El Gobierno apuesta a cerrar un consenso fiscal con las provincias para reactivar la economía en la post pandemia

En una medida de claro corte político destinada a aliviar la situación de las provincias con vistas a la post pandemia, el Gobierno empezó a negociar con los gobernadores un nuevo consenso fiscal que plantea sustancialmente tres ejes: la posibilidad de que los mandatarios tomen deudas en pesos, redefinan sus esquemas impositivos y resignen la idea de litigar contra la Casa Rosada.

Todo este paquete forma parte del consenso fiscal que el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo de Pedro y el ministro de Economía, Martín Guzmán, empezó a discutir en reserva con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para otorgarles a estos distritos “herramientas de autonomía fiscal que tendrán resultados en la recaudación”, según los borradores de los documentos que empezaron a intercambiar.

Según explicaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, por instrucciones directas de De Pedro avanzó en un esquema de diálogo con los ministros de Economía de las provincias que busca aliviar la situación financiera de muchos gobernadores acorralados económicamente por la crisis del COVID-19 y con niveles de una caída de la recaudación que en algunos casos llegan hasta el 50% en el último trimestre.

En este contexto de fragilidad económica y social, el Gobierno plantea esta discusión de un nuevo consenso fiscal que contemplará un punto en el que la Casa Rosada se mantiene firme: el referido al límite para el endeudamiento en dólares de las provincias.

“Es un mecanismo para evitar que se repitan errores del pasado que condujeron a muchas provincias a contraer deudas inviables y es un punto en el que no hay espacio para ceder”, explicó a Infobae un allegado al ministro del Interior. Es decir, que el Gobierno no quiere complicar a las provincias como, entiende, ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri en que los gobernadores quedaron atrapados en millonarias deudas en dólares.

Así, tanto en Interior como en Economía coinciden en que se quiere dar un debate hacia el futuro sobre el “endeudamiento responsable”.

Desde esta lógica, la administración de Alberto Fernández entiende que durante el pago del gobierno macrista a los holdouts el grueso de las provincias se vieron virtualmente forzados a recurrir al endeudamiento externo y tomaron más de USD 12.000 millones, que los puso en jaque con el default y que con la pandemia de coronavirus se agravó su situación.

Para los funcionarios de Interior, en la gestión anterior se “indujo” a muchas provincias a que salgan a endeudarse en dólares. Y ese endeudamiento se hizo a un tipo de cambio que, obviamente, luego pegó un salto. Ese salto –explican- lo que hizo es que, efectivamente, las provincias tuviesen que devaluar y disponer del doble de recursos para poder afrontar los servicios de deuda que tenían. Ya fueran intereses o el vencimiento del stock.

Hubo algunos gobernadores que no se endeudaron en dólares, como fue el caso de Santa Cruz con Alicia Kirchner. En cambio, las otras provincias lo que lograron con el endeudamiento fue deteriorar el uso de su presupuesto en la asignación de los servicios básicos.

La letra chica

De todas maneras, el consenso fiscal por ahora se encuentra en pleno borrador y además de prohibir el endeudamiento de las provincias en dólares contempla una cláusula que exigiría a los gobernadores evitar una futura presentación judicial contra la Nación, como ocurrió recientemente con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien llevó a la Corte Suprema un reclamo por una quita de la coparticipación federal que le aplicó el Gobierno en medio de la pandemia.

También en las negociaciones que lleva adelante Batakis con las provincias está prevista una posibilidad de que los gobernadores dispongan de eventuales modificaciones en el esquema impositivo local. En el caso de alcanzar un acuerdo, en este punto las provincias verían acomodar sus arcas que hoy están en rojo en algunos casos. “Se les dará también una línea de ayuda fiscal de 70.000 millones de pesos y herramientas para que vuelvan a redefinir sus impuestos”, dijo un funcionario del Gobierno sobre este tema.

Según un informe de la consultora Aerarium que se basó en datos oficiales del Ministerio de Economía, en lo que va del año la mayor parte de las provincias se encuentran con problemas para afrontar el gasto en sus distritos con la excepción de algunas como Córdoba, Santa Fe, Misiones y Salta.

A la vez, el mismo relevamiento sostiene que el stock de la deuda de las provincias hoy es de 1.637.000 millones de pesos y las más afectadas por ello son Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut, Chaco y Jujuy.

En materia de ese “endeudamiento responsable” que busca acordar la Casa Rosada con los gobernadores con vistas a la post pandemia se plantea que:

1- Las provincias y la CABA no podrán incrementar el stock de deuda nominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, quedarían exceptuados de este esquema aquellos gobernadores que tengan líneas de crédito con organismos multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que otorguen financiamiento de largo plazo con características similares en términos de repago y de destino de los fondos.

Al mismo tiempo, se los exceptuaría si los desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31/12/2020, cuyos montos o saldo se encuentren detallados en la normativa correspondiente.

“Los incrementos de stock generados por las operaciones que directa o indirectamente impliquen administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y/o amortizaciones de capital de títulos públicos emitidos con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 también quedarán exceptuados de contraer deudas en moneda extranjera”, dice el borrador que empezó a circular en las provincias por orden de la Casa Rosada.

También se está negociando si en estas excepciones entran las operaciones de emisión de Títulos, Letras y Bonos en moneda nacional de las provincias y la CABA, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura.

No está definido aún si, como se hizo durante la gestión de Macri, los gobernadores estarán limitados en la contracción de deudas. Durante la administración anterior se fijó que los gobernadores no podían endeudarse más allá del 15% del gasto corriente de cada presupuesto provincial.

Todo esto formará parte del debate final del consenso fiscal que el Gobierno busca cerrar antes de fin de año con las provincias para empezar el 2021 con un horizonte más claro en materia de gastos y de manejo de cuentas para un año donde el mayor desafío será salir de la pandemia, reactivar la economía y mantener a los sectores vulnerables.

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