Se reactiva la causa D’Alessio: ordenaron a Interpol la detención de un argentino acusado de una estafa millonaria al Banco Vaticano

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ordenó este lunes a Interpol la detención de dos imputados de la causa por la que está preso el falso abogado Marcelo D’Alessio. Lo solicitó como una “alerta roja”. Uno de los buscados, un argentino llamado Aldo Sánchez, está investigado en Italia por una estafa millonaria al Banco Vaticano, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Se trata de una de las aristas que se desprenden de la causa por asociación ilícita sobre una red de espionaje ilegal, que está próxima a ser elevada a juicio oral. Aquí se investigan maniobras de lavado de dinero y tanto D’Alessio como el ex policía Ricardo Bogoliuk ya están procesados en esa investigación. “Son grandes negocios de transferencia internacional por sumas que superan 500 millones de euros”, dijeron las fuentes consultadas. Lo que sí permite ver la resolución es cómo se financiaban las operaciones de inteligencia que la banda de D’Alessio llevaba adelante.

La orden de detención firmada hoy por el juez Ramos Padilla fue girada a Interpol. Lleva los nombres de Patricio González Carthy de Gorriti, quien estaba rebelde desde mitad del 2019 y no se lo encontró en la Argentina, y de Aldo Eduardo Sánchez, un argentino nacido en la localidad santafesina de Totora que utilizaría para las negociaciones un pasaporte italiano y transferiría fondos desde una cuenta en lslas Comoras, en África. Lo identificó el fiscal Juan Pablo Curi, tras señalar en un dictamen del año pasado que, además, se lo investigaba por una estafa millonaria al Banco Vaticano.

Se cree que Sánchez era el proveedor del dinero del que la banda hablaba en el llamado “Grupo Buenos Aires”, aunque hay serias dudas de que la plata haya sido suya. La sospecha es que se trataba de “lavar dinero” de gente que no podía aparecer. “Un 75 por ciento del dinero que transfiere Aldo Sánchez regresa a él mismo en forma de depósito bancario en los Estados Unidos”, señala una de las operaciones que describe el juez en su resolución.

En la descripción de las maniobras aparece otro personaje: el italiano Giovanni Gentile, que aporta una cuenta bancaria en el banco Deutsche Bank Osterreich. La Guardia di Finanza Italiana informó al juzgado de Dolores que tiene antecedentes penales por estafa agravada y evasión. En las operaciones aparecen el Foreign Finance Bank de Islas Comoras y el Banco de Turquía (Is Bankasi). Hay involucrada también una asociación civil mexicana, “Contigo Conmigo Con México”, representada por Teodoro Menes Ortega, que en una de las gestiones “aportó el mismo número de cuenta que oportunamente estaba a nombre de Aldo Sánchez”. Según se señaló, Menes Ortega actuaría “como representante legal de empresas contratistas del Estado de Veracruz”. Todo esto quedó bajo la lupa del juzgado de Dolores. En los diálogos de los procesados se busca dar “apariencia de verdad” y hablan de que los “senders” (los que envían el dinero) “no son ningunos santos” y que algunas de las empresas están en “una lista negra”.

La causa D’Alessio se inició en enero de 2019 y provocó una alta repercusión política cuando se ligó la figura del falso abogado con el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa de los cuadernos. Aquí se investiga “una organización criminal que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales, y que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros”, recordó el juez en su resolución a la que accedió Infobae. “Para sus fines delictivos, la organización tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los poderes del Estado y también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa, que fueron claves para el éxito de sus operaciones”, agregó.

En el marco de la pesquisa y el análisis de los teléfonos de D’Alessio se generaron más investigaciones. Una de ellas es la que involucra a un grupo de chat llamado “Buenos Aires”, creado el 20 de marzo de 2018 y en donde se planificaban diversas operaciones bancarias internacionales por cifras multimillonarias.

Las conversaciones duraron ocho meses, tiempo en que “los involucrados llevaban a cabo planes y actividades tendientes a relacionar posibles clientes con distintos actores intermediarios a fin de concretar transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, mediante procedimientos no rastreables en el sistema bancario, lo que generaba comisiones para el grupo en porcentajes específicos del total”, había dicho Ramos Padilla en la resolución en la que procesó a D’Alessio y Bogoliuk por estas maniobras. En ese grupo también estaban Pablo Bloise, que aparecía como un financista, y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, apodado “MG” por D’Alessio y quien se encargaba de traer al cliente, explicaron las fuentes.

