Juan Félix Marteau
Juan Félix Marteau

Infobae dialogó con Juan Félix Marteau sobre el estado de situación de las políticas antilavado y contrafinanciación del terrorismo de la Argentina, considerando la coyuntura nacional e internacional. El experto argentino, profesor titular de criminología (UBA), fue coordinador nacional y representante argentino ante GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Actualmente se encuentra realizando una estancia académica en Tel Aviv, vinculado a un prestigioso instituto de estudios sobre seguridad nacional y terrorismo. En esta entrevista se refiere a cuáles deberían ser las prioridades y qué lugar darle a la UIF (Unidad de Información Financiera), y afirma que durante la gestión anterior el organismo fue puesto al servicio de intereses partidarios y usado para descalificar a adversarios políticos.

— ¿Cuáles son los principales aspectos a los que el nuevo gobierno debería dar prioridad en el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo?

— Las políticas de control del dinero vinculado al crimen organizado o al terrorismo han estado, en la Argentina, siempre acechadas por la partidización facciosa. Después de la administración que acaba de finalizar, se agrega el cáncer de la privatización y, por tanto, de la subordinación de la política estatal a intereses económicos y comerciales de operadores no estatales. Lo que quiero señalar es que los organismos antilavado de activos y contra-financiación del terrorismo difícilmente puedan adquirir la legitimidad que requieren si están orientados a investigar discrecionalmente los patrimonios del adversario interno o se encuentran presos de los financistas de turno del grupo gobernante. Por tanto, lo primero que a mi juicio debe hacer el nuevo gobierno es una verdadera “repolitización” de este tipo de controles, en el sentido de que las relaciones de mando y obediencia sean organizadas para cuidar y proteger a la sociedad toda de la depredación que produce el dinero de las mafias. En definitiva, la “repolitización” de esta lucha es hacer que la racionalidad estatal contribuya a la unidad y el bien común de los argentinos.

¿Cómo se traduce esta “repolitización” del combate contra el crimen financiero?

— En una coyuntura tan difícil como esta, la única apuesta realista es seguir un lineamiento estratégico que defina con claridad cuál es el interés nacional que la Argentina persigue al formar parte de una comunidad internacional que impone permanentemente nuevos estándares en esta materia. El interés nacional es lo que permite ser miembro activo de la misma (no pasivo como hasta ahora). La próxima evaluación mutua que el país enfrentará en 2021 ante GAFI plantea como siempre el desafío de saber si el Gobierno conseguirá encontrar un norte orientador propio. Por lo pronto hay que superar la superficialidad y banalidad con la que se manejaron los asuntos en estos últimos años de “retorno a los mercados”. Cuando me tocó coordinar el cierre de la segunda evaluación en 2007, lo hicimos con la primera agenda nacional en la mano. Eso coloca las cosas en su lugar: las recomendaciones son el piso necesario, pero la definición de los enemigos que vamos a combatir es de la Argentina. Con identidad propia. Todo esto debe ser hecho en el marco de una política general orientada a que el país pueda salir de la debilidad institucional, la crisis económica y la fragmentación social en la que hoy se encuentra.

¿Cuales serían los aspectos más relevantes de esta estrategia nacional?

Insisto, lo primero es saber si vamos a combatir a los esquemas de evasión sistémica, a las bandas de contrabandistas, a los narcos o a quién. Si vamos a tener una toma de posición seria con los financistas de Hezbollah o sólo vamos a designarlos “formalmente” como terroristas, sin tocarles un peso. También es importante estrechar filas con los aliados con los que tengamos intereses comunes en éste y otros campos estratégicos, llámense los Estados Unidos, Israel o cualquier otro. Este escenario de la lucha contra la criminalidad financiera genera mucha alienación: nos movemos en función de una imagen, como el perro que ladra frente al espejo. Hay dirigentes que nos quieren hacer creer que estamos controlando la circulación de dinero crítico cuando perdonamos arbitrariamente a los evasores masivos, cuando dejamos intactos los canales espurios de la financiación paralela de la política, etc. Otro gran tema estratégico es saber qué vamos a hacer con la información financiera, para qué sirve.

El abogado Carlos Cruz es el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF)
El abogado Carlos Cruz es el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF)

En qué sentido, ¿cuál es la finalidad de la inteligencia financiera?

— Evidentemente, hay que replantearse qué tipo de información el Estado necesita que procesen los bancos y las otras entidades obligadas de sus clientes. Los bancos han invertido mucho en crear gerencias de control y reporte de operaciones sospechosas, han generado una big data, pero el Estado no les ha indicado dónde están los blancos a los que hay que apuntar. Por alguna razón, los que “condujeron” la política económica hacia el mayor endeudamiento de la historia del país bloquearon toda tentativa de realizar una evaluación de riesgos y una estrategia nacional (las recomendaciones 1 y 2 de GAFI quedaron incumplidas). Es objetivo, dejaron un Estado más debilitado, esto es, más neutralizado. Ejemplo de ello es que se protegió la economía sumergida en donde operan millones de dólares todos los días. Es evidente que cuando ese dinero llega al sistema financiero regulado ya casi ha perdido el rastro de su origen delictivo. Si no iluminamos la circulación clandestina de bienes y dinero, la lucha contra el lavado y la financiación de actores criminales es una completa parodia.

