El Gobierno pondrá en marcha un plan integral de seguridad frente al crecimiento del delito

No sólo los crecientes de contagios de COVID-19 o las cifras poco alentadoras de la economía desvelan al Gobierno. Bajo aquella frase que pronunció días atrás Alberto Fernández del “vamos a dar batalla contra la inseguridad, no queremos hacernos los distraídos”, se esconde una preocupación latente del aumento de robos violentos en medio de la pandemia a lo largo de los grandes centros urbanos de la Argentina.

Los últimos datos oficiales que maneja el Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic explican la alarma: en junio se registró un aumento del 30% en los robos con respecto a mayo. Este incremento de robos, que en su mayoría son violentos, está muy lejos de aquella idea de la ministra de Seguridad de que en la Argentina “no hay muchos robos ya que son los medios los que los visibilizan”.

En los últimos meses, con una cuarentena que afecta económicamente cada vez más a un amplio sector de la población, varios gobernadores oficialistas y opositores, más un grupo de intendentes del conurbano le trasladaron al Presidente este preocupante panorama de inseguridad. Y es bajo este panorama alarmante que desde mañana y hasta el jueves el Gobierno se encargará de lanzar un paquete de medidas tendientes a dar respuesta a la inseguridad.

Por lo pronto, para atenuar el impacto de los datos de estos últimos meses que muestran un incremento de los delitos, Frederic presentará mañana el informe 2019 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que muestra sólo los datos del año pasado. Se trata de una muestra con la cuantificación, organización y sistematización de más de un millón y medio de datos referidos a delitos y presuntos delitos. Este informe se elabora desde la Dirección Nacional de Estadística Criminal con los datos que envían las policías de todas las provincias así como los registrados por las fuerzas federales.

Según deslizaron a Infobae en la Casa Rosada, en ese informe se darán a conocer datos del año pasado en su mayoría, aunque podría arrojar también una comparación con los primeros meses de este año. Así, se supo que en el comparativo enero-mayo 2020 contra 2019 bajó un 5% la tasa de homicidios y un 26% los robos. El comparativo enero-junio 2020 contra el de 2019 bajó un 2% los homicidios y 26.8% los robos. Pero el dato más significativo es ese incremento del 30% de los robos que hubo entre mayo y junio pasado.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra Frederic junto con el Consejo de Seguridad Interior vienen preparando desde hace un tiempo un paquete de medidas de prevención y reducción del delito que se darán a conocer a partir de esta semana.

“Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de sostener y promover políticas locales y federales en materia de seguridad y de capacitación de las fuerzas de modo de brindar mayor cuidado, asistencia y respuesta a la población”, expresó la Casa Rosada esta semana por medio de un comunicado después de la reunión de Frederic y Cafiero.

A la vez, el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad dialogaron sobre “la situación actual del delito” a la luz de los ciclos marcados por la emergencia sanitaria generada por la pandemia y el impacto que ha tenido el aislamiento obligatorio en materia de delitos.

Según confiaron a Infobae funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete, gobernadores e intendentes, en el paquete de medidas para atenuar el incremento de la inseguridad que prepara el Gobierno se cuenta el siguiente menú:

Despliegue Rápido de Fuerzas. El Ministerio a cargo de Frederic reforzará el plan de despliegue rápido de las fuerzas federales en el territorio nacional. Esto tiene que ver con la idea de hacer un plan “más efectivo y estable” desde la Nación en su vínculo con las provincias para el envío de patrullajes, operativos de refuerzo y dinámicos, la coordinación con autoridades locales y las articulaciones que se vienen promoviendo por indicación del Presidente para alentar políticas de federalización en materia de seguridad.

Esto se dará sustancialmente en el conurbano bonaerense, aunque en varias provincias también estará desplegado en los grandes centros urbanos como Rosario, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, Córdoba Capital o Mendoza, donde el delito también presentó incrementos preocupantes en los últimos meses.

