El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se reunió este miércoles en la Cámara de Casación Penal para coordinar acciones tendientes a agilizar la incorporación de muestras de ADN al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) de los más de 23 mil delincuentes condenados por este tipo de hecho.

Durante el encuentro estuvieron presentes las representantes de la asociación Madres del Dolor, Silvia Irigaray e Isabel Yaconis. También participó el director del RNDG y médico genetista, Jorge Dotto.

Del universo de 23.461 personas con sentencia firme, ya se solicitó autorización a la justicia para la obtención del perfil genético de 17.600 personas, lo que representa el 75% de los casos.

Los perfiles genéticos de individuos y las evidencias biológicas obtenidos, se almacenarán durante 100 años desde el inició de la causa. La prueba consiste en un hisopado bucal y hasta el momento se obtuvieron 203 muestras. Entre las últimas incorporadas está la de César Grassi, condenado en 2009 a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Hasta el momento, entre las 24 jurisdicciones, se recibieron 879 órdenes de toma de muestras perfil genético.

Del encuentro, realizado en el edificio de Tribunales de Comodoro Py, participaron los jueces Juan Gemignani, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Daniel Petrone, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Martín Borrelli, miembros de los Tribunales Superiores de Provincia, jueces de ejecución penal y defensores oficiales.

El Registro cuenta con una base unificada de condenados que permite el entrecruzamiento con las evidencias obtenidas en el lugar del hecho e identificar las coincidencias.

La base se nutre de la información provista por el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), los Servicios Penitenciarios Provinciales (SPP) que aportan los datos de las personas condenadas con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual.