Por qué la CGT no consigue convertirse en el máximo interlocutor sindical de Alberto Fernández

El 8 de noviembre pasado, Alberto Fernández visitó el edificio de la CGT y les dijo a sus dirigentes: “Van a ser parte del Gobierno desde el 10 de diciembre”. Nueve meses después de esa promesa, la central obrera no es parte del Gobierno, sus integrantes se quejan puertas adentro de la indiferencia oficial y ni siquiera pueden lograr que el Presidente los reciba a solas en la Quinta de Olivos, con o sin barbijo, como consiguió el líder camionero Hugo Moyano, un archienemigo de la cúpula cegetista.

¿Por qué la CGT no forma parte del andamiaje de poder que estructuró el primer mandatario? En primer lugar, esta central obrera ya no es la potente estructura de los años 60, 70, 80 o 90. No sólo porque en esta última versión no están algunos gremios clave cuya ausencia le quita peso a la vieja sigla del movimiento obrero, como Camioneros, los bancarios o los mecánicos de SMATA, entre otros.

Esta CGT, además, es reflejo de un momento en el que el sindicalismo está pasando por una fuerte crisis de representatividad. El 40% de trabajo informal que existe en la Argentina implica una enorme cantidad de trabajadores que también están fuera de la órbita sindical. Sólo para tener una idea de lo que representa el mundo de la informalidad laboral alcanza con un dato: son más de 11 millones de personas las que solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia desde que comenzó la cuarentena.

El otro problema que atraviesa el sindicalismo es el abismo que en muchas organizaciones separa a su conducción de las bases. El sistema de reelección perpetua garantiza la supervivencia política de muchos dirigentes durante dos o tres décadas, pero a veces ese mecanismo, que suele incluir fórmulas para marginar a los opositores, deriva en una burocratización que los aleja de los trabajadores.

Así, el modelo sindical argentino, que le otorga derechos exclusivos al gremio más representativo por rama de actividad, terminó desdibujado en la última década porque existen organizaciones que tienen la personería, que les permite firmar los convenios colectivos o administrar las obras sociales, aunque los que pisan fuerte son sindicatos que tienen menos derechos (simple inscripción) pero con mayor legitimidad entre las bases, a los que resulta imposible desconocer desde el poder si se quiere rubricar acuerdos que sean efectivos.

Es lo que sucede en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por ejemplo, que retiene la personería de los choferes de colectivos y de los empleados de los subtes, aunque en este último caso hace años irrumpieron con fuerza los metrodelegados, con mucha inserción entre los trabajadores del sector y a quienes empresarios y funcionarios deben sumar a toda negociación para que se pueda efectivizar.

Alberto Fernández conoce este mundo sindical, en el que predomina la atomización y la falta de representatividad, y por eso decidió repartir sus gestos de apoyo entre distintos dirigentes y corrientes internas. Una búsqueda de equilibrio que puede conformar a algunos sindicalistas, pero que pone en crisis la tradicional idea de monopolizar la relación con el Gobierno por parte de quienes manejan hoy la CGT.

El realismo del Presidente lo llevó a privilegiar su relación personal con el cotitular cegetista Héctor Daer, a quien lo sentó el 9 de Julio en aquella famosa foto con empresarios del Grupo de los Seis en la Quinta de Olivos, y también a calificar de “ejemplar” a Hugo Moyano o a invitar al líder camionero y a su familia a una reunión privada (sin respetar la distancia social) a la que ningún otro sindicalista ha tenido acceso.

A la vez, Alberto Fernández parece tratar de congraciarse con Cristina Kirchner a través de su presencia en un plenario virtual de la CTA de los Trabajadores, que dirige el diputado K Hugo Yasky.

Y la semana pasada, al inaugurar la estación de trenes de Villa Rosa, posó para las fotos al lado de los dirigentes de otros sectores internos como Omar Maturano (La Fraternidad) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria). Ambos forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), un decisivo factor de poder sindical porque allí se agrupan quienes pueden paralizar los trenes, colectivos, aviones y barcos. Sasia, además, pilotea el SEMUN (Sindicatos En Marcha para la Unidad Nacional), que nuclea a unos 30 organizaciones y que comenzó a tener una agenda propia para terciar en la pelea de la nueva CGT.

Para quienes lo conocen desde hace años, el Presidente es un equilibrista del poder porque nunca ha tenido una fuerza propia. En la política, descentralizar sus respaldos le puede sumar valor, pero para el sindicalismo, que exige una alfombra roja exclusiva para acceder a los máximos niveles de decisión, suena a desplante.

