Por qué al Presidente le cuesta tanto la conformación de un “sindicalismo albertista”

Al incipiente sindicalismo albertista le cuesta cada vez más mantener alineada a toda la dirigencia gremial. Todavía hay resistencias, públicas y reservadas, a la política salarial que fijó el Gobierno, que consiste en postergar las paritarias hasta mediados de año y, mientras tanto, recomponer los salarios con “moderación” mediante sumas fijas a manera de anticipo y sin aumentos porcentuales.

En realidad, el sindicalismo albertista no tiene aún tantos integrantes en sus filas: sus principales exponentes son dos, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, y el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que dentro de la dirigencia gremial expresan las mismas opiniones que el Gobierno quiere escuchar. El resto del gremialismo apoya al Gobierno, aunque con matices: algunos se animaron a criticar la estrategia de “contención” de los salarios y otros, en privado, se siguen quejando por los escasos cargos que le dio el presidente Fernández al poder sindical en el andamiaje del Estado.

Casi a coro, Daer y Yasky se pronunciaron contra la cláusula gatillo para actualizar los sueldos en forma automática si crece la inflación, una herramienta que puede pactarse en los convenios colectivos y que fue criticada por el Presidente por considerar que es un “mecanismo de indexación de la economía”.

“La cláusula gatillo en sí mismo no es un fin, tenemos que lograr que a medida que avanza el desarrollo de la economía, precios y salarios, no tener pérdida de ingresos. De eso estamos convencidos todos”, dijo Daer luego de almorzar con el Presidente en la Casa Rosada, el 13 de este mes.

Yasky, por su parte, dijo que “el esquema de la cláusula gatillo es claramente indexatorio y genera esa dinámica inflacionaria en la que siempre vamos a ir corriendo de atrás”.

Esta última postura, sobre todo, dio origen a la primera pelea pública entre sindicalistas. El que salió a criticar a Yasky fue el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano: “Si no defendemos la vigencia de las paritarias, con cláusula gatillo o revisión concreta y que los jubilados merecen un aumento acorde a la crisis, estamos pifiando feo”, afirmó.

El dirigente del sindicato que agrupa a los conductores de locomotoras, que integra la CGT y forma parte de la confederación de trabajadores del transporte (CATT), fue más allá todavía y advirtió: “Uno puede dejar de lado que alguna vez ellos (por los integrantes de las CTA) apuntaron a este sector del movimiento obrero señalando a la CGT como burócratas. La unidad, como dicen otros compañeros está por encima de eso. Pero si vamos a resignar la responsabilidad que tenemos como dirigentes sindicales, más vale que cerremos todo y nos pongamos a jugar a la política“.

Ricardo Peidró, jefe de la CTA Autónoma, la expresión ceteísta más combativa, también tomó distancia de la postura gubernamental. “Las paritarias libres son libres -señaló-. (A las cláusulas gatillo) Puede haber sectores que las pacten y sectores que no. Ahora, con los que las pactaron se tienen que cumplir. Si hay una razón para que no esté, deberían llamarnos y explicarnos el porqué”.

En la misma sintonía, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, que también integra la CTA Autónoma, incluso no descartó que reclamen una cláusula gatillo en las paritarias 2020 de los estatales, al sostener: “No la rechazo como método válido del derecho de los trabajadores a preservar sus ingresos salariales”.

La cláusula gatillo suele aplicarse en épocas de alta inflación y prevé la actualización automática de los salarios si el costo de vida supera determinado porcentaje. En realidad, durante el gobierno macrista, pese al alto nivel inflacionario, se aplicó en forma efectiva en sólo 11 convenios colectivos y se generalizó, en cambio, el compromiso de revisión asumido por empresarios y sindicalistas de sentarse a discutir alguna recomposición salarial en caso de desfase respecto del índice de precios.

Pese a a su escasa aplicación en los últimos convenios colectivos, la discusión sobre la cláusula gatillo se convirtió en las últimas semanas en un símbolo de lo que el Gobierno quiere desalentar porque apuesta a desindexar la economía y a bajar la inflación, pero también en el símbolo de un recurso que el sindicalismo no quiere desterrar a ciegas porque no tiene garantías del éxito del plan oficial y necesita mostrar ante las bases que la dirigencia no regalará herramientas para compensar los sueldos.

A favor de los argumentos oficiales irrumpió el 2,3% de inflación de enero, que bajó respecto del 3,7% de diciembre, pero los sindicalistas saben que, si bien se trata de un dato positivo, puede ser pasajero: según diversas estimaciones, el índice de precios al consumidor correspondiente a febrero puede ser de niveles parecidos al último, pero en marzo podría subir nuevamente porque en ese mes, como es tradicional, van a impactar los precios de los útiles escolares y de la indumentaria para los colegios.

