Tras la marcha atrás del gobernador de Mendoza, la Legislatura provincial se encamina a derogar la nueva ley de minería

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, convocó para este lunes una sesión especial de la Legislatura provincial para derogar las modificaciones a ley de minería. A pesar de haber impedido su reglamentación, a raíz de una masiva manifestación social, el mandatario se vio nuevamente acorralado y tuvo que volver a ceder ante la presión popular.

Es que Suárez tenía previsto dejar sin efecto la norma recién en mayo, al comienzo de las sesiones ordinarias. Pero tuvo que adelantar los planes ante el temor de la cancelación de la Fiesta de la Vendima ya que muchas de las reinas departamentales pertenecen a los distritos donde se iban a realizar la inversión minera.

La sesión especial está prevista para las 9 de la mañana en el Senado y se espera una fuerte presencia de activistas ambientales, organizaciones sociales y partidos de izquierda frente al edificio situado sobre la calle San Martín, en pleno centro de la ciudad.

“He tomado la decisión de enviar a la Legislatura la derogación de la ley”, había dicho el gobernador para dejar sin efecto la medida. "No existe licencia social para permitir a las mineras el uso de sustancias peligrosas”, había remarcado, sin fijar una fecha.

“Después de haber escuchado a los intendentes decidí enviar la derogación de la ley 9209 y el restablecimiento de la ley 7722 en toda la provincia, eso tiene que ver que si bien esta ley es legal no tiene la legitimidad del pueblo. No dimensionamos esto y como gobernador asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir. Lo hizo con el convencimiento que la matriz productiva de Mendoza tiene que tener un cambio, pero también dije que tiene que ser legítima y la del pueblo no está. Nosotros escuchamos”, dijo el gobernador en conferencia de prensa este viernes por la noche.

“Para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”, agregó Suárez, en referencia a las protestas que se armaron en la calle espontáneamente durante la última semana. De hecho, minutos después del anuncio del Gobernador muchos ciudadanos mendocinos comenzaron a concentrarse en el kilómetro cero de la capital para celebrar la decisión.

La reforma había sido aprobada una semana antes por el parlamento provincial desatando fuertes movilizaciones. El 23 de diciembre, miles de personas que se manifestaron en contra de la norma frente a la Casa de Gobierno mendocina fueron reprimidas por la policía con gases. Como saldo de eso enfrentamientos hubo 19 policías heridos y 16 manifestantes arrestados.

Decididas a enterrar por completo la ley, numerosas organizaciones ambientalistas habían anunciado una “gran movilización” nacional para el próximo lunes, además de una marcha con banderas argentinas este domingo por la noche. Según la ONG Greenpeace, la reforma permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos.

Los opositores a la norma alegan que el uso de químicos contaminará el agua y provocará una escasez aún mayor del líquido en Mendoza, afamada internacionalmente por sus vinos.

Mendoza es una provincia árida cuya actividad agrícola depende del riego artificial y del agua del deshielo de los Andes. El calentamiento de los últimos años mermó el tamaño de los glaciares, las precipitaciones se volvieron cada vez más escasas y la competencia por el agua cada vez es más fuerte.

"Lo que más quiero es cuidar el agua, si no frenamos este cambio climático va a ser tarde para generar inversiones. Es mentira que por minería hay contaminación. Los mendocinos podemos hacer las cosas bien. Es la pobreza de cada uno de los mendocinos lo que me mueve, pero si no hay consenso social, no lo haremos”, aseveró Suárez para dar por termino el conflicto.

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