Desde el Frente de Todos porteño impulsarán que se declare la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos se reunió con el Defensor del Pueblo y otras autoridades de organismos públicos descentralizados para analizar las problemáticas habitacionales en la ciudad de Buenos Aires e impulsar la declaración de la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires.

Desde la oposición denunciaron que en la Capital hay más de 7 mil personas en situación de calle -de las cuales 800 son niños- y que los cerca de 300 desalojos inminentes son una amenaza para cientos de familias vulnerables.

"Esta situación es inadmisible en una ciudad con un presupuesto varias veces mayor a cualquier provincia o distrito. Solo con una buena gestión y empatía con el que sufre se puede resolver este problema", explicaron desde el bloque.

De la reunión participaron el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor; el Defensor General, Horacio Corti: el Asesor Tutelar, Gustavo Moreno; la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gigliardi; y el Auditor General, Lisandro Teszkiewicz.

Junto a los legisladores del Frente de Todos constituyeron una Mesa Institucional de trabajo para el estudio y seguimiento de la problemática habitacional, que también incluye la “insuficiencia” de los subsidios habitacionales de entre 5 y 8 mil pesos para cada familia, el “proceso de inquilinización con el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos”; la “imposibilidad del acceso al crédito” para la vivienda y el vaciamiento de los programas del Instituto de Vivienda.

Según la oposición, en la ciudad “no se cumple el derecho al acceso a una vivienda digna a pesar de que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales”.

La Emergencia Habitacional ya había sido impulsada por el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, a fines del año pasado. La medida significaría en los hechos la suspensión de los desalojos por un año.

Por otro lado, estipula la participación obligatoria del Gobierno en todas las subastas judiciales de inmuebles, la modificación del fondo “hábitat sustentable” y la creación de un nuevo programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.

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