Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, el sábado, en el club 17 de Agosto del barrio porteño de Villa Pueyrredón (Prensa Cambiemos)
Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, el sábado, en el club 17 de Agosto del barrio porteño de Villa Pueyrredón (Prensa Cambiemos)

Sancionada la ley, el Gobierno analiza ahora cómo va a financiar la campaña electoral con la que buscará las reelecciones nacional, porteña y bonaerense.

Los equipos legales de la Casa Rosada y del PRO trabajan por estas horas en la promulgación y, en particular, en la reglamentación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que el miércoles pasado obtuvo sanción definitiva en Diputados y que bancariza y traza las contribuciones y gastos de los partidos, y que promueve la vuelta de los aportes de empresas, el principal objetivo de los responsables del financiamiento macrista.

Más allá de las tensiones en la coalición de gobierno, y de las inquietudes que aún despierta la candidatura de Mauricio Macri, algunos dirigentes de renombre del PRO empezaron después del verano a sondear al establishment, una labor que hasta la campaña del 2015 estaba reservada para Nicolás Caputo, el más íntimo de los amigos del Presidente, y sus colaboradores, como Edgardo Cenzón, el ex ministro de Infraestructura bonaerense que dejó su cargo a fines de 2016.

La salida de Caputo del día a día de la gestión obligó al PRO a rever el esquema de financiamiento electoral. "Es la persona más importante en la creación de este proyecto. Se ocupó del armado de equipos, del fundraising (la recaudación de fondos), la logística", remarcó el propio Macri en un libro publicado en el 2017.

Las investigaciones periodísticas y judiciales en torno a la recaudación de la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017, que jaquearon a María Eugenia Vidal y a su entorno, obligan ahora a extremar las preocupaciones en torno al financiamiento de este año.

Según pudo saber este medio, el macrismo en su versión bonaerense analiza en ese sentido contratar a una empresa especializada en recaudación de fondos que hace ese trabajo para universidades, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Vidal y su jefe de gabinete -y jefe de campaña-, Federico Salvai, estudian la propuesta. "Tenemos que ser prolijos sí o sí", resaltan en el entorno de la gobernadora.

De ser así, sería la primera vez que un partido político en nuestro país tercerice parte de la recaudación de fondos.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, en campaña
Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, en campaña

Es que las irregularidades en la campaña de 2017, que estuvo a cargo del equipo de la mandataria, a diferencia de las anteriores elecciones, llevaron al PRO a extremar la prolijidad. Las denuncias el año pasado forzaron la renuncia de la contadora María Fernanda Inza y obligaron en julio a la presentación apurada del proyecto de ley que pululó en el Congreso y que al final fue aprobado la semana pasada.

En el caso de la campaña nacional, la recaudación estará por ahora en manos de José Torello, jefe de Asesores de la Presidencia y apoderado del partido, aunque aún no hay demasiadas precisiones. Recién empiezan a tener lugar las primeras reuniones. Al jefe de ministros, Marcos Peña, que en campaña consume y ejecuta buena parte de los fondos, no le gusta manejar esos temas.

Hay dirigentes macristas que también subrayan que Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete y ex CEO de Farmacity, saldría a pedir aportes empresarios. Hay versiones que dan cuenta de que ya habría hablado con algunos hombres de negocios.

Según fuentes partidarias, más allá de las donaciones empresarias y de personas físicas, servirán este año los aportes que funcionarios de todos los niveles hacen todos los meses, desde hace tiempo, al PRO.

En la ciudad de Buenos Aires, el financiamiento de la campaña estará bajo paraguas del propio Horacio Rodríguez Larreta y de su vicejefe y ministro de Seguridad, Diego Santilli. En las elecciones del 2017, la Coalición Cívica había designado asesores -Romina Braga, especialista en el rubro de la CC, suele encargarse de esos temas- para controlar la recaudación y los gastos. Elisa Carrió, que el miércoles votó en contra del artículo que introduce de nuevo los aportes de empresas, había encabezado la boleta de diputados nacionales.

Más allá de la aprobación de la ley, que busca transparentar las campañas, hay aspectos de las campañas que no se registran en ninguna rendición de cuentas, como como el pago a fiscales o la impresión de boletas extra, entre otros rubros. En el 2015, Macri declaró ante la Justicia que gastó algo menos de $200 millones. Altísimas fuentes del PRO dan cuenta de que, en realidad, la suma fue muy superior: por encima de los $1.500 millones.