción del ministro de Trabajo, Claudio Moroni) y temen que el Gobierno haya vuelto a congelar el diálogo con el empresariado y el sindicalismo.

Ya pasaron quince días desde que se conformó la primera mesa sectorial formada por funcionarios, empresarios y sindicalistas para reactivar la actividad automotriz, y aunque está previsto hacer algo similar en las próximas semanas con la construcción, el sector textil, calzado y la industria alimenticia, este esquema diseñado por el Gobierno avanza con tiempos demasiado lentos para las rápidas necesidades de recuperación económica que tiene en mente la CGT.

La única certeza que tiene el sindicalismo es que los funcionarios les han garantizado que la prohibición de los despidos y la doble indemnización seguirán hasta que la situación económica esté más aliviada. Pero en la central obrera entienden que el acuerdo con el FMI limitará aún más la asistencia que pueda brindar el Gobierno en este contexto de crisis y que Alberto Fernández debería llamar a la dirigencia sindical para que brinde su mirada sobre la “nueva normalidad”.

En la reunión de esta tarde se evaluarán los escenarios que se crean ante la falta de respuesta del Gobierno a algunos aspectos que podrían agravar la crítica situación de las obras sociales: hay temor de que las vacunas contra el COVID-19 tengan que ser financiadas desde el sistema sindical de salud, como anticipó Infobae, y de que se termine el dinero del Fondo de Emergencia y el Poder Ejecutivo no pueda brindar la ayuda adicional para aquellas entidades mediante aportes del Tesoro Nacional (como había prometido el ministro de Salud, Ginés González García).

Por eso en la conducción de la CGT piensan que el siguiente paso que debe dar es pedir una audiencia con el Presidente para plantearle estos temas que desvelan a sus dirigentes. Están convencidos de que el jefe del Estado debe conocer de manera directa la dimensión de los problemas que afrontarán la central obrera y los trabajadores en una postpandemia que estará regida por un estrecho margen de maniobra financiera del Gobierno para asistir a sectores en crisis.

La posible llegada de la vacuna contra el COVID-19 inquieta a la CGT por la falta de definiciones oficiales sobre quién las pagará, pero también porque implicará un gradual descongelamiento de las elecciones sindicales postergadas: el Ministerio de Trabajo está a punto de dictar una resolución que flexibilizará los impedimentos actuales para que los sindicatos realicen asambleas y congresos como antesala de los procesos electorales suspendidos por la pandemia.

En la cartera laboral creen que, si las condiciones sanitarias lo permiten, así se permitirá que cada gremio ponga en marcha hasta fines de febrero de 2021 todos los pasos internos para poder avanzar luego con las elecciones. Se trata de una buena noticia para la democracia sindical, aunque en la central obrera algunos miran de reojo esta inminente resolución porque en muchas organizaciones acelerará la competencia interna y en algunos casos no está garantizado el triunfo de los oficialismos.

En el sindicalismo había alivio por la decisión de Moroni de extender la suspensión de los comicios sindicales y prorrogar los mandatos de los actuales dirigentes por 180 días desde el 21 de febrero de 2021 para evitar “la movilización, traslado y/o la aglomeración de personas”. Una resolución firmada en septiembre pasado que implicaba que el mapa sindical actual quedaría congelado hasta el 27 de agosto. Es decir, hasta septiembre del año próximo.

¿La nueva resolución que dispondrá Trabajo implicará que se anticipe también el congreso de la CGT para renovar sus autoridades? “Es distinta la arquitectura jurídica”, responden cerca de Moroni. La actual conducción tiene el mandato vencido desde agosto pasado y hasta ahora se encaminaba a aprovechar la prórroga oficial hasta septiembre.

De eso también se hablará esta tarde, siempre que el intenso debate sobre la realidad socioeconómica que se prevé les deje algo de tiempo a los sindicalistas para abordar temas que hoy parecen de ciencia ficción. ¿Cómo pensar en la próxima CGT si la actual tiene semejantes problemas para definir una postura ante el Gobierno?

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