Desde el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe llegaron otras dos renuncias.
Desde el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe llegaron otras dos renuncias.

Como viene sucediendo desde que el Gobierno informó que pretendía modificar las jubilaciones de privilegio que beneficiaban a jueces y funcionarios del Servicio Exterior, otros ocho miembros del Poder Judicial dejaron sus respectivos cargos. Las renuncias fueron aceptadas a través de una serie de decretos (del 188/2020 al 195/2020) publicados en el Boletín Oficial.

Luego de que la ley fuera sancionada por el Congreso, el éxodo de los integrantes del Poder Judicial no se detiene: se trata de dos jueces, tres vocales y tres defensores públicos que ya habían solicitado su retiro cuando la norma que cambió el sistema previsional que los acogía todavía estaba siendo debatida.

En esta oportunidad, los nombres que se sumaron a la lista de renunciantes son: Francisco María Miño, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe; Beatriz Caballero de Barabani, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario (Santa Fe); Martín Laclau, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social (Sala III); Ricardo Guido Barreiro, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (Río Negro); Graciela Medina, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal; Aníbal José Luis Gilardenghi, defensor público oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones y los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín (Buenos Aires); Eduardo Nicolás Narbona, defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja; y Rubén Armando Molinari, defensor público oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

De esta manera, todos ellos se sumaron al éxodo en la Justicia que comenzó desde que el presidente Alberto Fernández anunció sus intenciones de cambiar el régimen jubilatorio de privilegio que regía para los empleados judiciales y funcionarios del Servicio Exterior, una medida que podría generarles un perjuicio económico en comparación con el sistema que regía hasta ese momento.

La ley fue aprobada en el senado el 12 de marzo pasado, con 41 votos positivos y 21 negativos. Entre otras cuestiones, subió del 12% al 18% los aportes de estos dos regímenes especiales y estableció el haber jubilatorio en el 82% del promedio de los 120 últimos salarios de jueces y diplomáticos.

Además, estableció la suba gradual de la edad requerida para realizar el trámite hasta llegar a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. La modificación no cuenta para el servicio exterior, donde la actual legislación establece ya esa edad de jubilación.

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