¿Cómo se vincula la inteligencia financiera con otras formas de hacer inteligencia, ahora que se ha intervenido la AFI ?

— Soy de la idea de que la UIF debería formar parte del sistema de inteligencia nacional y que, en el marco del mismo, tendría que estrechar su relación funcional con la inteligencia criminal. Esto permitiría abordar el complejo tema del uso de información confidencial en la investigación penal, un tema que luego de la última “campaña del cambio por la transparencia y contra la corrupción”, quedó completamente tergiversado: la UIF fue usada facciosamemte contra los funcionarios del gobierno precedente, se modificó la ley de lavado mediante la ley de blanqueo, se utilizó discrecionalmente información financiera bajo la ilegítima invocación de que era reservada, etcétera. Una cantidad de acciones que impactan negativamente en los actores del sistema, que perciben que los datos que obtuvieron de los clientes no se destina a la lucha contra la gran criminalidad.

Entiendo que se encuentra en Israel analizando justamente este tema de la relación entre inteligencia e investigación penal. ¿Se trata de una estancia académica?

— Una estancia en un país como Israel es, a la vez, académica, profesional y política. Es la articulación de estos tres campos lo que permite pasar del concepto a la acción de un modo racional y productivo. Me interesa particularmente saber como se pueden introducir y utilizar como evidencia insumos de inteligencia financiera en un proceso penal. Este tema hay que trabajarlo en el plano legislativo del sistema acusatorio. En el orden actual todo está atado con alambres, partiendo de la base que la ley de sinceramiento fiscal legitimó los “informes de inteligencia” de la UIF. Ningún juez, fiscal o defensor puede hacer su tarea si no conoce las fuentes de la evidencia. Al mismo tiempo, sin información reservada no se pueden detectar los esquivos canales del dinero ilícito. Por eso digo que hay que trabajar muy seriamente sobre estos aspectos para alcanzar mejores leyes, protocolos y buenas prácticas para reprimir el crimen financiero.

Juan Félix Marteau
Juan Félix Marteau

Específicamente en materia de terrorismo y su financiación, léase Hezbollah, ¿existen elementos objetivos que permiten tener expectativas de que estos temas estarán en la agenda del nuevo gobierno?

— En materia de terrorismo, por un lado, la Argentina está como cualquier país que forma parte de la comunidad internacional organizada a cumplir sin dilaciones con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí hay mucho por ordenar en materia legislativa, donde no tenemos una legislación integral. Por otro, la herida que genera la impunidad de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA sigue abierta, de modo cada vez más dramático. Hay que reconocer que el kirchnerismo siempre tuvo este tema en agenda, incluso transnacionalizó el tema. Si dejamos de lado las lecturas conspirativas, la experiencia del frustado Pacto con Irán puede leerse como una tentativa -en este caso fuera de cualquier racionalidad política, considerando el enorme costo que pagó el gobierno en aquel momento- de dar respuesta a esta cuestión. La sociedad argentina sigue convulsionada con los fantasmas de la violencia y la injusticia que se agitan desde los atentados. Conjurar esos fantasmas con palabras y acciones es un desafío que puede dar una verdadera identidad a este gobierno. Las vueltas de la historia acá dan una chance.

¿Insisto, tiene expectativas de que estos temas estarán en la agenda del gobierno?

— No hay que pedirle todo al Gobierno. Así como dije que el Gobierno debe repolitizar la toma de decisiones en esta materia, también creo que la sociedad civil debe madurar y superar la divisiones partisanas en los temas centrales del país. No hay mucho margen para seguir con los enfrentamientos internos. Yo no me levanto cada día pensando qué van a hacer los dirigentes, sino cómo puedo generar acciones productivas desde mi actividad profesional, la fundación, la universidad, para influir positivamente en la agenda pública de estos temas. Para Hegel, ser burgués no es un problema de clase, como en Marx: burgués es el que aspira a vivir apolíticamente, sumergido en el mundo de sus intereses privados, dejando que la vida pública la manejen unos pocos. Concretamente, es el que, cada 4 años, dice: “Uuh, el país desbarrancó de nuevo, no me había dado cuenta que eran tan malos los que gobernaban”. El país necesita con urgencia también más espesor político de los actores no estatales.

¿Qué piensa de los nombramientos realizados por esta gestión?

En el caso de la UIF creo que hay un avance significativo. El nuevo presidente [Carlos Cruz, designado por Alberto Fernández] tiene experiencia profesional en esta materia, es respetado en su trabajo en la Universidad de Buenos Aires, con definiciones claras sobre la delincuencia económica. Por lo que conozco, es honesto. La UIF necesita contenido, posicionarse como un verdadero proveedor de inteligencia financiera. Además, todavía quedan en este organismo funcionarios que conservan el sentido material de la ética pública. Tengo expectativas en que habrá una repolitización positiva que deje atrás la partidización facciosa y también la privatización desgraciada de este último tiempo.

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