Un intendente peronista, un empresario de los cuadernos y un allegado a Carrió: la nueva lista de víctimas del espionaje ilegal

El juez del caso informó a ocho personas que también halló pruebas de que fueron espiados. Hay opositores y oficialistas del gobierno de Macri. La mitad estuvo detenido y uno de los tramos de la causa es el espionaje en la cárcel de Ezeiza

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El empresario Gerardo Ferreyra, una de las nuevas víctimas del espionaje ilegal
El empresario Gerardo Ferreyra, una de las nuevas víctimas del espionaje ilegal

La causa por el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri tiene un nuevo listado de víctimas. Son ocho y entre ellas hay un intendente peronista de la provincia de Buenos Aires, empresarios, ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, el abogado del empresario Lázaro Báez y un funcionario cercano a la ex diputada nacional Elisa Carrió.

Las ocho personas son: Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente por el Frente de Todos que asumió en diciembre pasado; José Luis Vila, ex funcionario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Macri y muchos años integrante de la ex SIDE cuyo nombre resultó clave para el inicio de esta causa; Gabriel Cherqui, representante de la Comunidad Mapuche, Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el gobierno de Cristina Kirchner; Jorge Chueco, abogado de Báez; los empresarios Fabián De Sousa y Gerardo Ferreyra; y Juan José Calandri, auditor General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asumió el cargo en diciembre pasado en representación de la Coalición Cívica.

Sus nombres están en una resolución que dictó ayer el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y a la que accedió Infobae. “Toda vez que del continuo análisis que esta sede judicial se encuentra llevando a cabo, han surgido elementos de prueba que permitirían considerar como damnificadas a personas no señaladas hasta el momento”, sostuvo el magistrado. Villena resolvió citarlos al juzgado para que conozcan la prueba del espionaje en su contra y darles la posibilidad de ser querellantes, rol que les permitiría ser acusadores privados en el expediente.

Lo que no se conoce hasta ahora es la prueba, ni en qué contexto, ni cuando, ni quién hizo el espionaje. El juez Villena lleva con mucho celo la prueba e inclusive rechazó un pedido de la fiscal del caso, Cecilia Incardona, para poder tener una copia de toda la prueba digital. El magistrado le respondió que no por la gravedad de los hechos que se investigan y para impedir que su posible divulgación provoque una revictimización o que se conozca información personal de las víctimas. Señaló que algunos hechos ya se publicaron en los medios. Así la fiscal, al igual que los abogados defensores, solo pueden ir al juzgado a ver la causa y tomar nota ya que no pueden acceder con celulares ni ningún medio tecnológico.

Algunas víctimas tienen algo en común: estuvieron presos. Y uno de los tramos de la causa es el presunto espionaje ilegal en la cárcel federal de Ezeiza, donde un allanamiento se encontró un cableado en una celda que se está peritando.

Llorens y Ferreyra estuvieron detenidos en la causa por los llamados “cuadernos de la corrupción”; De Sousa en el expediente “Oil Combustibles”; y Chueco por el presunto lavado de dinero. Todos hoy están en libertad y estuvieron presos en Ezeiza. El espionaje en su contra podría haber ocurrido en la cárcel. De Sousa y Ferreyra fueron muy críticos del gobierno de Macri y públicamente y en las causas judiciales dijeron que sus detenciones fueron ordenes del entonces presidente. Ferreyra fue el último empresario en ser liberado en la causa de los cuadernos y dijo que se buscó que declare como arrepentido, como hicieron otros. Por su parte, De Sousa denunció que desde el gobierno de Macri le pidieron que sus medios, entre ellos el canal C5N, ayudaran a que Cristina Kirchner sea detenida.

Las nuevas víctimas se suman a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, su vice Diego Santilli, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y Luis Barrionuevo, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el ex presidente Eduardo Duhalde, el ex intendente de la Plata Pablo Bruera y el camarista federal Martín Irurzun, entre otros. Muchos de ellos, como Cristina Kirchner y Larreta, ya se presentaron en el juzgado para ver la prueba y pidieron ser querellantes.

El abogado Jorge Chueco (NA)
El abogado Jorge Chueco (NA)

“Turco, ¿me averiguás si Cristina Kirchner está en Buenos Aires?”, es uno de los mensajes del espionaje sobre la actual vicepresidenta que constan en la causa.

En la causa se investiga el espionaje ilegal que durante el gobierno de Macri se hizo desde la AFI, a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a toda clase de funcionarios y personalidades. El espionaje incluye seguimientos, dossiers, fotos y grabaciones. Toda la información estaba en dos grupos de whatsapp, “Super Mario Bros” y “Argentina”, que tenían los agentes.

La causa se inició cuando un acusado de narcotráfico, Sergio “Verdura” Rodríguez, reveló que el abogado Facundo Melo le ofreció ser parte de la AFI para tener protección para sus negocios ilegales. A cambio, contó Rodríguez, tenía que hacer distintos trabajos. Uno de ellos fue llevar un artefacto explosivo a la casa de Vila -una de las nuevas víctimas del espionaje- para darle un susto.

Melo -que negó las acusaciones de Rodríguez- y Leandro Araque, otro ex agente de la AFI, fueron allanados y en sus teléfonos se encontró la información. Ambos declararon en el Congreso que cumplían órdenes de Alan Ruiz, ex directores de Operaciones Especiales de la AFI, y de Jorge “Turco” Sáez. Los cuatro ex agentes y otro más están siendo investigados en la causa.

Además, Ruiz está detenido. Quedó preso el sábado a la tarde por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé en otra causa por espionaje ilegal. Es la inteligencia que se hizo en 2018 en el Instituto Patria, creado por Cristina Kirchner cuando dejó la presidencia de la Nación.

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Se define el futuro del juez Villena en la causa por presunto espionaje ilegal

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