Chubut y reclamos provinciales de fondos: los temas densos que superan la campaña

Chubut se transformó en el caso extremo de un cuadro provincial que tensa la cuerda nacional. Activó contactos reservados entre el círculo de Alberto Fernández y el Gobierno –hubo adelantos de fondos para tratar de desactivar la protesta social, aun extendida- y también gestiones para evitar que la interna peronista local deje sin sillón al gobernador Mariano Arcioni. Menos ruidosas, otras gestiones de mandatarios del PJ y necesidades de distritos oficialistas coincidieron para descomprimir problemas surgidos del “reperfilamiento” de deuda. Pero un capítulo denso sigue abierto: la Corte estaría cerca de definir los reclamos provinciales sobre coparticipación por la rebaja de IVA y Ganancias.

Las sumas en juego son distintas. Y en diferente medida, los componentes políticos. Lo expuso la última postal federal de campaña del Frente de Todos: incluyó a Arcioni como parte del estrado que exhibió a Alberto Fernández en una viña y bodega cotizada de Luján de Cuyo. En medio de otros gobernadores, una presencia incómoda –viaje en jet, con su provincia sacudida socialmente-, pensada tal vez para ratificar el oxígeno político suministrado desde el propio peronismo. Sergio Massa –su referente original en ese armado- fue el que más se movió, aunque no el único, para agilizar un adelantamiento de fondos nacionales y asegurar compromiso kirchnerista de acompañamiento en la provincia, a pesar de las heridas que dejaron los enfrentamientos electorales de hace poco más de tres meses.

Chubut sigue siendo una historia con final abierto. Y surgió como el caso más inesperado después de las PASO, aunque, dicen, ya antes circulaban malos pronósticos en base a su acelerado tránsito hacia la crisis –la provincia pasó del superávit al déficit en poco más de un semestre- y a los descuidados cálculos de política salarial-electoral.

En rigor, pasadas las primarias y camino a octubre, se abrieron tres frentes complejos y seguidos con atención por el Gobierno y por los gobernadores, sobre todo del PJ. Tres cuestiones delicadas en materia financiera y también, o en consecuencia, en el plano político. Son parte de los temas sensibles que han circulado por los canales de diálogo que habilitaron Mauricio Macri y Alberto Fernández, al principio con eje en el ministerio del Interior y después también con llegada directa a Hacienda.

Esos tres frentes tienen características diferentes. El primero, abierto en la Corte Suprema y con espacio acotado para la negociación entre las partes, es el reclamo de fondos por la poda de coparticipación que genera la eliminación del IVA para un conjunto de alimentos básicos y una modificación de Ganancias. El segundo está relacionado con la demanda de provincias petroleras por el impacto en sus cuentas del control temporario del precio de los combustibles. Y el tercero y más reciente, el sobresalto de al menos diez provincias enganchadas con papeles locales de deuda corta.

No sólo se trata de números, sino también de política aún en la difícil campaña que acaba de ser retomada. Abundan las suspicacias en el oficialismo y en las cercanías de Alberto Fernández; también, entre los gobernadores. Desde el cálculo más chico, como los supuestos beneficios políticos de la quita de IVA para algunos productos –cofinanciado de hecho entre la Nación y las provincias, todavía enojadas por la falta de consulta y la caída de ingresos-, hasta cierto malestar atribuido a jueces de la Corte por quedar involucrados en cuestiones esencialmente políticas.

La resolución del tema de las provincias afectadas por el “reperfilamiento” de deuda mereció algunos comentarios irónicos en medios peronistas, porque habían quedado complicadas Buenos Aires, la Capital y Mendoza. Al margen de chicanas, todos reclamaron una pronta solución y hubo rápida negociación. La salida también era urgente para Santa Fe, Río Negro y cinco distritos en manos peronistas: Catamarca, Salta, San Juan, La Rioja y Formosa.

Con intervención directa de los ministerios a cargo de Hernán Lacunza y Rogelio Frigerio, se armó un programa de asistencia que le permitirá a esas provincias ir rescatando fondos en Letes y Lecaps. En conjunto, suman poco más de 1.200 millones de pesos. Y se trata de fondos para el pago de salarios y otras cuentas regulares.

En la misma línea, fuentes del Gobierno consideran que de hecho fue quedando superada la tensión con las provincias petroleras por el control de precios de los combustibles. En este caso, se sumaba una señal inquietante hacia las empresas: una pésima combinación. Hubo negociaciones políticas y técnicas entre funcionarios nacionales y provinciales. Finalmente, en parte se compensó con subsidios el reclamo. Y hubo un aumento limitado de precios, que dejó abierta una puerta a las tratativas y le dio sentido parcial a la medida original.

Más complejo y extendido es el planteo hecho por quince gobernadores ante la Corte por la caída de coparticipación como consecuencia de las medidas que tomó Macri apenas pasadas las primarias y en medio de la disparada del dólar. Es una posición difícil la de los jefes provinciales: la queja es por el impacto en las cuentas provinciales, pero no pueden argumentar en contra de una baja del IVA. De hecho, demandan que se haga cargo el Gobierno y no que sean anuladas tales medidas.

Después de una ronda inicial de contactos, en el Gobierno admiten que no hay margen para una respuesta como la reclamada. En medios peronistas, se estimaba que el costo para los distritos podría ser superior a los 40.000 millones de pesos. Nunca quedó muy precisada la cifra, que en Hacienda consideraban bastante por debajo. Como sea y en el mejor de los casos, el Gobierno estaría dispuesto a tratativas muy puntuales por necesidades de adelantos de fondos, pero no a una compensación generalizada y de semejante volumen.

Así las cosas, los reclamos siguen la vía judicial. Es notorio que, al menos públicamente, bajó el volumen de la protesta de los gobernadores. ¿Cálculo electoral? ¿Señal política de hasta qué punto puede ser tensada la cuerda? Difícil saberlo. Por lo pronto, los escritos siguen en la Justicia. Y esta semana volvió a circular la versión según la cual la Corte podría pronunciarse poco antes de las elecciones de octubre.

Sin margen ni voluntad del oficialismo para dar marcha atrás con las medidas que generaron la respuesta de los jefes provinciales, es probable que el tema quede anotado en la agenda para el ganador de las elecciones que vienen. Un tema más.

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