Cristina Kirchner
Cristina Kirchner

Las definiciones sobre la prisión preventiva de Cristian Kirchner y la recusación del fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos quedarán para febrero. Es que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy rechazar el planteo de la Sala III que reclamaba la remisión de la causa de las anotaciones de Oscar Centeno y todas sus derivadas, por una causa conexa anterior.

Ahora, si la Sala III insiste en plantear la competencia, un plenario integrado por seis camaristas deberá decidir qué tribunal se queda con el expediente. La votación estará a cargo de los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Carlos Mahiques.

La defensa de Cristina Kirchner había urgido el viernes pasado a una definición sobre la prisión preventiva de su clienta a través de un trámite llamado “pronto despacho”. El tramite se había suspendido sobre este conflicto de competencia.

En una de las primeras decisiones que toman por unanimidad en la causa de los cuadernos, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa decidieron hoy ratificar su competencia en el expediente en el que intervienen desde el inicio de la investigación. Fue una resolución en duros términos, en donde la jueza Figueroa señaló que el pedido “no resulta ajustado a derecho ni aprueba el test de razonabilidad que la Constitución Nacional impone”.

Tal como lo relató Infobae, la causa de los cuadernos originalmente se sorteó a fines de 2018 en Casación para revisar excarcelaciones y el trámite cayó en la Sala II, pero se dispuso que fuera remitido a la Sala I por su conexidad con la causa de Gas Nacional Licuado (GNL). Ese fue el expediente que permitió que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli permanecieran en la instrucción de los cuadernos que fue acumulando otras causas ya existentes o que se iniciaron a raíz de ésta.

Cuando ya se habían hecho las audiencias en donde la defensa de Cristina Kirchner pedía revocar su prisión preventiva y la del ex funcionario Roberto Baratta reclamaba la recusación de Stornelli, y luego de que la Sala I de Casación dictara un fallo que permitió la excarcelación de Baratta y del ex ministro Julio De Vido, la Sala III de Casación, encabezada por la jueza Liliana Catucci junto a sus colegas Eduardo Riggi y Guillermo Giacobucci, reclamó formalmente a sus colegas que le entregaran todas las causas. Decían que en su sala se tramitan dos causas ligadas a los cuadernos: una por subsidios al transporte ferroviario, en donde están procesados los ex secretarios Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime junto a la ex presidenta y el ex ministro Julio De Vido; y otra ligada al lavado de dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner ya fallecido.

“Si bien la Sala III ha invocado la relación de conexidad entre once procesos que sólo han sido acumulados jurídicamente –más no materialmente- y el criterio uniforme de esta Cámara Federal de Casación Penal en punto a que una vez declarada en la instrucción la conexidad entre varias causas es el tribunal que ya conoció o está conociendo en alguna de ellas con motivo de la primera radicación es el que debe continuar con su tramitación, lo cierto es que la jurisprudencia también es pacífica al reconocer que dicho criterio debe ceder en determinados casos”, dijeron los jueces Petrone y Barroetaveña.

La jueza Ana María Figueroa, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (NA)
La jueza Ana María Figueroa, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (NA)

También recordaron que ya se había rechazado enviar el caso a la Sala IV por otra causa por, entre otras cosas, "la cantidad de decisiones que se habían tomado a esa altura”. Repasaron que allí estuvo de acuerdo el fiscal Mario Villar, diciendo que “la distribución de las causas entre las distintas Salas de la Cámara responde a una cuestión de índole administrativa y que la conexión de causas opera como una alternativa al sorteo para evitar el dispendio de la actividad jurisdiccional y la posibilidad de sentencias contradictorias”. “Las razones de economía procesal para la inhibitoria resultaban extremadamente débiles”, se añadió.

