A otro ministro del Gabinete le pidieron abrir un sumario interno por la reticencia y demora de su cartera en brindar información pública

Se trata de Guillermo Dietrich, a cargo de Transporte. Es a pedido de la Agencia de Acceso a la Información Pública ante el reclamo de ciudadanos comunes por la falta de respuesta

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El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich (Matías Baglietto)
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich (Matías Baglietto)

La Agencia de Acceso a la Información Públic (AAIP) le pidió al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, abrir un sumario interno para determinar responsabilidades por la cantidad de reclamos que recibió la Agencia, ante la falta de respuesta a pedidos de acceso a información hechos por ciudadanos comunes, o la demora en contestar.

La nota firmada por su director, Eduardo Bertoni, detalla que por incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública, Transporte recibió 61 reclamos, lo que lo convierte en el ministerio con mayor cantidad de reclamos desde la entrada en vigencia de la norma en 2016.

De ese total, la mitad -32 reclamos- se debieron al "silencio" del Ministerio frente a los solicitantes, y en 52 casos, se les dio una respuesta recién después de ir en reclamo ante la Agencia. De esos 52 casos, ocho terminaron con una intimación a Dietrich a entregar la información requerida.

Esta situación implicó que, en la práctica, Transporte respondiera recién cuando le fue advertido el incumplimiento a la ley, y en plazos más extensos a los que exige la norma: 15 días hábiles, prorrogables "en forma excepcional" por otros 15, "de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada".

La Agencia aclaró en la nota enviada a Dietrich que solo cuatro de los reclamos de solicitantes de información a Transporte "fueron rechazados por ser suficiente la información oportunamente entregada por el ministerio".

Vale aclarar que no en todos los casos de falta de respuesta a un pedido de información pública, o una respuesta incompleta, deriva en reclamo, ya que muchos ciudadanos no saben que tienen esa instancia ante la Agencia para que este organismo evalúe la solicitud y, si corresponde, le requiera a la cartera obligada los motivos por los cuales no respondió.

Además de pedirle al ministro que abra una investigación interna a fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios o empleados bajo su dependencia que se negaron a brindar la información pública requerida, o no lo hicieron en tiempo y forma, el Bertoni le solicitó que le informe "el inicio de las actuaciones y su respectivo avance y oportuna conclusión".

Las facultades de la Agencia 

La AAIP es un organismo autárquico que funciona bajo la órbita de Jefatura de Gabinete de la Nación, y que tiene como misión velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, sancionada en 2016. La norma había estado frenada en el Congreso por más de una década y recién pudo ser aprobada con la llegada del Gobierno de Cambiemos.

"El sumario es una facultad que me da la Ley de Acceso cuando advierto la posibilidad que algún funcionario la haya incumplido, y le puedan caber responsabilidades administrativas por eso", sostuvo Bertoni al ser consultado por Infobae.

Eduardo Bertoni (3)Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

¿Qué es lo que busca la Agencia con esta medida?, le preguntó este medio. "Que se cumpla con la ley, y que si se advierten reticencias a otorgar información cuando corresponde darla, se sancione a los funcionarios que no respetan esta norma".

Dietrich es el segundo ministro del Gabinete en recibir este pedido de abrir un sumario interno por parte de la AAIP por la cantidad de reclamos recibidos en la Agencia, después de Dante Sica, titular de Producción.

La respuesta de Dietrich 

Ante la consulta de Infobae, desde Transporte relativizaron el pedido de la Agencia al advertir que esa cartera fue la que más pedidos de información recibió, según los propios datos de la AAIP: 751 sobre un total de 4.925 solicitudes recepcionadas en los 16 organismos de la Administración Pública Nacional.

Esta cifra -señalaron- equivale al 15% del total de solicitudes y destacaron que "sólo el 8% de las solicitudes ingresadas a Transporte han derivado en un reclamo". También aclararon que "el total de los reclamos se encuentran resueltos, ya sea por haberse respondido la solicitud o por el rechazo de la AAIP del reclamo del ciudadano por resultar improcedente".