La idea era “armar esquemas financieros en miras a lograr la colocación de fondos de origen ilícito en cuentas offshore, con expresas referencias a que se trataría de maniobras que buscarían darles apariencia de realidad”. El grupo da cuenta de varias operaciones de gran volumen económico de estas características, “siempre propuestas por Carthy de Gorriti, para las que se requerirían de los ‘servicios’ de Bloise”, se precisó.

“Podría tratarse de un único gran negocio con tramos diferenciados de transferencias millonarias o de varios negocios vinculados de algún modo, para los que el grupo ‘Buenos Aires’ proveía de una ingeniería financiera”, se explicó. Sin embargo, un detalle llamó la atención de Ramos Padilla: “En ningún momento de los intercambios se nombra a las partes involucradas, con excepción de aquellos con los que mantienen trato directo para precisar los detalles de la transferencia”, lo cual, dijo el juez, refuerza las sospecha sobre operaciones no transparentes que eran una “fachada” para mover dinero ilegal.

Las gestiones, sostuvo Ramos Padilla, implicarían “el cobro de cuantiosas comisiones” para el grupo a través de Paymasters, es decir, empresas que gestionan cobros en nombre de terceras personas, cuyos nombres no se expresan en la documentación de las operaciones. En este caso la empresa que oficiaría de Paymaster es Goldmax Development Limited, una empresa que aparece ligada a los Panamá Papers. Y aunque todavía está en investigación cómo se hacían de ese dinero, “una hipótesis plausible es que, al menos en el caso de D’Alessio, lo haría a través de la tramitación de créditos internacionales para sus empresas radicadas en nuestro país”, se añadió.

Dijo Ramos Padilla: “No puede descartarse que, en las operaciones financieras que se han detectado podrían llegar a haber existido intereses no meramente individuales. Lo sostenido se vincula además con la circunstancia incontrovertible de que la estructura organizativa delictiva de la que participó D’Alessio y Bogoliuk tenía claros intereses políticos y judiciales, como así también buscaba influir en la opinión pública, y requería para llevar adelante estas operaciones de inteligencia ilegal de constante financiamiento. De esta forma, encontrar fuentes de ingresos en actividades compartidas entre Bogoliuk y D’Alessio que implicarían maniobras de colocación de flujos en el sistema bancario buscando evitar dejar rastros respecto de su origen y verdaderos titulares, no podría ser considerada como una actividad meramente individual, destinada a engrosar su propio patrimonio”.

El magistrado agregó que hay que “considerar la hipótesis de que se tratase de actividades que buscaban obtener financiamiento para los gastos requeridos por las decenas de operaciones de inteligencia ilegal que llevaron adelante en forma paralela al menos desde 2016 y, principalmente, por todas aquellas que se desarrollaron durante el año 2018, hasta que se produjo el allanamiento y se desbarató parte de esta organización delictiva”. A su criterio, este tipo de negocios permitían tanto a D’Alesio como a Bogoliuk conocer de primera mano a personas posiblemente vinculadas al crimen organizado, así como sus movimientos y maniobras financieras, y podría explicar también numerosas actividades de inteligencia sobre personas vinculadas al narcotráfico y a otros expedientes que se encontraron en poder de los acusados, como el capítulo “Terrorismo-Irán”.

Formalizó así un pedido de informes a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) dependiente de la Procuración General de la Nación y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para profundizar esta investigación. Y se firmó la orden de captura de Sánchez, “siendo que tendría el contacto directo con los reales titulares de los fondos de posible origen ilícito que se pretendía colocar en el sistema bancario formal”.

“Se habrá de requerir al Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina que publique y difunda una Notificación Roja para el conocimiento de todas las Oficinas Centrales de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL a fin de solicitar la detención del nombrado con fines de extradición en caso de ser habido en el extranjero”, se señaló. Lo mismo se dispuso para González Carthy de Gorriti, “teniendo en consideración que se encuentra en estado de rebeldía desde hace varios meses, que su situación ya ha sido analizada en varias resoluciones y que se han librado órdenes de detención a las fuerzas de seguridad nacionales sin resultados positivos hasta el momento y que, al igual que Sánchez, no sólo tendría facilidades para trasladarse fuera del país, sino que es posible que se encuentre residiendo en la actualidad en el extranjero” , concluye la resolución.