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La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a través de una resolución firmada por todos sus ministros, puso de manifiesto la realidad económica que atraviesa la institución.

En el escrito presentado se detallan "las dificultades que se presentan para la correcta administración de los recursos presupuestarios de la Jurisdicción Administración de Justicia, de hacer frente a los gastos de funcionamiento para el presente año y asegurar la continuidad de las obras de infraestructura que se encuentran en distintos grados de ejecución".

Con respecto a las dificultades económicas, se hace referencia a la Ley de Presupuesto General de la Provincia de Buenos Aires aprobada para este 2019 (Ley 15.078) en la que "supuso para este Poder una fuerte reducción en las partidas para dar continuidad a las obras gestionadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encaminándolas a su paralización desde el mismo momento en que el proyecto de presupuesto fuera remitido a la Legislatura provincial, a pesar del incremento solicitado por esta Corte mediante Resolución N° 2218/18″.

Con respecto a la solicitud que se hizo durante el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura bonaerense en noviembre de 2018, se señaló la dificultad que atravesaría la Suprema Corte de contar para el Ejercicio 2019 con recursos "que arrastran un desfasaje, que la obligan a solicitar refuerzos y reasignar partidas en detrimento de sus programas de gobierno".

La asignación de recursos para 2019 resultó similar al gasto del año anterior, por lo que la Corte evidenció además las dificultades económicas del impacto de tarifas y precios sobre "rubros que resultan
indispensables para la prestación del servicio" entre los que se destacan servicios públicos, alquileres de edificios, mantenimiento preventivo de instalaciones, entre otras.

Ante esta situación, el Tribunal optó por un reordenamiento de prioridades que afectan obras menores, y puso el foco en obras de infraestructura esenciales para garantizar la seguridad y la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales cuyos titulares ya se encuentran designados mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial.

En estos términos, la Suprema Corte de Justicia le expresó al gobierno de María Eugenia Vidal la necesidad del incremento presupuestario para destinar a infraestructura edilicia y mordenización tecnológica ya que "se ve en la obligación de hacer saber que la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años, dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia en el que se encuentra abocado este Tribunal desde hace años".

El escrito lleva la firma de los ministros Eduardo De Lázzari, Héctor Negri, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Daniel Soria.