El Gobierno necesita que los aumentos importantes se “planchen” hasta junio. ¿Estarán dispuestos los sindicalistas a un gesto semejante? En las próximas semanas se podrá armar un mapa más completo de la reacción de los dirigentes. Mañana, por ejemplo, habrá otra reunión para intentar un acuerdo en la paritaria docente: el Gobierno llevará una propuesta que consistirá en una suma fija, el aumento del Fondo Nacional Docente en un futuro inmediato y la posibilidad de rediscutir paritarias cada tres meses (que será un compromiso de revisión, sin cláusula gatillo). En los sindicatos que representan a los maestros, sin embargo, hay un fuerte alineamiento político con la Casa Rosada.

En el sector privado, Comercio está a punto de cerrar su paritaria dentro de los parámetros que tranquilizan al Gobierno, al igual que la UOM. Pero la sensación térmica que predomina en el gremialismo no está a tono con el pedido de moderación de Alberto Fernández.

Por algo Roberto Lavagna afirmó hoy que “no es un momento adecuado para el Consejo Económico y Social”, la instancia de diálogo tripartito a la que apostaba el Gobierno para el segundo trimestre del año con el fin de acordar, en principio, niveles razonables de aumentos de precios y salarios, además de fijar otras variables de la economía y del empleo. “Le he dicho (al Presidente) que no creo que este sea un momento adecuado para el Consejo Económico y Social porque veo en los distintos sectores, empresarios, sindicales, en todos en general, una actitud de no querer ceder en nada, y defender los derechos y lo que en este momento tienen es asegurar que el país no va a salir del estancamiento que ya va camino a una década”, dijo el ex candidato presidencial.

Justamente el Consejo Económico y Social era vista por el sindicalismo como una forma de incidir en políticas sobre las cuales hoy no tienen ningún tipo de participación. Si Alberto Fernández acepta la sugerencia de Lavagna, la “Corpo” gremial sumará otra decepción en su permanente reclamo de tener injerencia en las decisiones de cualquier gobierno, sobre todo si es peronista.

Hay un elemento nuevo que se sumó en estas horas: la designación de dos moyanistas en el gabinete del Ministerio de Transporte. De esta forma, los Moyano lograron lo que se proponían desde los comienzos del gobierno de Alberto Fernández, que era acceder a cargos clave para influir en decisiones del Gobierno. El jefe de los Camioneros no consiguió que su asesor de confianza Guillermo López del Punta fuera ministro o secretario de Transporte, como se proponía, pero al menos Guillermo Montezanti y Julián Obaid, que trabajaban con éste en la consultora Transvectio, tendrán espacio en la cartera que encabeza Mario Meoni.

¿Abandonará ahora Moyano ese perfil áspero que mantenía ante el Gobierno? Con su paritaria cerrada y puestos concretos en Transporte, al líder camionero le quedan dos objetivos mucho más complejos: ayuda oficial para encarrilar la crisis de la empresa OCA y el compromiso de que la Casa Rosada no influirá en la futura CGT, cuya conducción deberá renovarse en agosto y en donde Pablo Moyano aspira a convertirse en el número uno (mientras Daer es el favorito de Alberto Fernández).

Meoni pilotea un ministerio con cargos vacantes que puede darle aún más satisfacciones al sindicalismo. Allí fue designado el asesor de la UTA Abel De Manuele como jefe de Gabinete y se acordó con la Unión Ferroviaria y con La Fraternidad los nombramientos de Agustín Special como subsecretario de Transporte Ferroviario y de Daniel Vispo, al frente del Belgrano Carga y Logística SA.

Donde aún falta pacificar a la “pata sindical” es en el sector marítimo. Con espíritu de queja, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), que encabeza Juan Carlos Schmid, llamó a una asamblea para este jueves para analizar, entre otros temas, “la falta de nombramientos de las autoridades del área”. Meoni quiere designar como interventor de la Administración General de Puertos (AGP) a Franco La Porta y como gerente general a José Beni, delegado del sindicato que agrupa al personal jerárquico del sector (Apdfa). Todo está en suspenso por el fuerte lobby sindical para sea Beni quien quede al frente del organismo que controla todos los puertos del país.

A todo este cuadro se suma la poca expectativa sindical de que la Casa Rosada tenga en cuenta al sector para integrar las próximas listas de candidatos para la elección de renovación legislativa en 2021. Cada vez son menos los dirigentes gremiales que llegan al Congreso, en una proporción módica que está muy lejos de respetar aquel histórico 33% de participación que tenía el movimiento obrero cuando Juan Domingo Perón lo consideraba “la columna vertebral” del justicialismo.

Es otro signo de estos tiempos políticos complejos en los que a poco más de 75 días de haber asumido, al Presidente le sigue costando encontrar dirigentes entusiastas que armen un sindicalismo albertista, que todavía es un bosquejo porque no llegó a constituirse como tal.

Sin dinero para repartir desde el Estado para calmar a las bases y con pocos espacios de poder en el Gobierno para lograr disciplinamiento de las cúpulas, es la primera vez que un gobierno peronista se enfrenta al dilema de convencer a los gremialistas sin el clásico kit de herramientas que a lo largo de la historia conformaron un infalible método de alineamiento político.

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