Las claves políticas y jurídicas que explican la ofensiva del Gobierno sobre los 10 jueces que trasladó Macri

“¿A vos qué te parecería si en vez de abrir el concurso para que reemplacen a (Rodolfo) Canicoba Corral resolviéramos un traslado?”, le disparó un funcionario del Gobierno a un miembro de la oposición que integra el Consejo de la Magistratura de la Nación, en medio de la discusión política y jurídica detrás del apuro del oficialismo de revisar los traslados de una decena de jueces, la mayoría de concretadas durante el macrismo y en lugares claves para el poder.

Esa frase no fue una advertencia ni una invitación. Fue la manera que encontró el funcionario del Poder Ejecutivo para buscar convencer a su interlocutor de que lo que se quería era “ordenar” el problema de los traslados, un mecanismo que se “desordenó” durante la gestión de Mauricio Macri. En la oposición, sin embargo, ese argumento no alcanzó para bajar la guardia. Replicaron que el tema ya está ordenado y no hay nada que “revisar”, ya que fue una propia decisión que tomó el mismo Consejo.

La oposición considera que se trata de una jugada política que responde a un sólo nombre y apellido: Cristina Kirchner.

Hasta ahora, los cruces y discusiones se dan puertas adentro del Consejo. O en entrevistas periodísticas, en donde las lenguas se van afilando en vísperas del debate. Cada uno va fijando posición. Pero la discusión real, cara a cara, comenzará el jueves, a las 10 de la mañana, cuando se reúna la Comisión de Selección, que preside la diputada peronista Graciela Camaño, la figura clave en este escenario.

¿Por qué? Porque la comisión está integrada por ocho miembros: cuatro son del oficialismo -el juez Alberto Lugones, el académico Diego Molea, la diputada Vanesa Siley y el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz-; tres son de la oposición -el diputado Pablo Tonelli y los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta- y la octava es Camaño, un comodín. “No soy macrista ni kirchierista”, dijo ayer la diputada.

El rol de Camaño, entonces, cobra relevancia y definiría cualquier votación.... Si es que se habla de mayoría simple, porque ahí se abre otra discusión: para este tema ¿alcanza con el voto de la mitad más uno, o se necesita el aval de los dos tercios de los cuerpo?

Son polémicas que prometen abrirse.

El origen del planteo

Por lo pronto, entre los 19 temas que el jueves tratará la Comisión de Selección, la atención estará puesta en el que ocupa el lugar número 9: el expediente AAD 89/2020 “Ustarroz Gerónimo (Consejero) s/ Presentación Traslados Jueces”. Es que la semana pasada, tal como reveló Infobae el sábado, Ustarroz, representante del gobierno en el Consejo y hermano de crianza de Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, hizo un repaso de los 38 traslados que dispuso el Consejo en los últimos 20 años, los dividió en tres categorías y se focalizó en diez que, a su criterio, no cumplieron con lo que dice la Constitución Nacional y la Corte Suprema.

La propia Camaño salió a aclarar que Ustarroz hizo este informe a pedido del resto de los consejeros. Pero más allá de la formalidad de esa aclaración nadie dejó de ver una jugada del kirchnerismo detrás de este planteo. Es que cuando De Pedro integró el Consejo, en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri, comenzó la discusión subterránea por los traslados, pero no le alcanzaron los votos para avanzar. Por entonces, el macrismo tenía mayoría en el Consejo. Wado se guardó la carta, que ahora tiró su hermano.

Puntualmente, Ustarroz objetó 10 traslados de jueces porque no cumplían ciertos requisitos. Principalmente porque cambiaron el destino por el que habían sido elegidos originalmente y no tenían el acuerdo del Senado para ese nuevo cargo. Un dato: ese aval del Senado lo estableció la Corte Suprema en 2018, después del escándalo que generó que se hubiera “federalizado” un tribunal oral ordinario que justo salió sorteado para llevar dos juicios contra Cristina Kirchner (Memorándum y Obra Pública).

