La advertencia de ADEPA: “La libertad de prensa requiere fortaleza institucional”

En la presentación del informe semestral alertaron, además, sobre la sustentabilidad del periodismo: “No es posible sin un sólido andamiaje institucional y económico”

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Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de Adepa
Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de Adepa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió su informe semestral de Libertad de Prensa durante su 58a Asamblea anual, que se realizó ayer en formato virtual, y advirtió que la sustentabilidad del periodismo “no es posible sin un sólido andamiaje institucional y económico, que ha sido afectado por la pandemia a nivel global”.

En la Argentina, fragilidades preexistentes y decisiones recientes socavan aún más las bases en las que se apoya una prensa libre y dinámica”, señaló Adepa en su informe. El documento se aprobó por unanimidad.

Como sostenía Gregorio Badeni, sin independencia de poderes y un ámbito propicio para el desarrollo empresarial, la libertad de prensa es un concepto abstracto. Más aún, la autonomía de la prensa y la independencia de la Justicia son indicadores de la propia salud de la República”, expresó Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de Adepa, durante la lectura del informe ante directivos y representantes de medios de todo el país.

En tal sentido, el directivo aseguró que se viven “tiempos complejos” que requieren cuidados especiales. “Las tensiones, urgencias y expectativas se multiplican en nuestra sociedad. También crece el riesgo de deteriorar severamente el clima que requiere la discusión pública para afrontar sus retos y resolver sus problemas. Existe una responsabilidad primaria de los gobiernos, a nivel nacional y local, en la preservación de ese clima. Pero el resto de los sectores de cada comunidad deben contribuir al intercambio de ideas y la búsqueda de consensos, evitando que los argumentos sean reemplazados por descalificaciones o las razones por violencia”, enfatizó.

Adepa hizo un reconocimiento especial a los periodistas de todo el país que continuaron desempeñando sus tareas como trabajadores esenciales durante la pandemia. “Nuestra capacidad para preservar las libertades se pone a prueba en estos tiempos de pandemia. Atravesamos una coyuntura en la que la cooperación y los consensos necesarios para afrontar el desafío presuponen información adecuada y compartida. Por lo tanto, la tarea de difundirla, como la de chequearla, contextualizarla, jerarquizarla, interpretarla y discutirla, redoblan su valor estratégico. También se redoblan las dificultades para llevar a cabo ese trabajo. Los medios y los periodistas deben reflejar y analizar la crisis del Covid-19 mientras la sufren”, puntualizó Dessein.

Adepa también se refirió a las situaciones de riesgo para el ejercicio de la profesión periodística que aparecieron durante la pandemia. “El respeto por el trabajo periodístico, reconociendo los derechos que implica y preservando las condiciones necesarias para su desenvolvimiento, es una premisa ineludible para resguardar el vigor y la amplitud del debate que nutre a toda democracia. Las muestras de intolerancia contra la prensa y la crítica encienden las primeras señales de alarma para el mantenimiento de los acuerdos básicos que sostienen nuestra convivencia”, afirmó el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

La 58a Asamblea anual de la entidad se realizó de forma remota
La 58a Asamblea anual de la entidad se realizó de forma remota

El informe detalló algunos casos concretos en el que se puso en evidencia el enrarecimiento del clima en el debate público en nuestro país: amenazas, declaraciones destempladas y señalamientos estigmatizantes estimulan el conflicto y la autocensura.

También se mencionó la abortada cláusula contra la prensa, impulsada por el senador Oscar Parrilli en el debate sobre la reforma judicial: “Se trató de una disposición ambigua, que actuaba como una amenaza indefinida para la labor periodística, cuya justificación implícita se apoyaba en la teoría del Lawfare, que plantea una supuesta connivencia entre sectores de la política, la Justicia y los medios”, dijo Dessein.

Un párrafo aparte merecieron los abusos contra la labor periodística en la implementación de protocolos sanitarios o excesos en el intento de resguardar la salud pública con improcedentes medidas de ciberpatrullaje o el impulso de normas contra la desinformación que atropellan la libertad de expresión.

En junio, el periodista chaqueño Gustavo Romero sufrió un allanamiento de Gendarmería Nacional con el propósito de verificar si era de su autoría una publicación sobre casos de coronavirus en su provincia. En julio, efectivos de la Policía de Santiago del Estero retuvieron sin causa al periodista cordobés Gabriel Varela y luego lo escoltaron hasta el límite de la provincia, bajo el pretexto del estricto cumplimiento de los protocolos de emergencia por el Covid-19.

Por último, en agosto, entró en vigencia en Tucumán una ley sancionada por la Legislatura provincial que pena con multa o arresto de hasta 10 días a quien difunda “por redes sociales noticias que resulten total o parcialmente falsas”. “Esta ley resulta incompatible con normas constitucionales y con estándares internacionales que protegen a la libertad de expresión en el sistema constitucional argentino”, afirmó Dessein.

El informe de Adepa también reflexionó sobre los avances en el debate público en relación con la regulación de las plataformas. “Países como Australia o los que integran la Unión Europea han sancionado directivas, leyes y reglamentaciones que protegen los derechos de autor en el mundo digital. Grandes empresas tecnológicas han aceptado la necesidad de regulaciones en ciertos ámbitos y en algunos casos avanzan con acuerdos con medios para remunerarlos por sus contenidos”, señaló.

Las regulaciones no deben cercenar la libertad de expresión ni, en particular, inmiscuirse con los contenidos. Esto es algo que ocurre con lo dispuesto por el reciente decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo nacional, que declara servicios públicos, entre otras cosas, a la televisión por cable, una norma que no registra antecedentes en el mundo libre. Los avances legislativos en distintos países, el reconocimiento de los derechos de la industria periodística y la profundidad que adquiere la discusión pública sobre estas cuestiones abren un horizonte indispensable para la sustentabilidad del periodismo”, especificó Dessein.

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