El gobernador Axel Kicillof impulsó una mesa de diálogo interinstitucional para analizar medidas que reduzcan la población carcelaria.
El gobernador Axel Kicillof impulsó una mesa de diálogo interinstitucional para analizar medidas que reduzcan la población carcelaria.

Una mesa de diálogo interinstitucional entre los tres poderes del Estado, expertos en temas penitenciarios y organismos de derechos humanos dio el puntapié inicial para bajar la cantidad de presos de las 60 cárceles de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentran en una “crisis” de superpoblación. Según un informe de Casación Penal, la infraestructura carcelaria aloja a 48.827 reclusos, cuando la capacidad del sistema es de apenas 25.000.

El segundo encuentro ocurrió el jueves pasado, cuando se puso de manifiesto la “creación de una mesa ejecutiva que busque aliviar la superpoblación penitenciaria”, según anunció el ministro de Justicia bonaerense Julio Alak. En la reunión estuvieron la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), miembros del Servicio Penitenciario provincial y del Poder Judicial federal, el procurador General Julio Conte Grand, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino y organismos de derechos humanos.

El comité técnico, que se juntará el próximo 6 de febrero por impulso del gobernador Axel Kicillof, incluirá la participación de presidiarios y sus familiares, luego de realizar inspecciones en alcaidías, comisarías y unidades penales. El procedimiento permitirá actualizar las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad.

Hubo un acuerdo generalizado de los tres poderes sobre la situación crítica del sistema penitenciario bonaerense. Son dos servicios penitenciarios metidos en uno solo, con condiciones inhumanas de detención e infraestructura. El diagnóstico es compartido”, subrayó Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La intención de reducir la población carcelaria plantea un desafío acerca de cuáles serán los caminos para empezar a resolver la emergencia penitenciaria, que fue declarada el año pasado por el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Lo cierto es que los instrumentos no están exentos de polémica. De acuerdo a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) hay entre 10 mil y 15 mil internos “en condiciones de salir”. Ese comentario generó ruido en el gobierno bonaerense, que emitió un comunicado en el que descartó una “liberación masiva” semejante de las unidades penales y advirtió que la mesa “nunca analizó ni analizará medidas de excarcelación anticipadas a las penas establecidas” por los jueces.

No hace falta ni bajar penas ni liberar a nadie. Vamos a intentar bajar la población carcelaria apelando a las herramientas que nos brinda la legislación vigente”, señaló a Infobae uno de los voceros del gobierno bonaerense.

En la mesa de diálogo se plantearon distintas alternativas, como modificar el criterio en la aplicación de la Ley de Ejecución Penal, reorientar la política criminal en aquellas detenciones sobre delitos considerados “leves” o flexibilizar el uso de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires cuando no existe el riesgo de fuga. También se mencionó abordar otro enfoque para las aprehensiones en las comisarías, y dotar de “conocimiento científico” y “objetivo” los informes criminonológicos, piezas fundamentales para otorgar las salidas transitorias o establecer una mayor progresividad en las penas.

Si bien desde el gobierno de Kicillof rechazan esa posibilidad, ¿es posible que se reduzcan o conmuten las condenas?

“Es una variable que se conversó, pero como parte de una de las distintas medidas para encarar durante la línea procesal. Casación Penal lo plantea como una estrategia posible”, sostuvo Litvachky del CELS. La especialista suele mencionar como un caso testigo el de Matías Iberra que fue arrestado el 26 de junio de 2019 por el hurto de un mate. La Justicia lo dejó preso en una comisaría de Merlo y murió cuatro días después, fruto de golpes en su celda.

Detenidos a favor de la huelga en el penal de Sierra Chica.
Detenidos a favor de la huelga en el penal de Sierra Chica.

Por su lado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) apoyó revisar el uso extendido de la prisión preventiva y el criterio de encierro de mujeres con hijos. Sobre las madres y los detenidos con delitos leves, hubo acuerdo en la mesa interinstitucional de que se definan criterios más laxos para que no permanezcan en el sistema penitenciario. Mientras tanto, lo que sí se descarta es la construcción de nuevas cárceles, al menos hasta que se tenga presupuesto provincial en el mes de marzo.

El problema en las cárceles bonaerenses viene de larga data. Según datos oficiales, un informe de 2017 consignó que ya había 42 mil reclusos. El perfil de los detenidos se distribuía de la siguiente manera: el 96% son varones, el 60% menores de 35 años, el 94% argentinos y el 69% de este total con estudios hasta primario completo. El 42% reconocía no tener un trabajo al momento de ser detenido, estar desocupado y solo el 24% realizaba un taller de capacitación laboral.

La Provincia de Buenos Aires goza de una tasa de encarcelamiento superior a la media nacional, de 300 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Los conocedores en el tema advierten que no hay razones que lo justifiquen.

Ante la crisis del sistema penitenciario, la liberación de detenidos por razones humanitarias, jurídicas y políticas a veces puede tener costos políticos. El año pasado, Infobae reveló la existencia de una lista de 1.111 presos del Servicio Penitenciario Federal con la recomendación de que sean beneficiados por decisión judicial con la libertad condicional o la prisión domiciliaria bajo supervisión con tobillera electrónica.

La nómina en cuestión incluía unos 94 condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que figuraban Jorge “El Tigre” Acosta, jefe del grupo de tareas de la ESMA y Julio Simón, alias “El Turco Julián” o el ex capellán Cristian von Wernich. El hecho desató el repudio en las redes sociales, de parte de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos.

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