El último aporte, según los registros, le pertenece a una jubilada uruguaya del rubro gastronómico de la zona norte de la provincia de Buenos Aires que contribuyó con $250 mil a la campaña bonaerense de Juntos por el Cambio, que en 2017 estuvo tan plagada de irregularidades que el entorno de María Eugenia Vidal se vio este año obligado, sí o sí, a emprolijar las cuentas.
La donación de Jenefer Sonia Widderson se sumó a los casi $9 millones -poco más de $8,5 millones-, un número bajísimo a menos de dos semanas de las PASO, que el oficialismo lleva recaudados entre empresas y personas físicas para financiar su campaña electoral, según el registro público de aportes de la Cámara Nacional Electoral.
Afincado en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en la nación, con la potente maquinaria estatal a cargo por primera vez desde su nacimiento, desde el macrismo subrayan desde hace tiempo que la de este año será no solo la campaña más importante desde el retorno de la democracia, si no también la más austera. Un argumento a tono con las desprolijidades que atravesaron a las últimas recaudaciones del PRO.
Hasta ahora, y tras la sanción de la nueva ley de financiamiento aprobada después del verano en el Congreso, que permite de nuevo los aportes de personas jurídicas, hubo tres empresas que contribuyeron a Juntos por el Cambio: la agropecuaria Tomás Hermanos -$250.000-, la financiera Maxinta -$1 millón- y Granar -$250 mil-, del sector agrícola. Son las primeras firmas que aparecen.
Según fuentes ligadas a la contabilidad de Juntos por el Cambio, hay otras compañías que también concretaron sus aportes pero que aún no aparecen en el registro, cuya carga depende de la voluntad de los partidos.
Es llamativo, en ese sentido, que por el momento no figuran aportes para la fórmula Fernández-Fernández o para Axel Kicillof, ni para el espacio que postula a Roberto Lavagna. Sí hay algunas donaciones menores, pero para "desenvolvimiento institucional", para Encuentro por la Democracia y la Equidad, el sello de Martín Sabbatella. Por el contrario, en el registro aparecen decenas de contribuciones para el socialismo y el Partido Obrero.
En la lista oficialista de los aportes -en blanco- sobresalen el banquero Jorge Stuart Milne, con $1.640.000, y la empresaria María Luisa Bárbara Miguens, que hizo cuatro giros por el mismo monto. Miguens ya había donado a la campaña de Cambiemos del 2017: la familia es un actor central del mercado de la generación eléctrica, de buena sintonía con Olivos.
Figuran, además, la agropecuaria Magdalena Vigil -$400.000- y el banquero Julio Supervielle -$200.000-.
En el orden nacional, según pudo saber este medio, la recaudación de campaña está a cargo de un equipo controlado por José Torello, jefe de Asesores de Mauricio Macri, amigo de la infancia y apoderado del PRO. Controla el rubro desde el 2017: en el 2015, el fundraising había estado a cargo de Nicolás Caputo, el más íntimo de los amigos del Presidente. El diputado Ezequiel Fernández Langan firma como responsable financiero del sello.
En la ciudad de Buenos Aires, la encargada, en los papeles, es la diputada Carmen Polledo, que tiene una histórica vinculación con los empresarios. En territorio bonaerense, el senador Esteban Bullrich y Fabián Perechodnik fueron designados por Vidal y Federico Salvai, su jefe de Gabinete, para pasar la gorra. Contrataron a una empresa que ordena los números y lleva la relación con los donantes.
Como contó este medio hace un mes, la propia gobernadora visitó a banqueros y empresarios para pedirles financiamiento.
Es que, para ganarle el kirchnerismo, el Gobierno necesita jugar a todo o nada. También en el campo de la financiación.
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