La decena de jueces que están observados por el oficialismo asumió antes. “Cuando a mí me trasladaron el reglamento no establecía que tenía que pasar por el Senado. Si ahora tengo que ir, ningún problema”, le dijo a Infobae uno de los magistrados que integran la lista de jueces objetados. Otros, sin embargo, sospechan que en en el Senado podría esperarlos una suerte de circo romano en donde Cristina Kirchner les bajará el pulgar. La otra opcion es que el Consejo eleve un pedido a la Corte Suprema para que “interprete” estos traslados, a la luz de las acordadas que dictó en 2018.

Lugares claves en Comodoro Py, antes y ahora

Entre los nombres apuntados hay dos que sobresalen especialmente: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces de la Cámara Federal, un tribunal clave porque allí se definen las causas de corrupción. De las que aún quedaron del kircherismo en instrucción, pero también de las que puedan avanzar sobre el macrismo. Bruglia y Bertuzzi integraban el Tribunal Oral Federal 4. Pero entre 2017 y 2018 el macrismo los trasladó al segundo piso de Comodoro Py. En el caso de Bruglia no hubo gran ruido. El pase de Bertuzzi, en cambio, se concretó tras el fallo que condenó y encarceló al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou en el juicio por el caso Ciccone.

Pero la importancia del posible apartamiento de Bruglia y Bertuzzi no solo debe ser leída, si se quiere, en relación a las resoluciones que hayan dictado, sino también hay que verla en relación a los lugares que dejarían vacantes en el segundo piso de Py.

La Cámara Federal tienen seis lugares. Dos están vacantes y en concurso. Los mejor posicionados para ocuparlos son Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum; y Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores que tiene en sus manos la causa D’Alessio, un expediente en el que se procesó al fiscal Carlos Stornelli -el acusador de la causa cuadernos- y por el que desfilaron una importante cantidad de kircheristas para convertirse en víctimas de las investigaciones judiciales que les abrían en Comodoro Py.

Si Bruglia y Bertuzzi lograsen ser devueltos a sus tribunales de origen, el oficialismo tendría cuatro lugares en la Cámara Federal para llenar. Esos cuatro lugares podrían reducirse a tres porque en la lista de traslados observados aparece Eduardo Farah, nombrado para Comodoro Py y exiliado a un Tribunal Oral Federal de San Martín, luego de votar en la causa Oil Combustibles por la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Todo esto estará en la cabeza de los consejeros cuando mañana la Comisión de Selección ponga sobre la mesa la nota de Ustarroz. La oposición ya se alineó detrás de la respuesta del diputado del PRO Pablo Tonelli, que defenderá la legalidad de los traslados. Tres fuentes consultadas por Infobae coincidieron que el jueves la Comisión no tomará ninguna decisión. “El jueves se abren las cartas a ver cómo pega el tema”, graficó una de las fuentes. Es que, puntualmente, Ustarrroz solo pidió poner “en consideración” la irregularidad de esos traslados, pero no pidió nada específico y por lo tanto no hay, aún, nada que votar o definir.

Con la reunión de mañana, comenzará una discusión que tendrá distintos escenarios. El oficialismo sostiene que se busca fijar un nuevo criterio sobre los traslados, sin atajos y respetando todos los paso legales. Y aunque tarde varias semanas, al final del debate se buscará que el Consejo dictamine sobre los diez traslados objetados.

Esa será la llave para que la Casa Rosada o la Corte Suprema puedan intervenir en el asunto. ¿Por qué? Porque el Consejo no resuelve los traslados, sino que se los aconseja al Poder Ejecutivo. En general, la Corte no se mete en el tema de los traslados, pero el máximo tribunal ya dejó un precedente en 2018 cuando anuló la federalización de un tribunal oral criminal -que había salido sorteado para juzgar a Cristina Kirchner-. Y en una segunda acordada fijó los criterios que establecían que un juez que cambiaba de competencia, debía conseguir el aval del Congreso de la Nación, como si se trataba de un nuevo nombramiento.

Hay un dato clave. Si un juez es trasladado a un juzgado, ese cargo que ocupó no será llamado a concurso. Nombrar a un juez titular puede durar años. Con un traslado, en cambio, el espacio se ocupa más rápido, pero además se evita todo el proceso constitucional de selección. Solo se necesita la decisión del Consejo. De ahí la referencia del funcionario del Ejecutivo cuando intentaba convencer al consejero de la oposición de que ellos también podrían recurrir a cubrir con un traslasdo el despacho que deja vacante a fin de mes en Comodoro Py el juez Rodolfo Canicoba Corral , porque el procedimiento actual le deja la ventana para hacerlo.

