El Consejo de la Magistratura pidió que se rechace el amparo que presentaron los dos camaristas que busca remover el Gobierno

El Consejo de la Magistratura de la Nación pidió hoy que se rechace el amparo que los camaristas federales de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi presentaron en la justicia para cuestionar la decisión del organismo de revisar sus traslados a ese tribunal durante el gobierno de Mauricio Macri y que hoy está en el Senado de la Nación para su análisis.

El Consejo sostuvo en dos escritos que presentó ante la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti que tiene la facultad de analizar los traslados de jueces pero que la decisión final no es de ese organismo, sino del Poder Ejecutivo Nacional y del Senado. “Es necesario dejar en claro que todos los argumentos vertidos en la acción resultan aparentes o inconsistentes, caen por su propio peso, y denotan una severa confusión sobre las atribuciones de este Consejo”, sostuvieron los abogados del organismo en las presentaciones a las que accedió Infobae sobre el amparo de los camaristas.

En tanto, Bruglia y Bertuzzi también hicieron una presentación ante la jueza. Le informaron sobre la decisión del Senado de avanzar en la revisión de sus traslados a pesar de una medida precautelar de la magistrada que le había ordenado no hacerlo. Pero no pidieron ninguna acción sobre esa decisión. “Vamos a esperar a que resuelva el amparo”, dijeron allegados a los camaristas

La discusión es sobre 10 traslados que mayormente se hicieron durante el gobierno de Macri y que el oficialismo decidió revisar. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, sostuvo que esos 10 casos presentan irregularidades porque no cumplieron una serie de normas sobre los traslados. Y que todos no tuvieron el acuerdo del acuerdo del Senado, tal como marca la Constitución Nacional.

La oposición en el Consejo sostuvo lo contrario. Que los traslados cumplieron con las normas vigentes, que los jueces ya tienen derechos adquiridos, que el Consejo no puede intervenir y que en 2018 en una acordada la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los traslados que se dan entre tribunales federales -como son estos casos- no deben pasar por el Senado. El oficialismo hace otra interpretación de la acordada del máximo tribunal. Por siete votos contra seis, el Consejo aprobó la revisión de esos traslados a través de la resolución 183/2020.

Junto con Bruglia y Bertuzzi los otros jueces cuestionados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Bruglia y Bertuzzi integran la Cámara Federal de Comodoro Py, donde se revisan las causas de corrupción. Un lugar clave para la política. En tanto, Castelli es juez del Tribunal Oral Federal 7, donde se juzgan esos expedientes de corrupción. Ese tribunal tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El Consejo envió su resolución al Poder Ejecutivo que la remitió al Senado que fijó audiencia para el 4 de septiembre para escuchar a los jueces. Luego quedará en condiciones de resolver si aprueba o no los traslados. Para los que no los haga, los jueces deberán volver a su tribunal anterior.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentaron amparos contra el Consejo para que se declare inconstitucional su resolución. En el caso de Bruglia y Bertuzzi, la jueza Biotti le ordenó al Senado no avanzar con el trámite. Pero la Cámara Alta lo hizo igual al considerar que la magistrada se arrogaba una facultad que no le correspondía. “Hay un esquema de gravedad institucional, obviamente que hay una extralimitación por parte de la jueza al pretender ordenar al Senado que no dé tratamiento a las notas remitidas por el Poder Ejecutivo, avasallando nuestra potestad”, dijo José Mayans, jefe de la bancada K en el Senado.

Junto con la precautelar, la jueza Biotti le pidió al Consejo -demandado por Bruglia y Bertuzzi- que presenté dos informes. Uno para contestar una medida cautelar que pidieron los camaristas y otro sobre el fondo del reclamo. El Consejo lo hizo hoy, defendió su decisión y pidió que se rechace el amparo.

Los abogados del Consejo señalaron en sus respuestas que la demanda está “mal dirigida u orientada”. Afirmaron que el Consejo es una instancia que emite una opinión sobre los traslados y que la remite al Poder Ejecutivo donde puede ser compartida o no. En este caso lo fue. “En el marco de tal conjunción de hechos y responsabilidades públicas que los accionantes han presentado como una suerte de compartimento estanco, cuadra en esta última instancia volver sobre la absoluta ajenidad que presenta este Consejo respecto de la conducta que pudiera asumir el Poder Ejecutivo Nacional y eventualmente el Honorable Senado de la Nación en el marco de sus competencias”

“Al confundir las responsabilidades y potestades de los tres órganos, los presentantes dirigen gran parte de la acción contra un sujeto que se encuentra impedido de hacer o dejar de hacer las conductas conducentes para su pretensión cautelar y de fondo”, explicaron y agregaron que “desde el momento en que este Consejo efectúo la declaración plasmada en la resolución n° 183/2020, queda bien a las claras que la cuestión se ubica dentro de la esfera de competencias propias de otros Poderes del Estado, como lo son el Poder Ejecutivo Nacional y el Honorable Senado de la Nación”.

Con las respuestas, la jueza le pidió a la Fiscalía un dictamen sobre las presentaciones para luego resolver la medida cautelar y el amparo. “Si tiene los informes sobre los dos puntos puede resolver todo junto”, explicó una fuente que conoce el fuero contencioso administrativo federal.

Paralelamente se tramita el amparo que presentó el juez Castelli. En su caso todavía no se tomó ninguna determinación porque lo presentó después. El magistrado hizo ayer una presentación para que “de manera urgente” la jueza Macarena Marra Giménez resuelva las medidas precautelar y cautelar para suspender el trámite en el Senado de la revisión de su traslado. Lo hizo luego que el Poder Ejecutivo remitiera a la cámara alta su pliego.