El Gobierno condiciona las jubilaciones al ajuste fiscal: una curiosa concepción solidaria

Santiago Cafiero ratificó esta semana que el próximo aumento para las jubilaciones saldrá por decreto y será por suma fija. Eso de un modo u otro estaba dicho. Lo que hizo explícito el jefe de Gabinete fue algo más: dijo que achatar la escala de haberes es una decisión -no una lamentable y temporal consecuencia- y que la definición del aumento está condicionada por la forma en que evolucione la situación fiscal. De ese modo, llamativo, las jubilaciones son parte del ajuste de las cuentas y a la vez, su mejora depende del resultado de ese ajuste.

No es lo único que suena paradójico. Todo el discurso, incluido o empezando por el que acaba de desplegar el funcionario de más alto rango en el gabinete, busca girar alrededor de un criterio solidario, o más aún, casi igualitario. Y en esa línea, en lugar de abrir el debate sobre la larga crisis previsional –siempre reclamado formalmente, también por esta gestión-, se traza una división gruesa que prácticamente descalifica la discusión.

Asoma otra mirada binaria. De un lado, todo sería solidario y del otro, insolidario. ¿Pobres y ricos, pueblo y antipueblo? La lista en blanco y negro puede ser más extensa y puede ser –lo ha sido en otras etapas- más riesgosa. Pero en el caso de las jubilaciones, es además fruto de una construcción que desnaturaliza la propia esencia del sistema previsional.

Cafiero dijo con razón que se trata de un problema que enfrentan muchos países porque colapsó la ecuación inicial entre trabajadores en actividad –aportantes, en un sentido más amplio- y retirados. Después, forzó el cuadro para referir a una desigualdad en lo haberes. Dijo que no se puede sostener un esquema de “jubilados de 300 mil pesos” y otros de 19 mil pesos, franja esta última que incluiría, dijo, al 80 por ciento de jubilados y pensionados.

Dicho así, suena fuerte. Pero es sabido que cifras de máxima como las referidas pueden ser encontradas en algún régimen de privilegio. Las estadísticas admitidas por todos señalan que casi 4,5 millones o poco más cobran la mínima, y que alrededor de 2,5 millones están por encima de ese piso pesos pero muy lejos de aquellas montos casi provocadores de 300 mil. Tal vez el promedio de esa masa por encima del mínimo haber no supere por mucho los 40 mil pesos mensuales. No parecen ricos.

Vale desbrozar un poco los elementos en juego. Por un lado, existe una crisis larga entre cantidad y características de aportantes frente al número de jubilaciones y su extensión en el tiempo, sin contar los fondos por recaudación de impuestos. A eso se suman otros factores, como los efectos de la precarización laboral y los usos de la caja de la Anses. Pero además, estaría en discusión la concepción sobre la propia naturaleza del sistema previsional.

El Gobierno habla, con un sentido aparentemente reparador, de achatar la pirámide para darle mayor porcentaje de incremento a las jubilaciones más bajas. Y admite que quienes cobran por encima de los 19 o 20 mil pesos podrían perder frente a la inflación en la medida que se asciende en esa escala.

Dicho en otras palabras: se establecería una suba de la masa total de fondos, pero se los distribuiría mediante una cifra fija con ese resultado: los que más cobran serían “solidarios” con los que menos cobran. Es decir, todo entre jubilados. Algo que, sostenido en el tiempo, terminaría por pulverizar la acotada ecuación entre niveles de aportes –también, los años computados- y niveles de haberes.

A esa distorsión sobre el concepto más amplio de generación y distribución de recursos, se suma un criterio forzado, ajeno al sistema previsional o a lo que ha sido en este país.

Se trata aquí de un sistema solidario en sentido intergeneracional: los activos aportan para sostener a los “pasivos”, en una sucesión permanente. Y también, de hecho, en cierto sentido intrageneracional. Los mayores haberes tienen cierta relación con un promedio de aportes, aunque lejos, por supuesto, de los sistemas de capitalización al estilo de que lo fueron las AFJP, que aquí resultaron un gran negocio además de una negación del concepto solidario en materia previsional. Eso, claro, no lo asimila al planteo presuntamente equitativo del Gobierno.

Ocurre además que no pesan sólo factores exclusivamente previsionales. Lo dice el propio Gobierno: todo dependerá de la evolución del cuadro fiscal. Se supone que también determinaría el proyecto de nueva movilidad jubilatoria. Ese objetivo superior -el control de las cuentas- se presenta naturalmente como un elemento básico para revivir la economía. Y es al mismo tiempo un mensaje al FMI y a los acreedores privados, en momentos sensibles para el inicio de las negociaciones.

La deuda es un desafío central y vital para la gestión de Alberto Fernández. Y los tiempos no son extensos. El anuncio del envío de una ley marco para la renegociación anticipa, al menos en la presentación que hizo el ministro Martín Guzmán, una pulseada que incluirá tasas, plazos y seguramente quitas.

En los primeros renglones también se anota la inflación, que según entidades de consumidores sigue amenazante a juzgar por datos de la primera mitad de enero. Y la contención de reclamos sindicales y sociales, con interrogantes abiertos en el mediano plazo.

Todas esas piezas se mueven en el complejo tablero donde el Gobierno juega su partida del ajuste de las cuentas. Los cambios y las crisis previsionales se vienen sucediendo desde la mitad del siglo pasado. Y en ningún caso se discutió la sostenibilidad del sistema: fueron determinantes los apremios de coyuntura. Nada que pueda ocultar el discurso.

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