Diputados de Juntos por el Cambio propusieron que la empresa Vicentin sea dirigida por cooperativas del sector

Un grupo de diputados del bloque de Juntos por el Cambio le sugirió al juez del concurso de Vicentin que coloque en el rol de administrador o gerencia participativa de la empresa a acreedores con conocimiento en la materia como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y/o Agricultores Federados Argentinos (AFA), junto a una alianza estratégica de acreedores.

En caso de que esa propuesta avanzara, los legisladores, que responden a Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, consideran que el Gobierno Nacional debería limitarse a cobrar los créditos otorgados por el Banco Nación, al igual que deben hacerlo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a través de sus respectivas entidades bancarias.

Para ese fin, el diputado nacional Sebastián García De Luca, de PRO de la provincia de Buenos Aires, afirmó que "el proceso judicial debe seguir su curso, pero contemplando alternativas que protejan el trabajo, la producción y la inversión priorizando a quienes conocen y sean parte del sector agropecuario como ACA y AFA”, y agregó: “Tanto en términos legales como económicos es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación de una empresa del sector más competitivo del país mientras tantas pymes atraviesan graves dificultades producto de la pandemia. La única urgencia tiene que ser salvar esas y otras fuentes de trabajo”.

La propuesta, a la que adhieren también los diputados Domingo Amaya, Juan Aicega, Marcelo Orrego, Felipe Alvárez, Martín Grande, Gabriel Frizza, Federico Frigerio, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Eduardo Cáceres y Gustavo Hein, establece que el administrador o gerente general a cargo del directorio de Vicentin “debe definirse a instancias y con aprobación del juez de la causa, quien además será el encargado de asignar roles dentro de la empresa hasta su saneamiento”.

Asimismo, los diputados sugirieron conformar “una gerencia de producción y otra de reestructuración de la deuda, que permanecerán activas hasta tanto se logre la recuperación financiera de la empresa”. La gerencia de producción, precisaron, deberá garantizar el pago inmediato de las deudas que Vicentin contrajo con pequeños productores que hoy atraviesan serias dificultades económicas, mientras que la gerencia de reestructuración de la deuda deberá buscar inversores nacionales para recuperar la empresa y garantizar el funcionamiento a futuro de la misma.

Por otra parte, el diputado nacional y presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, reiteró que la oposición se prepara para dar batalla en el Congreso contra la estatización de la empresa Vicentin y advirtió que a los problemas que trajo la pandemia ahora hay que sumarle “la incertidumbre de un Estado expropiador”.

“Acá no se trata de Vicentin, porque puede ser cualquier empresa en concurso”, sostuvo el legislador y recordó que mientras esté vigente la ley de concursos y quiebras, si una compañía tiene problemas con la Justicia, lo tiene que resolver la propia Justicia.

Negri criticó los argumentos y los motivos que se invocaron para tomar la decisión y aseguró que “se han dicho barbaridades” sobre el tema, como la justificación de la soberanía alimentaria, cuando Vicentin “vende aceite y muele soja para que coman los chanchos en China”.

No es la única propuesta que surgió de las filas parlamentarias que no están enroladas en el oficialismo. Una de ellas fue la de los diputados de Consenso Federal, que, alentados por Roberto Lavagna, difundieron una alternativa para resolver el conflicto del Gobierno con la agroexportadora.

La iniciativa de Alberto Fernández sobre Vicentin fue cuestionada por Lavagna, una de las personas de consulta del mandatario por fuera de la coalición oficialista, que apuntó contra la excusa de soberanía alimentaria que utilizó el kirchnerismo para avanzar hacia la expropiación.

“Hace algunos años se habló de Soberanía Energética y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente, estancamiento económico-social. Ayer se habló de Soberanía Alimentaria. Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos, pero haciéndonos oír y actuando”, publicó el economista en sus redes sociales al día siguiente del anuncio oficial.

Según los conceptos que planteó Lavagna, el argumento “a considerar” del Gobierno es el temor al potencial riesgo de extranjerización de Vicentin, aunque para ello existe una alternativa distinta a la expropiación: la acción de oro, por la cual el Estado tendría la capacidad de veto de decisiones del directorio de la empresa.

“La acción de oro es el objetivo para garantizar la no extranjerización. Tiene la cualidad de que se hace en el marco de la legalidad y del concurso vigente y no requiere expropiación", destacaron desde el bloque lavagnista.

Seguí leyendo: