La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires se sumó a la polémica por causas armadas y espionajes a computadoras de magistrados. A través de un comunicado donde reclama "justicia independiente" colaboró en la tensión generada en los últimos días entre Eduardo de Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y la gobernadora María Eugenia Vidal.

Fue justamente en un evento con esta agrupación, la semana pasada, cuando De Lázzari advirtió los problemas que, a su juicio, ocurren dentro del Poder Judicial de la Provincia. "Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante", había dicho el presidente del Máximo Tribunal bonaerense en las Quintas Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal Bonaerense la Red de Jueces Penales.

Por eso, esta organización difundió el jueves un documento en el que deja establecida su posición en esta polémica, también crítica del estado actual de las cosas en el Poder Judicial, especialmente lo que llama "uso masivo de dispositivos de excepción", en relación a los arrepentidos y la aparición de agentes encubiertos en determinadas causas, como la que investiga a la barra brava y la dirigencia de Independiente, tal como denunció el juez de Avellaneda Luis Carzoglio.

En este punto, la Red de Jueces Penales remarcó que ese uso y el aprovechamiento de algunos medios en determinados expedientes atenta contra la independencia judicial: "El Estado de derecho nos impone el ineludible deber de garantizar la preparación y realización del juicio penal con estricta sujeción al orden jurídico, constitucional y legal. Por esa razón, el uso masivo de dispositivos de excepción (como arrepentidos, agentes encubiertos e informantes, así como la intervención indiscriminada en las comunicaciones, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó su preocupación en la Acordada 17/2019) o la mediatización de causas penales, configuran un estado de situación que afectan el debido proceso y la independencia judicial, y con ello la división de poderes que define a los Estados republicanos".

Eduardo de Lázzari
Eduardo de Lázzari

Firmado por Adriana Nanni y Juan Galarreta, presidenta y secretario de la entidad, respectivamente, el comunicado cierra de manera contundente, al pedir que el Poder Judicial trabaje por afuera de las "coyunturas políticas": "Es claro que lo expuesto no implica emitir opinión alguna sobre causas ajenas a nuestra jurisdicción; pero sí entendemos oportuno poner de relieve que sin una justicia independiente, que trabaje fuera de las coyunturas políticas, será improbable que podamos resolver los problemas que angustian al país".

La opinión de la Red de Jueces apareció horas después de que Infobae publicara el contenido de una denuncia presentada por un juez penal a De Lázzari el 7 de junio pasado y que sirvió como disparador para las declaraciones que haría el presidente de la Corte días atrás.

En esas páginas, este magistrado, cuyo nombre se reserva, acusó "embestidas" contra sus colegas de la Provincia. Y enumeró una serie de situaciones entre las que incluyó la "intrusión por parte del Poder Ejecutivo Nacional en investigaciones", el apriete a jueces del fuero civil con intentos de apartar a una magistrada que lleva la quiebra de una empresa de transporte público incluidos y "facultades de espionaje" otorgadas a determinados fiscales para ingresar a carpetas, archivos y causas de los juzgados de Garantías guardados en los servidores de los tribunales de Lomas de Zamora.

La fuente de De Lázzari que le presentó el documento detalló sobre los movimientos sospechosos que ocurrieron en la llamada "causa Independiente", donde se investiga una asociación ilícita formada, presuntamente, por algunos integrantes de la barra brava y dirigentes del club, incluidos su presidente y vice, Hugo y Pablo Moyano.

Pablo Moyano y Pablo “Bebote” Álvarez, enfrentados y a la vez acusados de ser cómplices de asociación ilícita
Pablo Moyano y Pablo “Bebote” Álvarez, enfrentados y a la vez acusados de ser cómplices de asociación ilícita

Por esa causa está detenido el jefe de la mafia que copó la hinchada roja, Pablo "Bebote" Álvarez, actualmente bajo prisión preventiva. La denuncia que recibió la Corte remarca que "comenzó a sobrevolar en la Fiscalía General de Lomas de Zamora" la necesidad de incluir la figura del "arrepentido", algo que no está incluido en el código procesal penal de la Provincia, para que a través de ese testimonio se concrete la detención de Pablo Moyano.

Las declaraciones posteriores de De Lázzari tuvieron repercusión nacional. La ex presidente Cristina Kirchner viralizó desde sus redes sociales un audio con los dichos del juez del máximo tribunal provincial ante la Red de Jueces Penales.

"Por favor, escuchalo atentamente. El que habla no es un político. No es oficialista. Tampoco es opositor. Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Imperdibles 2 minutos 56 segundos para entender lo que pasa en el Poder Judicial de tu país", publicó Fernández de Kirchner.

Horas más tarde, la gobernadora Vidal le pidió a De Lázzari a través de los medios que si los problemas en la Justicia eran tales diera los nombres de los implicados y los denunciara.

Marcelo D’Alessio
Marcelo D’Alessio

La respuesta llegó en formato de comunicado de la Corte, desde donde precisó algunas cuestiones: "Entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado". Se refería al fiscal Juan Bidone y al falso abogado Marcelo D'Alessio.

Este es el comunicado completo de la Red de Jueces Penales:

Durante 20 años La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires se ha comprometido con la independencia judicial y el respeto a las garantías constitucionales. Nuestros documentos, accesibles en la página web de la institución, dan cuenta de ello.

Para el logro de estos objetivos hemos celebrado decenas de reuniones con los representantes de todos los poderes de Estado, aportando proyectos para las recurrentes crisis de los sistemas de justicia y carcelario.

También promovimos jornadas académicas de actualización para la magistratura del fuero penal bonaerense, donde se debatieron problemas y propuestas de nuestro quehacer. En este marco, el Dr. Eduardo de Lázzari, en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, fue invitado y expuso inquietudes que merecen la atención pública e institucional.

El estado de derecho nos impone el ineludible deber de garantizar la preparación y realización del juicio penal con estricta sujeción al orden jurídico, constitucional y legal. Por esa razón, el uso masivo de dispositivos de excepción (como arrepentidos, agentes encubiertos e informantes, así como la intervención indiscriminada en las comunicaciones, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó su preocupación en la Acordada 17/2019) o la mediatización de causas penales, configuran un estado de situación que afectan el debido proceso y la independencia judicial, y con ello la división de poderes que define a los estados republicanos.

Es claro que lo expuesto no implica emitir opinión alguna sobre causas ajenas a nuestra jurisdicción; pero sí entendemos oportuno poner de relieve que sin una justicia independiente, que trabaje fuera de las coyunturas políticas, será improbable que podamos resolver los problemas que angustian al País.

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