El Ministerio de Desarrollo Social denunció a una supuesta red delictiva dedicada a estafar a los beneficiarios de planes sociales

El Ministerio de Desarrollo Social presentó a la justicia una denuncia para investigar una supuesta red de gente anónima que se dedica a simular páginas oficiales para ofrecer la tarjeta Alimentar, entregar servicios de tramitación de otros programas sociales y un esquema en el que se busca involucrar a funcionarios para realizar operaciones bancarias en nombre de la cartera que dirige Daniel Arroyo.

El modus operandi de esta supuesta “red mafiosa”, como la calificaron, comenzó en febrero pasado pero se amplió en otros casos en los últimos días con diversas modalidades de defraudación.

“Estamos investigando y hemos puesto a disposición de la Justicia todos los elementos que tenemos hasta ahora para evitar que esto crezca y perjudique a mucha gente”, explicó a Infobae un vocero del ministro Arroyo.

De esta manera, se supo que una primer denuncia ya recayó en el juzgado 8 del fuero Criminal y Correccional Federal a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Esa presentación se hizo en los últimos días de febrero pasado por el delito de “defraudación” en función del artículo 172 del Código Penal.

En este caso se comprobó que existía un sitio web que hacía referencia de la Tarjeta Alimentar, donde se invitaba a la gente a llenar un formulario con datos personales. Se les pedía nombre y apellidos completos, calle, ciudad y provincia de residencia, número de teléfono. La publicación utilizaba el escudo nacional con el texto “Argentina Presidencia”.

A partir de esta publicación, denominada en la jerga informática como “phishing” o “pesca”, se usaba un sitio similar al del Ministerio de Desarrollo Social para captar interesados y extraerles datos personales. También se usaba Facebook para acercar el mismo formato de ofertas a los ciudadanos en la red social con un esquema más amigable y atractivo.

Por otra parte, en las últimas semanas se empezó a detectar desde el Ministerio de Desarrollo Social la existencia de reiterados casos en que una persona llamaba por teléfono a cualquier desconocido y se presentaba con el nombre, apellido y cargo de un funcionario del Ministerio. A partir de allí se ofrecía la posibilidad de tramitar gratuitamente la Tarjeta Alimentar.

Sin embargo, a diferencia de la primera denuncia que se presentó en tribunales, en este caso, la red que operaba le pedía al supuesto beneficiario de la Tarjeta que se acercara a su banco, le daban los datos de una cuenta bancaria y le pedían que ingresaran allí con una clave que se cambiaba cada 25 minutos.

Según revelaron a Infobae en el Ministerio de Desarrollo Social los datos de los funcionarios y hasta el celular que le ofrecían al beneficiario eran reales. Es decir, que se trataría de una red que conoce de cerca a la estructura interna del ministerio.

Hasta el momento no se pudo localizar a ninguno de los operadores de esta red y tampoco se determinó con certeza hasta dónde llega la defraudación.

“La gravedad de todo esto radica en que no sólo se está poniendo en juego el nombre del Ministerio sino que se juega con la desesperación de la gente en un momento de pandemia que está cruzado por una fuerte crisis económica”, dijeron los voceros de Arroyo.

La Tarjeta Alimentar ya se entregó a más de 1,5 millones de personas y está destinada a familias vulnerables para la compra de alimentos por $4.000 o $6.000 mensuales según la cantidad de hijos que tenga la beneficiaria. Esa tarjeta se entrega por medio de un cruce de datos de la ANSES y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por lo que no hace falta un trámite especial para la entrega.

Sin embargo, en el Gobierno añadieron que hay mucha preocupación por este tema ya que es una modalidad que se estaría repitiendo en la ANSES por los beneficios del programa IFE para trabajadores de la economía informal y los monotributistas de baja categoría.

Cabe recordar que el Ministerio de Desarrollo Social había quedado en la mira en marzo pasado cuando se comprobó la compra irregular de alimentos con sobreprecios. Esto desató un fuerte escándalo y se despidieron a más de 15 funcionarios de la cartera que dirige Arroyo a la vez que se avanzó con una investigación judicial que aun sigue su curso.

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