El proyecto de Economía del Conocimiento avanza en la Cámara de Diputados y será convertido en ley esta semana

Cinco días después de que el Senado votara con modificaciones el “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, la Cámara de Diputados sesionará para convertir ese proyecto en ley. Este martes además habrá un plenario de las comisiones de Comunicaciones, que preside el peronista Pablo Carro, y Presupuesto, que preside Carlos Heller, para dictaminar. Los diputados del Frente de Todos aceptarán los cambios introducidos en la Cámara alta y no insistirán en su texto original que fue votado en el mes de junio y se demoró tres meses. Será la primera vez que en el marco de la pandemia una ley es modificada por la cámara revisora y vuelta a girar a la cámara de origen.

Justamente en la tarde de este lunes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expuso ante la comisión de Presupuesto para defender la “ley de leyes”. El radical Luis Pastori le preguntó al ministro si estaba de acuerdo con los cambios que le introdujo el Senado al proyecto que modifica la Ley 27.506 para la economía del conocimiento. “No se ve afectado en absoluto el espíritu de la norma. Es el mismo que se discutió en 2019 y que se discute en 2020: generar un paquete de ayuda y de estímulo para el desarrollo de una actividad central para el presente y el futuro de la Argentina”, contestó el ministro que había trabajado con diputados del oficialismo y la oposición en la iniciativa para llegar a un texto consensuado.

Según fuentes parlamentarias el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya envió una nota a todos los jefes de bloques informando del temario. En el orden del día, propuso la Ley de Economía del Conocimiento; la ley de autorización al Estado Argentino para contratar las vacunas contra el Covid-19 y la única ley que no pudo tratarse en la última sesión cuando por el escándalo protagonizado por el diputado salteño Juan Ameri, a las 4 de la madrugada se levantó la sesión sin tratar la Ley de Fonoaudiología.

En aquella sesión Massa ordenó al equipo técnico cortar la transmisión de Ameri a quien se vio en pantalla besando un seno de su mujer. El presidente de la Cámara informó a sus pares la situación y propuso una sanción y la conformación de una comisión que analizara su expulsión. Hubo presiones de Massa y del bloque oficialista y pasada la medianoche Ameri terminó enviando su renuncia. Este miércoles jurará en su lugar la antropóloga Alcira Figueroa que fue muy crítica con su antecesor sobre cuya conducta, contó, recibió muchas denuncias.

Por tratarse de temas de consenso, la sesión será mixta, con algunos diputados (unos 45) presentes en el recinto y el resto conectados a distancia. Se presentará además el dictamen de la comisión conformada en base al artículo 188 e integrada por Cecilia Moreau, Cecilia Alvarez Rodríguez, Miguel Bazze, Silvia Lospenatto y Romina del Plá respecto a Ameri. Si bien muchos diputados preferían expulsarlo para que la sanción sea ejemplificadora, los diputados aceptaron su renuncia en la misma sesión del escándalo para terminar con la cuestión rápidamente. Por eso la importancia de la fuerte declaración que votará la cámara en su contra.

El único escollo para el tratamiento de la ley de Economía del Conocimiento es que en el Senado lo votó el Frente de Todos sin la presencia de los senadores de Juntos por el Cambio. Las ausencias no serían un problema pero sucede que la principal oposición considera inválido el protocolo de sesiones remotas que votó el peronismo con mayoría simple y no especial. Por eso presentaron un amparo judicial y desconocen los dictámenes de comisión y las votaciones en las sesiones.

Los diputados de Juntos por el Cambio están frente a una encrucijada y analizarían este martes la estrategia, además de las modificaciones incorporadas por los senadores del oficialismo. La ley anterior, suspendida en el marco de la ley de Emergencia Económica, fue impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y también votada por amplio consenso. Fue precisamente ese interbloque el que insistió este año con la ley que esta semana podría, finalmente, quedar sancionada.

El régimen tendrá vigencia desde el primero de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2029. Fija beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas cuando el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas. A diferencia del texto original, la ayuda es progresiva y con mayores beneficios para las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo se reduce Ganancias en forma segmentada: 60% para las micro y pequeñas empresas; 40% para las medianas, y 20% para las grandes.

Entre otros puntos, las empresas que accedan al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales abonadas. El texto original permitía que se transfirieran. El nuevo texto establece puntualmente que el bono será intransferible y que pueda utilizarse en el transcurso de dos años, con posibilidades de una prórroga por otros 12 meses. Servirá para cancelar tributos nacionales pero no para el impuesto a las Ganancias.

El bono subirá a un 80% para aquellas empresas que sumen mujeres y personas trans; también profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y además a personas que hayan sido beneficiarias de planes sociales. Habrá controles para que efectivamente así sea y para que se cumpla el objetivo de la ley que es generar empleo.

Otro de los temas del orden del día, según un compromiso previo entre todas las bancadas, es la ley que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología uniforma criterios para su labor, matriculación, alcances profesionales, le da autonomía a los profesionales, entre otros cambios para una carrera que hasta ahora es considerada como auxiliar de la medicina.

La semana pasada hubo dictamen en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a favor del proyecto de ley que establece reglas sobre la compra de las vacunas contra el Covid-19. Fue votado por unanimidad.

A pedido del Ministerio de Salud de la Nación los diputados trabajaron en un texto que declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”. Se facultará al Ministerio a incluir en los contratos y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas cláusulas que establezcan “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”. La ley señala también que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas”.

Por otra parte, fija que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público.

La ley es considerada necesaria por oficialismo y oposición también para establecer cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludido”.

Por otra parte se exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud. Por pedido del radicalismo la Auditoría General de la Nación y las comisiones de Salud de Diputados y Senado recibirán a futuro los contratos para analizarlos.