El criterio antes sustentado resulta plenamente aplicable al presente proceso teniendo en cuenta que la causa nº 10.456/14 (subsidios) se encuentra radicada en esta Sala hace más de dos años, mientras que la nº 9608/18 (cuadernos) tramita en esta sede hace un año y tres meses; que se han dictado, a la fecha, diecinueve resoluciones en la primera de las mencionadas, y cuarenta y una en la segunda; y que la solicitud de remisión de causas conexas por parte de la Sala III ha sido formulada en términos genéricos, debiendo destacarse que no se advierte ni se ha invocado la posibilidad del dictado de resoluciones contrapuestas al diferir las cuestiones a decidir. Tales circunstancias nos llevan a concluir que, de momento, no corresponde la remisión de las actuaciones a la Sala III de esta Cámara”, afirmaron Petrone y Barroetaveña.

Insistieron además que “existe otra razón que demuestra que la remisión requerida no puede prosperar y es que en los legajos CFP 9608/2018/299/CF25 –en el que se encuentra recurrida una recusación- y CFP 9608/2018/174 -en el que fueron recurridas las prisiones preventivas confirmadas” y “los procesamientos dictados por esa judicatura- se encuentran en plena etapa de deliberación”.

Y remarcaron que en una acordad de Casación de 2016 se resolvió que “el tribunal integrado al momento de fijar la audiencia de informes prevista en el artículo 465 CPPN, último párrafo debe resolver el recurso atinente a esa convocatoria, cualquiera fuese la subsiguiente composición”. “Además de que la radicación de las causas ha sido consentida por todas las partes, corresponde destacar que no sólo se han fijado las audiencias, sino que éstas ya se han llevado a cabo, restando exclusivamente el dictado de la resolución”, se añadió.

En su voto, la jueza Figueroa opinó que “la presentación efectuada por la Sala III que convoca a este Acuerdo no resulta novedoso, pues han pretendido darle trámite bajo diversas formas y en cada una de ellas, en el marco de distintos expedientes (alguno de ellos, sin estar en trámite ante esta Cámara), aunque ahora haya sido acompañado de una resolución conjunta de los jueces integrantes de la referida Sala”.

Y subrayó que “no se aclaran los motivos que a tenor de la magistrada (Catucci) generarían el requerimiento”. “La señora presidenta de la Sala III de este cuerpo ha señalado que ‘…a consecuencia de la relación de conexidad resultante, la Sala I ha remitido algunos de los expedientes conexos…’. Lo afirmado por la doctora Catucci no es correcto pues la remisión efectuada por esta Sala no lo fue en términos de conexidades advertidas o señaladas, ni de una declaración de inhibitoria de esta Sala I”, aseguró.

“Lo expuesto no constituye una formal inhibitoria, dado que no se encausó ni sustanció mediante las formas que la ley procesal prevé en aquellos casos en los que un tribunal reclama para sí la competencia de un expediente que se encuentra tramitando en otro órgano jurisdiccional, se encausó bajo la forma de un requerimiento administrativo. En rigor, se trata de un pedido de remisión simple de una serie de expedientes sin identificar las razones, y a la fecha sin fundamento jurídico que amerite por el momento la intervención de un Acuerdo de esta Cámara en pleno”, añadió.

En ese sentido, la jueza afirmó: "se han utilizado términos como si fueran sinónimos tales como ‘conexos’, ‘vinculados’, ‘afectados’, sensación que toda la administración política de un período gubernamental debe ser investigada y juzgada por un solo juez de instrucción, un solo tribunal oral, una sola Sala de la Cámara de Apelaciones Federal y una sola Sala de la Cámara Federal de Casación Penal, sin analizar minuciosamente los diferentes objetos procesales, lo cual no resulta ajustado a derecho ni aprueba el test de razonabilidad que la Constitución Nacional impone. En definitiva, no surgiendo con claridad y conforme a derecho los términos legales ni las correspondientes motivaciones jurídicas en las cuales la señora magistrada se dirige a este Cuerpo, voto por no hacer lugar a la remisión solicitada por la Sala III de esta Cámara Federal de Casación Penal y remitir copia de la presente resolución a sus efectos”.