La asociación de fiscales se manifestó en alerta por el “aprovechamiento desmesurado” de libertades de presos con la excusa del coronavirus

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación hizo pública su preocupación por el “aprovechamiento desmesurado e inadecuado para el tratamiento de excarcelaciones de personas privadas legítimamente de su libertad, causando una confusión y zozobra en el ya afectado marco social general, y en especial en las víctimas y sus familiares”. Y llamó a los magistrados a ser “estrictos” antes de otorgar una morigeración en las condiciones de detención.

La entidad, que encabeza el fiscal federal Carlos Rívolo, se pronunció así en medio del “debate social” surgido por el pedido de cientos de detenidos que reclaman cumplir arrestos domiciliarios por temor de contagiarse de coronavirus en prisión, ya sea por pertenecer a grupos de riesgo, sufrir patologías de salud o remarcar su condición de no condenados y escenarios familiares especiales para poder acceder a ese beneficio.

“Consciente de la situación mundial de pandemia debido a la aparición y desarrollo del COVID-19”, dijo la entidad, hay que “recordar que tanto las prisiones preventivas como las condenas son dispuestas en un marco de excepcionalidad y proporcionalidad”.

Ello, se añadió, “implica que previo a su disposición se realizó la valoración de las distintas circunstancias del delito que nos ocupa, donde se analiza su gravedad, la consistencia de la prueba, los riesgos procesales, las condiciones individuales del imputado y el daño causado a la víctima, es por ello que consideramos que cualquier modificación de aquella medida de privación de libertad debe reandar ese mismo camino, repudiando cualquier resolución automática que pretenda tomar un atajo basado sólo en una situación sanitaria hipotética y general”.

Según se precisó, “en los casos puntuales en donde algunos condenados obtuvieron el beneficio de la detención domiciliaria con fundamentos aparentes, su cuestionamiento debe ser en el marco legal, siguiendo la vía recursiva correspondiente, en donde se determinará las responsabilidades por cualquier irregularidad”.

“Sin perjuicio de ello, instamos a los magistrados judiciales a ser estrictos en la morigeración de las prisiones domiciliarias, en el control de su cumplimiento y que cuando se superen los riesgos sanitarios se disponga inmediatamente su restablecimiento a las unidades carcelarias de los condenados”, se sostuvo.

La entidad que agrupa a los fiscales afirmó que pese a los “impedimentos provocados” por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dispuso por el coronavirus, los integrantes del Ministerio Público Fiscal “continúan desempeñando su función, a través de los medios tecnológicos adecuados, velando por la legalidad del procedimiento y defendiendo los intereses de la sociedad, garantizando así los derechos de la víctima y su debida intervención en el proceso, conforme lo establece la legislación vigente”.

En ese sentido, el comunicado añadió: “La emergencia en que transitamos requiere reforzar los esfuerzos y profundizar la prudencia en los procederes oficiales y sociales, de modo tal de advertir y atender la mayoría de las situaciones de riesgo que puedan surgir en todos los sectores de nuestra comunidad, sin que ello implique la creación de un estado vulnerable de ningún ciudadano”.

El comunicado de la asociación de fiscales surge en el marco del debate que se abrió a raíz de cientos de presentaciones de detenidos que reclaman ser liberados o mandados a sus casas en el marco de la emergencia sanitaria y la emergencia penitenciaria.

El pronunciamiento de esta entidad fue apenas un rato después de que la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, les recomendara a los defensores oficiales renovar o instar “la agilización de los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro” en virtud de una acordada de la Cámara de Casación Federal, con el fin de reducir el hacinamiento en las unidades carcelarias.

El 13 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal instó a los tribunales inferiores a que habiliten las prisiones domiciliarias, con mecanismos de control y monitoreo, para un grupo de detenidos en el marco de la pandemia por el coronavirus. En ese grupo incluyó a los detenidos por delitos leves o “no violentos”, a las mujeres embarazadas o con niños, a los que estén a punto de tener salidas transitorias y a los mayores de 60 años con riesgos de salud. También incluyó a los detenidos por delitos graves, aunque se recomendó evaluar la situación “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”.

Un día antes, la Cámara de Casación bonaerense (que dirime los casos delitos comunes ocurridos en provincia) había hecho lugar a un hábeas corpus colectivo, en el mismo sentido, en favor –en principio– de unos 700 internos.