En su nota, Ustarroz planteó que los jueces cuestionados no cumplieron con los requisitos que fija la ley. Además de Bruglia, Bertuzzi y Farah, en la lista de objetados también figura Germán Castelli, que integra el TOF 7, designado para llevar adelante la causa de los cuaderos, y tres jueces que ocupan juzgados con competencia electoral.

Federico Villena, que tuvo en sus manos hasta hace unas semanas la causa por el espionaje macrista, es otro de los que integra la nómina de jueces observados. Concurso para ser juez federal de Moreno, pero como todavía no se había abierto se convirtió en juez de Lomas de Zamora. También figura la jueza Zunilda Niremperger, jueza federal de Resistencia, Esteban Hansen, juez de Jujuy y María Skanata en Misiones. A todos les achacan que están a cargo de juzgado electorales para los que no compitieron. Otro nombre es el de Juan Manuel Iglesias, trasladado de un tribunal oral en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), no habilitado, a otro en Resistencia.

Para sacarle condimento político, el oficialismo incluyó no todos los traslados apuntados los hizo el macrismo. Es el caso de Skanata, titular del juzgado federal de Oberá, en Misiones, que en octubre de 2015 pasó al juzgado federal 1 de Posadas, que tiene la competencia federal. A ella la trasladó Cristina Kirchner. No fue el único caso: la vicepresidenta también respaldó el traslado de Bertuzzi desde La Plata a Comodoro Py en 2010.

La oposición dará pelea a los argumentos del oficialismo. Primero sostienen que no hay nada que tratar ni votar en concreto. Pero además sostienen que el Consejo de la Magistratura no puede revisar un acto que ya se concretó, en el que intervino el Poder Ejecutivo y por el que los jueces trasladados tienen sus derechos adquiridos.

“Derecho administrativo puro”, afirman. Desde ese bloque, entienden que la única manera de revisar los traslados es con una causa judicial para que la decisión sea declarada nula. Una opción, especulan, es que el Gobierno tenga que recurrir al fuero contencioso administrativo para ir a plantear ahí una pedido de nulidad de las decisiones del Ejecutivo de Mauricio Macri, a través de una “acción de lesividad”.

Curiosidades: fue en ese fuero en donde el macrismo consiguió el apartartamiento del entonces senador justicialista Ruperto Godoy porque no tenía título de abogado y, en la ventana de tiempo en que juró su reemplazante, el oficialismo de entonces logró aprobar el juicio político para el camarista Eduardo Freiler y conseguir una vacante en Comodoro Py.

Un mecanismo que el macrismo profundizó en Comodoro Py

El mecanismo de traslados de jueces existe hace 20 años. Todos los gobiernos hicieron traslados. Pero solo dos los utilizaron para ocupar cargos en Comodoro Py, el lugar emblemático de poder en el justicia federal porque es donde se revisan las causa de mayor voltaje político. Cristina Kirchner lo aplicó sólo una vez, con el traslado de Bertuzzi; Mauricio Macri lo puso en juego cinco veces.

Empezó con el juez Carlos Mahiques, primer ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal que pasó del Cámara Nacional de Casación Penal -un tribunal creado en el gobierno de CFK - a la Casación Federal. En su momento se denunció que no cumplía varios de los requisitos que se necesitan para el pase (antigüedad, aval del tribunal que lo recibía), pero hicieron especial hincapié en uno: que venía de ser un juez nacional para pasar a ser federal y por lo tanto no cumplía con la misma competencia que exige el reglamento de traslados. Lo que lo puso en el foco en su momento es lo mismo por lo que ahora quedó a salvo. Cuando la Corte Suprema se metió en el tema, Mahiques desfiló por la Comisión de Acuerdo de la Cámara Alta y quedó respaldado como juez federal.

A Ricardo Basílico, otro de los jueces trasladados por el macrismo a un tribunal oral federal, le pasó lo mismo. Por eso no integra la lista de los cuestionados por Ustarroz. Los nombres que completan la lista de “trasladados” por Macri son Bruglia, Bertuzzi y Castelli, todos vinculados con causas contra CFK y hoy bajo la mirada del Consejo de la Magistratura.