Mariano Federici, titular de la UIF. (Adrián Escandar)
Mariano Federici, titular de la UIF. (Adrián Escandar)

La iniciativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que algunos abogados que participan en causas de corrupción, lavado de dinero derivado del narcotráfico, o tráfico de drogas justifiquen sus honorarios sigue generando controversia. El Colegio Público de Abogados salió a rechazar la medida y dijo que el organismo anti lavado no tiene competencia para reclamar esos datos. Pasado el temblor de las PASO, las autoridades de la UIF decidieron salir a respaldar la medida. "Los abogados, como cualquier otro profesional, deberían aspirar a que los fondos con los que su cliente remunera su tarea, sean legítimos y no ampararse en una garantía legal para obtener de su cliente parte del producido del ilícito", respondió el organismo que conduce Mariano Federici.

La UIF intimó en los últimos meses a 36 abogados para que informen cómo y cuánto cobraron por sus servicios. La mayoría aportó la información pero otros se negaron. Por ese motivo, el organismo anti lavado denunció a cinco de esos abogados por lavado de dinero. Los nombres se mantienen en reserva aunque trascendió el caso del abogado José Manuel Ubeira porque él mismo decidió hacerlo público.

En el juicio de "la ruta del dinero K", donde defiende a Federico Elaskar, Ubeira dijo que la medida afecta el derecho de defensa y la confidencialidad con su cliente. Y hasta habló de una "persecución de Macri".

José Manuel Ubeira es uno de los abogados denunciados.
José Manuel Ubeira es uno de los abogados denunciados.

El abogado mediático acudió al Colegio Público de Abogados, que se expidió en contra de la iniciativa. "Los honorarios profesionales son resultado de la labor diaria de los abogados, los cuales están siendo cuestionados por una entidad que ninguna incumbencia tiene al respecto, la Unidad de Información Financiera", arranca ese comunicado. Y exhorta a la UIF "a que ejerza el control que le es permitido por la ley respetando sus límites, lo cual implica directamente la imposibilidad de investigar el origen de los fondos de los honorarios profesionales de los abogados".

El contenido de ese comunicado no cayó nada bien en el organismo antilavado, aunque sus autoridades decidieron dejar pasar el ruido político de las elecciones para contestar.

Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados, cuestionó públicamente la medida.
Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados, cuestionó públicamente la medida.

En un extenso comunicado, al que tuvo acceso Infobae, la UIF reafirmó su competencia para intimar a los abogados en base a lo que dispone el artículo 14 inc. 1 de la Ley 25.246. "Resulta desacertado aseverar que por no haber sido aún designados los abogados como "sujetos obligados" la UIF carezca de facultades legales para, o que es imposible (tal el término utilizado en el comunicado), formular requerimientos de información a los mismos e indagar sobre el origen de los fondos con los que se solventan los honorarios profesionales", dice la respuesta.

Un sistema similar se aplica en países como Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra para controlar los honorarios de los abogados de narcotraficantes y terroristas.

La medida, que puede tener impacto en varias causas de corrupción, también tiene consenso entre jueces y fiscales federales de Comodoro Py.

Según la UIF, la medida no afecta el secreto profesional de los abogados y sus clientes. "El secreto que custodia las confidencias del cliente, las estrategias de defensa o demás información relacionada con el mandato legal, no se vincula con el contrato profesional cuyo pago debe ser afrontado con dinero de origen lícito. El secreto profesional no puede amparar el pacto entre cliente y abogado para usar fondos ilícitos o sospechados de tales", sostuvo el organismo antilavado.

Apenas trascendió el comunicado de la UIF, Jorge Rizzo ratificó ante Infobae la postura del Colegio de Abogados: "La información que pretenden requerir debería ser solicitada por un juez, ante quien la UIF previamente haya acudido, para denunciar alguna operación que reporten sospechosa y en ese marco de investigación donde existe el debido proceso y el derecho de defensa no nos podemos negar". Y agregó: "Hasta el peor delincuente tiene derecho a elegir el abogado que quiera. Cuestionar el origen del dinero a través del abogado se transforma en una forma indirecta de indefensión del delincuente porque el abogado se va a negar a defenderlo".