Programa multicausal. En el equipo de Frederic conformado sustancialmente por Gabriel Fucks, Eduardo Villalba y Silvia La Ruffa se habla de la idea de un “plan multicausal” donde la erradicación del delito no está acotada a la presencia de fuerzas de seguridad en los barrios sino que le imponen una mirada más integral. Así, se menciona la idea de avanzar hacia políticas sociales de prevención de los delitos, atención de jóvenes con adicciones, planes de seguimiento post penitenciario, un incremento de juzgados federales y la inclusión de tecnología para la investigación criminal.

“Si el tema sólo fuera tener más policías en la calle sería más fácil frenar el delito. Pero la prueba está que en ciudades como Buenos Aires donde hay 700 policías cada 100.000 habitantes no se disminuyó el delito”, expresó a Infobae un allegado a la ministra Fredric. El ratio promedio de policías que da Naciones Unidas es el de 370 cada 100.000 y en la Argentina hay varias ciudades que supera ese ratio.

El conurbano bonaerense. Por pedido de los intendentes del conurbano y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el Presidente presentará el jueves un ambicioso plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires que contempla el giro de un fondo inicial de $12.000 millones para la compra de equipamientos, el incremento de efectivos policiales y obras en cárceles o comisarías.

Esto se discutió el lunes pasado en un almuerzo que compartió el Presidente con Kicillof, un grupo de intendentes del conurbano, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Este programa en su totalidad consiste el giro de $20.000 millones para el Gran Buenos Aires. Así, se reforzará el plan “Centinela 2″ con 4.000 gendarmes distribuidos en el conurbano, se usarán $10.000 millones para comprar 2.000 patrulleros, el incremento de 10.000 efectivos de la policía bonaerense que hoy cuenta con 94.000 hombres y la construcción de 3.000 “paradas seguras”. Se trata de paradas con botones de pánico y cámaras de seguridad distribuidas en unos 40 municipios del conurbano.

Por otra parte el Presidente dio la orden de desplegar un programa de obras para la refacción de unas 100 comisarías y la construcción de 6 nuevas cárceles.

Los fondos de $20.000 millones globales que se destinarán a este programa saldrán de una redistribución de partidas de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Seguridad.

La idea de Alberto Fernández es trasladar este programa a otras provincias con una nueva partida de fondos pero con la misma lógica de reequipamiento, compra de patrulleros y mayor cantidad de efectivos.

En el territorio bonaerense este plan para reducir el delito ya generó un fuerte tironeo entre los intendentes, Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. El funcionario no sólo no fue invitado a esa reunión en la quinta de Olivos donde se definió todo, sino que en el manejo de estos fondos quedará relegado. Y los intendentes que tendrán el manejo de dinero para la compra de tecnología o incorporación de policías comunales quieren llevarse la mayor tajada.

Toma de tierras. En los últimos meses se vio también un grave problema que creció al ritmo de la pandemia. En varios puntos del país se está observando la toma de tierras privadas o fiscales. En el Ministerio de Seguridad ya empezaron a trabajar en la denominada “Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos” que integran Seguridad, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Ambiente.

El caso reciente de tomas de tierras en Villa Mascardi, cerca de Bariloche desató un conflicto nuevo para el Gobierno. Es que allí se enfrentan los grupos mapuches que reclaman la posesión de la tierra con sectores de la comunidad que incitan a marchar armados en protesta de esas tomas de tierras. Una situación similar se está viviendo en la localidad chubutense de El Bolsón donde un grupo de unas 130 familias tomaron tierras del INTA.

En el Ministerio de Seguridad están muy preocupados con este tema y llamaron a los gobernadores de distintas provincias para resolver el tema. En la provincia de Buenos Aires también creció sustancialmente esta ocupación de tierras, aunque en el gobierno nacional lo atribuyen a una ley que impulso el mismo Kicillof este año y que suspendió hasta el 30 de septiembre las ejecuciones judiciales o extrajudiciales. Esto generó una toma de tierras en masa para evitar antes de esa fecha los desalojos y ejecuciones hipotecarias.

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