Comenzó el juicio contra dos acusados por los incidentes en las manifestaciones de diciembre de 2017 durante el debate de la reforma previsional

A Cesar Arakaki y Daniel Ruiz se los juzga por intimidación pública, atentado a la autoridad y lesiones. Los otros dos acusados que habían sido enviados a juicio oral, Dimas Fernando Ponce y Mariano Ernesto Stansiola, acordaron una probation

Cesar Arakaki durante la agresión a un policía (Télam)
Cesar Arakaki durante la agresión a un policía (Télam)

Dos de los manifestantes que participaron de los incidentes del 18 de diciembre de 2017, cuando se votaba la ley de reforma previsional, comenzaron a ser juzgados hoy por intimidación pública, atentado a la autoridad y lesiones. Se trata de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz. Los otros dos acusados que habían sido enviados a juicio oral, Dimas Fernando Ponce y Mariano Ernesto Stansiola, acordaron una probation y no llegaron a estar sentados en el debate.

Arakaki fue uno de los militantes fotografiados cuando atacaban a un policía caído en la Plaza de los Dos Congresos, con el palo de una bandera emulando una lanza. Ruiz, en cambio, fue identificado junto a Sebastián Romero, conocido como “el Gordo Mortero”, quien aún está prófugo por esta investigación y la semana pasada, desde la clandestinidad, llamó a resistir en Chile y se declaró un perseguido político.

El juez federal Javier Feliciano Ríos, del Tribunal Oral Federal 3, comenzó el debate en donde el público estaba constituido por militantes del Partido Obrero, que se movilizaron hasta los tribunales de Comodoro Py y que buscaron un lugar en la pequeña sala de audiencia. Entre ellos estaba el ex diputado Luis Zamora y la actual legisladora Monica Schlottauer. También estuvo presente la abuela de Plaza de Mayo Nora Cortiña.

Sin embargo, el debate comenzó con un tropiezo: la querella de Brian Escobar, uno de los policías que fue atacado en aquella movilización y que llegó a la audiencia con un yeso en su brazo, reclamó que se anulara el debate. Lo hizo fuera de tiempo, sin que el juez siquiera lo autorizara a hablar.

-“Esto es de nulidad absoluta”, clamó el abogado de Escobar.

-“No le di la palabra”, le dijo el juez.

-“Lo recuso, entonces”.

El foco de la crítica de la querella radicaba en que al debate había llegado a juicio sólo Arakaki, mientras que al segundo acusado por la agresión de su defendido, Dimas Fernando Ponce, había aceptado una probation y no estaba sentado en el banquillo. “Acá se ha hecho una separación de juicio sin corrernos vista. Esto es una violación flagrante, una nulidad absoluta”, reclamó.

Sacándose los lentes, el juez le dijo que estaba planteando esta cuestión cuando aún no se había iniciado el debate. Correspondía escuchar la lectura de elevación a juicio que había hecho la fiscal Alejandra Mangano y luego escuchar eventualmente los planteos.

Sebastián Romero (Nicolás Stulberg)
Sebastián Romero (Nicolás Stulberg)

Fue así que se dio lectura a ese requerimiento en donde Mangano, la fiscal de instrucción, describió cómo Arakaki y Dimas Ponce atacaron y dejaron gravemente lesionado al oficial ayudante Brian Fernando Escobar. Según la descripción, durante los incidentes, Escobar perdió el casco y cayó al piso. Los golpes le provocaron una fractura de cráneo, pérdida de audición del oído izquierdo, cortes y escoriaciones. “Le tiraron con una piedra de una pelota de fútbol. Lo cubrí con el escudo porque no tenía casco”, declaró uno de los compañeros de Escobar. “El grupo de gente se lo quería llevar”, dijo otro.

“César Javier Arakaki habría empleado sobre Escobar (como mínimo), dos objetos cortantes de confección casera, uno en cada mano, mientras que Dimas Fernando Ponce, habría aprovechado el estandarte de la bandera que portaba, para con el continuar la golpiza del agente policial. En el contexto mencionado, les atribuyo a Arakaki y Ponce el haber arrojado piedras y demás elementos contundentes contra todo el personal policial que estaba conformando una línea de contención para evitar el avance hacia el Congreso de la Nación. Puntualmente, Arakaki empleó dos objetos cortantes, mientras que Ponce, utilizó para amenazar al personal policial el estandarte de la bandera que portaba; todo ello con el fin de infundir temor público, suscitar tumultos y desórdenes”, dijo la acusación.

En ese sentido, el Ministerio Público aseguró que, mientras en el Congreso se debatía la reforma previsional (después de una fallida sesión la semana anterior en donde también hubo incidentes y detenciones), “los agresores se habrían concentrado principalmente en las cercanías de las vallas dispuestas alrededor del palacio legislativo en el marco del operativo de seguridad montado ese día; y habrían empleado diversos tipos de armas de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, materiales con capacidad para producir explosiones, tuercas, canicas, piedras de tamaño considerable, bombas de estruendo; como todo tipo de elementos contundentes". Además, “los integrantes del grupo habrían derribado algunos de los paneles de contención para avanzar sobre las fuerzas de seguridad y llegar al Congreso de la Nación”.

Arakaki estuvo preso una semana. En tanto, Díaz permaneció preso desde el 12 de setiembre de 2018 hasta octubre último. A Díaz lo identificaron como la persona que acompañaba a Sebastián Romero, cuando disparaban armas de fabricación casera. “No puede pasar por alto la vinculación que tenía Ruiz con Sebastián Romero, ello así no solo porque se los puede observar en el video actuando de modo conjunto, sino que además como producto de la pericia llevada a cabo sobre la computadora secuestrada al aquí imputado se logró obtener archivos relacionados con Romero”, dijo la acusación.

“Las conductas indicadas que aquí se reprochan a Daniel Oscar Ruiz encuentran fundamento y sustento en las imágenes y grabaciones obtenidas (registradas en el lugar el día de los acontecimientos) que muestran con claridad la existencia y accionar de un grupo de personas que de manera previa se habían organizado para irrumpir en la manifestación pacífica, de modo sistematizado, con claro reparto de funciones”, se afirmó.

Según la lectura de la causa, “el saldo de los incidentes generados por estos sujetos, significó la cantidad de 151 personas (entre civiles y personal policial) que debieron ser asistidas por el SAME, y que culminaron en 146 traslados de personas lesionadas traumatismos de diversa entidad (se registraron 80 personas civiles y 66 agentes policiales); y la detención de 69 personas.”

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