El Gobierno bonaerense convocó a expertos jurídicos y de derechos humanos para buscar respuestas a la crisis penitenciaria

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires anunció la creación de una mesa de diálogo

Julio Alak sentado a la cabecera; el juez Gustavo Hornos a su derecha
Julio Alak sentado a la cabecera; el juez Gustavo Hornos a su derecha

En el marco de la emergencia carcelaria que fue declarada por el Gobierno de Mauricio Macri, expertos en temas jurídicos penitenciarios, especialistas en derechos humanos, integrantes de la sociedad civil y del Ministerio de Justicia bonaerense recorrerán a partir de febrero las unidades penales de la provincia de Buenos Aires para escuchar los reclamos de quienes están detenidos y también de sus familiares, y evaluar las condiciones de detención.

La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, que adelantó la creación de un comité técnico ejecutivo que mantendrá encuentros con presidiarios y sus familiares desde el 5 de febrero. De esas reuniones participarán además legisladores e integrantes de organismos de Derechos Humanos.

Las inspecciones por las distintas cárceles se terminaron de establecer en una reunión de la mesa de diálogo integrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), integrantes del Servicio Penitenciario provincial, miembros del Poder Judicial federal, el procurador General Julio Conte Grand, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

“En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva con la función de aliviar la superpoblación penitenciaria, que es la más alta en la historia de la Argentina”, expresó Alak y destacó que “nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna Provincia que tenga una superpoblación del 110%”.

El juez Hornos encabeza una visita al Penal de Ezeiza (Foto: Centro de Información Judicial)
El juez Hornos encabeza una visita al Penal de Ezeiza (Foto: Centro de Información Judicial)

Estos problemas son muy complejos, donde está en juego la entidad humana de la justicia. Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad”, señaló el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.

En esa línea, el Presidente Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles elogió la creación de la mesa de diálogo: “No existía una mesa de la que formen parte diversas instituciones como se ha hecho”. “La provincia está en una situación de emergencia penitenciaria, reconocida por las autoridades nacionales, que declararon la emergencia del sistema federal. Nos pusimos de acuerdo que frente a la crisis. El Poder Judicial, lejos de retraerse, debe desarrollarse y ampliar el control judicial”, detalló.

Esto requiere acción en la realidad, no es un ejercicio teórico. Hay casi 55 mil personas privadas de la libertad y al sistema penitenciario hay que sumarles quienes están en comisarías y destacamentos federales. Hay que tomar medidas contra la sobrepoblación y para hacer esta transformación se necesitan los tres poderes del Estado”, aseguró Hornos, que resaltó que en el marco del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles “fuimos a todos los lugares donde hay detenidos federales. Para resolver un problema hay que conocerlo”.

“Estos monitoreos de inspección que se hacen según las reglas Mandela de las unidades penitenciarias; buscan prevención de daños, de violencia y tiene un efecto de acceso inmediato al sistema judicial. Si un juez va con un fiscal, en muchos casos es la primera vez que se acerca al poder judicial a quienes están privados de la libertad”, concluyó.

Durante el encuentro, también se informó que el jueves 6 de febrero se van a reunir los equipos técnicos que buscarán generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de Derechos Humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal. Los encuentros se llevarán de manera mensual, con una evaluación trimestral.

También participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte provincial, José Villafañe; el defensor del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Mario Coriolano; la senadora Agustina Propato; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el capellán del Servicio Penitenciario bonaerense, Carlos Pont Gasques; representantes de la CPM; el procurador General, Julio Conte Grand; y el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; entre otros.

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