La asociación que reúne a los jueces nacionales le pidió a la Corte Suprema que dicte la feria judicial

La presentación fue hecha por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Quiere que los tribunales funcionen como si fuera enero

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El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) le pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analice la posibilidad de declarar feria judicial entre el 16 y el 31 de marzo, debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Afimaron que hay dependencias donde el personal de maestranza no está asistiendo y pidieron licencia excepcional a magistrados, funcionarios y empleados mayores de 60 años.

En una nota enviada al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la AMFJN consideró que ésa sería la mejor manera, en esta excepcional situación, de brindar el mejor servicio de justicia y, al mismo tiempo, preservar la salud de los operadores judiciales.

La AMFJN es una asociación civil que nuclea a cerca de 3.000 magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La nota fue firmada por el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle.

La entidad también sugirió que se dicte la feria para el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación y que invite a la Procuración General y la Defensoria a hacer lo mismo en sus dependencias “toda vez que la relación entre las sedes de todas estas instituciones tornaría ineficiente" las disposiciones tomadas.

El lunes, la Corte Suprema de la Nación dispuso una feria judicial extraordinaria en todo el país hasta el 31 de marzo: determinó que se mantendrán las prestaciones mínimas a través de la implementación de guardias, que cada tribunal deberá asegurar “una prestación mínima del servicio durante el plazo establecido, debiendo cubrirse prioritariamente con los magistrados y/o funcionarios que no se encuentren dentro de los grupos de riesgo” y que iba a suspender la atención al público “salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes”.

Para los asuntos “que no admitan demora” las partes podrán solicitar “habilitación de días y horas inhábiles”, dijo la Corte. También se resolvió otorgar una licencia excepcional, con goce de haberes, para todos aquellos magistrados, funcionarios y empleados mayores de 65 años o que padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al virus COVID-19; y las mujeres embarazadas.

Ahora, la Asociación de Magistrados le planteó a la Corte que se decretara la feria, tal como sucede en enero o en el receso invernal de julio. Aseguró que resultaría operativo que se siguieran los mismos criterios adoptados en las ferias judiciales en cuanto a constitución de tribunales con magistrados, funcionarios y empleados administrativos y de maestranza en las condiciones y cantidades que dispongan las autoridades de superintendencia.

Así, se sostuvo, se atenderían de manera adecuada tanto los asuntos judiciales urgentes como la limpieza de las dependencias judiciales, que es imprescindible en las circunstancias actuales.

En un comunicado, la asociación aseguró además que “el personal de maestranza no está concurriendo a las dependencias judiciales, con el resultado de que falta la higiene que debe existir en esta situación”.

También solicitó que se analice la posibilidad de generar reemplazos por enfermedad en el fuero civil y comercial federal -que atiende los amparos de salud en la Ciudad de Buenos Aires- de los juzgados federales del interior con esa competencia, del fuero penal nacional y federal que atienden hábeas corpus, entre otros temas urgentes vinculados a personas privadas de libertad, y del fuero de familia.

Se pidió además, que se estudie la posibilidad de que la licencia excepcional para magistrados, funcionarios y empleados mayores se aplique a partir de los 60 años, a fin de que exista armonía con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

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