Es la sensación que tienen los dirigentes que manejan la central obrera, una confluencia entre “los Gordos” (Daer, de Sanidad, y Armando Cavalieri, de Comercio) y los “independientes” (Gerardo Martínez, de la UOCRA; Andrés Rodríguez, de UPCN, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias), a los que se suman el barrionuevista Carlos Acuña (el otro cotitular) y autónomos como Antonio Caló, de la UOM.

Son los mismos dirigentes a los que mira con recelo Cristina Kirchner desde que era presidenta de la Nación, otra explicación de por qué a la CGT se le cierran algunos circuitos en lo más alto del poder político.

La cúpula cegetista mantiene una fluida relación con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y tantos unos como otros han sido objeto de críticas públicas por parte de Máximo Kirchner en el recinto de la Cámara de Diputados y son el blanco perfecto -según se quejan de manera reservada- de una ofensiva del ultrakirchnerismo contra el titular de la cartera laboral para ubicar allí a Mariano Recalde.

La CGT, mientras, sigue esperando señales que no llegan por parte del Gobierno. Aún no logró conmover al Presidente con sus insistentes pedidos de que se forme un comité postpandemia con los empresarios para definir la reactivación económica. Tampoco se cumplió la promesa de Moroni de que sería convocada para sumarse a una reunión del gabinete socioeconómico. El Consejo Económico y Social nunca se concreta. Y en la Casa Rosada agitan el anuncio de 60 medidas que la dirigencia cegetista no sabe de qué se tratan.

En privado, algunos dirigentes sindicales se jactan de que les resulta más efectivo estar afuera que adentro de la CGT: mientras los dirigentes de la central obrera no consiguen que los funcionarios les contesten los celulares, otros logran acceso rápido y directo con los ministros del gabinete nacional o provincial.

Esta misma central obrera que iba a ser parte del Gobierno tampoco logró la designación de ningún representante en la grilla principal de funcionarios de la administración Fernández. El sindicalismo apenas logró algunos cargos menores en el Ministerio de Trabajo (que beneficiaron a Comercio y al Sindicato de Peones de Taxis) o en Transporte (donde se ubicaron los ferroviarios y el moyanismo). Una postal demasiado módica en comparación con aquel gremialismo todopoderoso durante el reinado de Lorenzo Miguel.

Mientras tanto, los dirigentes sindicales tuvieron que digerir el nombramiento de representantes de los movimientos sociales en el Gobierno. Fernando Navarro, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez y Rafael Klejzer son algunos de los dirigentes sociales con cargos en el Ministerio de Desarrollo Social.

El líder de los bancarios, Sergio Palazzo, dijo que “el problema para encontrar la unidad sindical es que la CGT no tiene un proyecto”. No es el único que opina que por eso la central obrera pasó de difundir sus coincidencias con los dueños de las grandes de empresas agrupadas en AEA a buscar en una alianza con los movimientos sociales, casi sin escalas. Durante la gestión de Saúl Ubaldini al frente de la CGT, recuerdan los memoriosos, los dirigentes enarbolaban el “documento de 26 puntos”, una plataforma de ideas socioeconómicas que les sirvió como base para discutir con los gobiernos de Alfonsín o de Menem.

Hoy, la conducción de la central obrera continúa esperando gestos de Alberto Fernández aunque intuye que nunca llegarán y le resulta imposible mostrarle los dientes ante su indiferencia: necesita como nunca de la ayuda del Estado para superar el rojo de las cuentas del aparato sindical. Por eso a veces la CGT se parece a un grupo de presión, como lo fue en el pasado, que se quedó sin capacidad para presionar.

¿Qué CGT se perfila para cuando se renueven sus autoridades, en 2021? Hay un debate todavía pendiente entre los sindicalistas. Algunos preferirían una central que sostenga un alineamiento automático al Gobierno. Otros, dotarla de una mayor autonomía aun dentro de una orientación oficialista.

Por ahora, hay pulseada de nombres más que de proyectos, aunque esta semana se sumó un dato novedoso para lo que viene. Porque la flamante alianza de la CGT con los movimientos sociales adquiere una dimensión inquietante para la Casa Rosada: la capacidad de movilización que tendrían en conjunto convertiría a estos actores en un polo de poder que Alberto Fernández no podría desatender.

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