Alberto Fernández pretende licuar el poder de Comodoro Py para crear la Justicia Penal Federal

El sistema penal federal de la Ciudad de Buenos Aires creado por el menemismo llega a su fin. La Reforma Judicial anunciada por Alberto Fernández propone terminar con los doce juzgados federales del edificio de Comodoro Py, como se los conoció desde mediados de la década de los 90.

En esos juzgados se investigan los casos de corrupción donde están involucrados los funcionarios de la administración central. Fue el fuero con mayor relación con el poder político. Con vasos comunicantes también con la estructura de inteligencia estatal. Así lo armó Carlos Menem. Néstor y Cristina Kirchner –hasta un año antes de irse- se valieron de esa relación. Y Mauricio Macri no modificó esa lógica y mantuvo el statu quo que el proyecto de reforma propone cambiar.

Alberto Fernández aseguró que el proyecto para licuar el poder de Comodoro Py tiene como uno de los fundamentos “consolidar una justicia independiente y que desarrolle los procesos con celeridad”. La intención presidencial es “mejorar la justicia federal” y evitar que “falle según el clima político en la modalidad que conocemos como justicia pendular”.

La licuación de los jueces federales se producirá con la fusión entre el fuero Criminal y Correccional Federal con el fuero en lo Penal Económico. Los doce juzgados federales se sumarán a los 11 Penal Económico. Y se transformarán en 46 juzgados que tendrán la suma de las competencias de ambos fueros.

Es decir que de ahora en más esos juzgados del fuero Penal Federal investigarán los delitos de corrupción, trata de personas, narcotráfico, contrabando y penal tributario que, hasta ahora, estaban divididos por fueros. Los juzgados federales están separados por apenas unas cuadras en la zona de Retiro. Mientras los más conocidos están en el edificio de Comodoro Py, los otros están en el edificio de Avenida de los Inmigrantes.

Los jueces que ocupan sus cargos en la actualidad seguirían en sus despachos y las causas ya iniciadas quedarán en los juzgados donde están radicadas. Pero las vacantes que serán creadas se ocuparán mediante un sistema de subrogancias. Serán convocados jueces de Instrucción que se anotarán ante la Cámara Nacional de Casación Penal que listará a los postulantes.

Esa nómina de candidatos pasará por el Consejo de la Magistratura-que deberá aprobar los nombres con 2/3 del plenario- y por el Senado para que respalde las designaciones. Aseguró Fernández que los concursos se harán de manera “transparente”.

El Presidente anunció que la Nación le transferirá a la Ciudad de Buenos Aires las competencias penales que aún faltan traspasar: es decir que en algún tiempo la justicia de Instrucción que ahora es nacional pasará a ser porteña. Y que se terminará de implementar el Código Procesal Federal que prevé el sistema acusatorio.

También adelantó que se fusionan los fueros Contencioso Administrativo Federal y el Civil y Comercial Federal. Dijo el Presidente que en esos fueros en la actualidad se realizan “planteos de competencia permanentes " en los que “se pierde mucho tiempo”.

Asimismo, Alberto Fernández reveló que su reforma recupera una idea planteada durante el gobierno de Macri: la división de los juzgados federales del interior que tienen competencia múltiple. Estos juzgados concentran la competencia penal con la civil y comercial, entre otros. Y la propuesta del macrismo, que retoma el Gobierno del Frente de Todos, prevé dividir en dos cada juzgado y que uno se quede con la competencia penal –narcotráfico, por ejemplo- y el otro con las otras competencias.

El anuncio de la Reforma Judicial tiene como trasfondo licuar el poder de Comodoro Py. Algo que Gustavo Beliz intentó hacer en 2004 y no pudo. Por aquel entonces prevaleció la idea de Néstor Kirchner de mantener el mismo statu quo que ahora Fernández propone cambiar.