La ley de Góndolas no saldría por unanimidad y la oposición reclamará cambios en el Senado

En reunión de comisión los senadores del Frente de Todos aprobaron a libro cerrado el dictamen para que avance la ley de Fomento de la Competencia y reducción de Distorsiones de Precios en la Venta Minorista. Con número suficiente para avanzar el oficialismo argumentó que en Diputados se había logrado la media sanción con amplio apoyo opositor y se negaron a consensuar modificaciones que obligarían al regreso de la ley a la cámara de origen.

Una semana y media después del dictamen, el Frente de Todos sólo necesita la mitad más uno de los votos presentes, simple mayoría, para lograr su objetivo. Y la hará valer en el recinto en la sesión del próximo viernes citada para las 14. Frente a esa postura, Juntos por el Cambio analiza presentar su propio proyecto de manera de votar el propio en general y dejar sin su aval al proyecto que ya tiene dictamen de comisión. El oficialismo en cambio esperaba contar con un apoyo mayoritario en general y que el debate se centrara en cada artículo.

A pesar de la supremacía de fuerza a favor del peronismo, senadores de la UCR y el PRO consensuaban este miércoles una estrategia para visibilizar los cambios que reclaman para la más comúnmente llamada Ley de Góndolas.

La ley estimula la competencia de productos y marcas en exhibición en las llamadas góndolas, que incluye todo tipo de estanterías y heladeras y alcanza a alimentos, bebidas, artículos de limpieza del hogar e higiene personal. También favorece la producción local, a las pymes y la agricultura familiar. En Diputados se debatió en noviembre con 180 votos a favor.

La lista de los cambios

El proyecto que se votó en la cámara baja establece que ninguna marca individual o de una misma empresa o grupo económico podrá ocupar más del 30% del espacio físico. Además debe haber por lo menos 5 proveedores para cada categoría de producto. Juntos por el Cambio pide que el tope para una marca o grupo empresario se incremente al 45%.

En línea con políticas impulsadas en los ministerios de Desarrollo Social y de Producción, también se establece que en las góndolas o locaciones virtuales deberá haber un 25% de productos de empresas pymes, cooperativas o asociaciones mutuales como mínimo. La oposición propone disminuir ese porcentaje a un 10% a 25% y mantener el 5% adicional para la agricultura familiar, indígena o campesina.

El proyecto del oficialismo impone un 20% de productos de origen local, bajo penas económicas y hasta de clausura. Juntos por el Cambio pide eliminar el artículo y analizar una nueva redacción.

Fundamentalmente la oposición cuestiona la velocidad de aplicación que se pensó para la ley. Y, para que efectivamente se pueda aplicar y los supermercados puedan incorporar las modificaciones necesarias, proponen subir el plazo de 120 a 180 días para la entrada en vigencia.

Finalmente otro cambio que impulsan es eliminar el párrafo que legitima a las asociaciones de consumidores ya que considera que corresponde al Estado el rol de contralor.

La oposición impulsa la eliminación completa de los artículos 18 y 19. El primero de ambos habilita a asociaciones, cooperativas, cámaras empresaria y sujetos que participen en la producción o comercialización para que sean agentes de fiscalización ad honorem. El 19 establece la creación de un Observatorio de la Cadena de Valor.

“Estamos de acuerdo con el espíritu pero es de imposible aplicación”, señalaron a Infobae cerca de los senadores involucrados en los cambios. El oficialismo por su parte mostró sorpresa ante la nueva estrategia de Juntos por el Cambio que en noviembre, antes de la renovación de las bancas en el cuerpo legislativo y con la anterior composición del Congreso, acompañó la iniciativa.

La senadora María de los Angeles Sacnun, del Frente de Todos, salió en defensa de la iniciativa para que “el Estado vuelva a ser un garantizador de la presencia de las pymes, de las cooperativas, de las mutuales y de la economía familiar”. Y argumentó que “cuando el presidente Alberto Fernández propone el debate de esta ley, lo hace en el marco de un programa integral, que es Argentina contra el Hambre, que debe ser garantizador de estos productos, y el Estado debe cumplir un rol de equilibrador de la economía”.

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