Germán Castelli, uno de los magistrados desplazados por el Gobierno: “Es un escándalo regional porque se viola el principio de independencia y estabilidad de los jueces”

Debía juzgar a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, pero el viernes fue removido del Tribunal Oral Federal N°7. A la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva su situación denunció que “se tomó un atajo ilegal de prepotencia institucional coordinada”

Germán Castelli en TN

Germán Castelli, uno de los tres magistrados desplazados por el Gobierno, quien debía juzgar a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, manifestó que se trata de “un escándalo regional porque se viola el principio de independencia y estabilidad de los jueces”.

A la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el pedido de per saltum que realizó al igual que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, Castelli cuestionó el procedimiento por el cual se llevaron adelante los traslados.

En diálogo con TN, explicó que la decisión es “arbitraria” ya que “para elegir un juez el procedimiento por regla es el del concurso, la intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero existe un mecanismo excepcional de traslados que ha existido siempre; yo fui nombrado en el año 2011 en el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín y en el 2012 y 2014, sin saber que todo esto iba a pasar, había pedido por escrito mi traslado a los tribunales orales de Buenos Aires con cita de un antecedente que había firmado la entonces presidente Fernández de Kirchner; finalmente en el 2018 se produce mi traslado al Tribunal Oral Federal N°7”, recordó.

Sin embargo, “en el 2019, ya con intervención del Consejo de la Magistratura se reforma ese régimen de traslado con requisitos más estrictos y una interpretación distinta la de los predecesores”. Para Castelli, el Consejo de la Magistratura se tendría que haber presentado ante la Justicia y plantear que su traslado “estaba mal hecho”, pero “en lugar de eso optaron por un atajo ilegal, valiéndose del poder que tienen”. “En el fondo se pretende aplicarme retroactivamente la reforma de 2019 con prepotencia institucional", analizó.

Al respecto del cuestionamiento sobre su nombramiento, Castelli manifestó que “no fue invitado” a hacer su descargo: “Me enteré por los medios”. “Hice una presentación por escrito con argumentos jurídicos e igualmente emitieron la resolución contra viento y marea”, sin embargo “el Consejo de la Magistratura pasó por alto todo esto y comunicó al Poder Ejecutivo, el mismo Poder Ejecutivo que había iniciado a través de su representante el trámite de esta remoción ilegal”.

Los jueces de la Corte Suprema (Nicolás Aboaf)
Los jueces de la Corte Suprema (Nicolás Aboaf)

En ese sentido Castelli hizo hincapié en que Alberto Fernández “se ha pronunciado por la inocencia de su compañera de fórmula en los procesos que registra, alguno de ellos que están radicados en el Tribunal Oral N° 7, donde fui destituido el viernes pero donde siento que soy titular hasta que la Corte se pronuncie”.

“La consecuencia de esa maniobra que yo denuncio como ilegal es que dejo de ser el juez natural del sorteo, lo cual es un escándalo regional, ni siquiera nacional, porque se viola el principio de independencia y estabilidad de los jueces”, cuestionó el magistrado quien insistió en que “se tomó un atajo ilegal de prepotencia institucional coordinada”.

Consultado sobre cómo supone que resolverá el máximo tribunal su pedido de per saltum en el que se alega “la notoria gravedad institucional del caso”, Castelli manifestó que no puede con su “optimismo”, aunque “confía” que “la Corte va a fallar y causará toda legalidad”. “Hace rato que venimos pidiendo la urgencia del pronunciamiento porque es claro que esta prepotencia institucional tiene por objeto mi desplazamiento inmediato. He sido removido del lugar donde soy juez natural, del que la sociedad tienen expectativa que los juicios tengan juicios justos y no por personas puestas a dedo”.

Con respecto a la causa de los cuadernos que investiga hechos presuntamente cometidos por Cristina Kirchner cuando era presidenta, denunció falta de recursos para que se avance con la causa. “Se necesita gente jerarquizada, pedimos 9 personas, y espacio físico para poner un equipo a trabajar exclusivamente. Cuando es tan voluminosa y compleja la causa requiere con detenimiento un trabajo profesional para ser eficaz”, explicó. No obstante, aclaró que “hace un año que la estamos llevando, pero es muy dificultoso avanzar en una causa de esta naturaleza. Es una gran responsabilidad para los jueces llevar adelante un proceso donde la persona imputada ha sido presidente", declaró.

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