El Gobierno nacional debe abordar acuerdos políticos para sancionar una ley que elimine las PASO
El Gobierno nacional debe abordar acuerdos políticos para sancionar una ley que elimine las PASO

Con el cierre de las listas el sábado pasado, se confirmó que las alianzas electorales no definirán sus candidatos presidenciales mediante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el próximo 11 de agosto. Ante ese panorama, el gobierno de Mauricio Macri presentó varios proyectos de ley en el Congreso a fin de suspenderlas, con el argumento de que su realización es un "sinsentido" y lograr un ahorro de 4.400 millones de pesos al presupuesto estatal. 

Las iniciativas generaron una fuerte controversia en los últimos días. Para el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, las PASO son una "gran encuesta nacional muy cara" cuyo objetivo se pierde cuando hay lista única. En cambio, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió que "hay muchas competencias entre candidatos" de las provincias y que se trata de una "visión de porteños".

En medio de la idea del oficialismo de modificar el cronograma electoral, abogados constitucionalistas evaluaron ante Infobae cuáles son los inconvenientes que el Poder Ejecutivo afrontará en el caso de que avance con la suspensión de las PASO.

El primer escollo a superar es cuál es el instrumento elegido para derogar las primarias en las provincias donde no hay competencia. Hay consenso entre los especialistas en cuanto a que, según el artículo 77 de la Constitución  Nacional, las leyes electorales no se pueden cambiar por decreto. Por lo tanto, el único camino viable es lograr una "mayoría absoluta" del total de los miembros de la Cámara de Diputados y Senadores. Es decir, el 51% de la composición de ambas cámaras.

"Lo ideal es que las leyes no se discutan en un año no electoral. Los partidos arman sus estrategias y sus candidaturas en función de la ley vigente. Si uno cambia la ley, se pueden modificar las reglas de juego, pero la oportunidad de eso debe ser valorada", afirmó Alejandro Tullio, ex director de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

"Habiendo sido convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional y oficializadas las listas, estas PASO deben realizarse en garantía de la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral", sostuvo por su lado el abogado Andrés Gil Giménez. En la misma sintonía que Tullio, sostuvo que las reformas electorales "son razonables si se proyectan hacia el futuro después de un debate participativo, no si se aplican de modo coyuntural para satisfacer los objetivos políticos de un determinado gobierno".

En la misma clave, el constitucionalista Eduardo Barcesat opinó que incluso una reforma electoral con la mayoría exigida tendría cuestionamientos legales. "No se pueden introducir cambios en el curso del año electoral, conforme doctrina de la Cámara Nacional Electoral", señaló en diálogo con este medio.

"La doctrina va más allá de la circunstancia de las PASO y apunta a evitar la modificación de las reglas de juego. Tiene que haber previsibilidad para todos los agentes de la política, tanto para los partidos como para la ciudadanía", amplió Barcesat. Para el abogado, la supresión de las primarias "puede ser entendida como un perjuicio". "Esto tiene un trasfondo político profundo. Los filósofos del derecho, como Norberto Bobbio, ya advierten que las reglas de juego no se pueden modificar durante el transcurso del juego. No se puede finalizar un partido cuando alguien lo va ganando. Creo que es todo un fuego de artificio", concluyó.

Desde esa óptica, los constitucionalistas coincidieron en que la suspensión de las PASO a través del Congreso motivaría una litigiosidad de parte de los partidos que se consideren afectados. El ex presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, señaló: "Como poder, se puede. Es legal y constitucional suspender las elecciones si hubiera un acuerdo en el Congreso, no creo que la CNE se oponga. Pero todo es judicializable si una persona siente que se menoscaban sus derechos".

Tullio coincide en que "no hay jurisprudencia en el mundo" que impida suspender las PASO en algunas provincias y categorías, pero advirtió que un cambio inminente implicaría una "ingeniería electoral complicada".

"La campaña electoral ya empezó y hay aportes estatales en curso. Si se suspenden, los gastos van a ser muy parecidos con o sin competencias en algunas categorías. Incluso, una suspensión puede generar condiciones de inequidad entre los candidatos que compitan con los que no. Creo que hacer una reforma del sistema es razonable, pero cuando no haya elecciones", concluyó Tullio.

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