En cuanto a la demora en la respuesta por fuera de los plazos fijados por la ley, puntualizaron que mientras "el tiempo promedio de respuesta de la Administración Pública Nacional es de 41 días, el tiempo de respuesta del Ministerio es de 33 días".

Desde Transporte atribuyeron la cantidad de reclamos a la Agencia a "la magnitud de la información que debe ser procesada para la elaboración de las respuestas".

En este sentido aseguraron que "en pos de una constante mejora continua, el Ministerio se encuentra trabajando en la implementación de un sistema interno que permita un mejor seguimiento de la información, respuestas y sus plazos; emita alertas automáticas a las áreas responsables de los próximos vencimientos; y permita generar estadísticas e indicadores de gestión a efectos de detectar oportunidades de mejora".

Pedido sobre el aeropuerto de El Palomar 

Según pudo saber este medio, un número importante de pedidos de información no respondidos o contestados en forma insatisfactoria, estuvieron vinculados a la base aérea de El Palomar, convertida durante esta gestión en aeropuerto para las empresas aéreas low cost. De hecho, de los 31 reclamos por "silencio" del Ministerio, 21 fueron por este tema, y de los 29 por "respuesta insatisfactoria", 21.  

El principal solicitante de esta información fue Lucas Marisi, abogado y vecino de Hurlingham, y la cara visible del reclamo vecinal contra la instalación de este aeropuerto comercial en la base aérea de Morón. Es uno de los presentó una denuncia por este tema y un amparo, a fines de 2017, que logró frenar inicialmente la operatoria de la base como estación aérea comercial. "Yo vivo a 20 cuadras de la base y sufro el impacto ambiental de este negociado para que empresas como Fly Bondi operen ahorrándose alrededor del 70% de lo que cuesta operar en verdaderos aeropuertos comerciales".

Lucas Marisi El Palomar y Acceso a la Informacion (1)Lucas Marisi, vecino de Morón, uno de los que más pedidos de información hizo.

En diálogo con este medio, explica que por este reclamo compartido entre los vecinos, hizo "más de 80 pedidos de información" referidos a la base aérea del Palomar, tanto sobre temas de impacto ambiental, como la habilitación y planes de vuelo de las empresas que operan desde ahí. "Como mínimo, no me respondieron 20, o me contestaron cosas genéricas. Hay una negativa sistemática de Transporte a responder sobre este tema lo que muestra que hay información que no quieren exhibir", sostiene.

Marisi asegura que encontró "mucha mejor disposición en el Ministerio de Defensa" a responder sus pedidos. "Y esto pese a la reticencia de la Fuerza Aérea en darme información que solicité, como por ejemplo, la cantidad de ingresos del CEO de Fly Bondy, Julián Cook, a la base aérea cuando la empresa aún no tenía rutas, ni autorización que lo justificara". Esta negativa a responder, le valió a la cartera de Defensa – de quien depende la Fuerza Aérea – ser intimada por la Agencia a brinda esa información. Como aún no lo hizo, continúa en el registro de organismos de la Administración Pública Nacional  que incumplen la Ley de Acceso.

Responsabilidades políticas 

"La Agencia está en un momento de crecimiento y es vital que se escuchen y cumplan sus dictámenes. Si se los desconocen, el sistema de Acceso a la Información Pública creado no va a evolucionar y va a quedar solo en buenas intenciones", advierte Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Esta ONG fue en reclamo a la AAIP luego de la negativa de la Secretaría General de la Presidencia a hacer públicos las planillas de ingresos de visitas a la Quinta residencial de Olivos. Finalmente, y excedidos los plazos, esa cartera envió a Poder Ciudadano un listado impreso de nombres en orden alfabético, sin fecha ni horario de visita, ni el motivo de la misma, así como tampoco en carácter de qué o representación de qué empresa lo hizo cada invitado. La ONG fue nuevamente en reclamo a la Agencia, que emitió una segunda resolución considerando que la Secretaría  a cargo de Fernando De Andreis continúa infrigiendo la Ley de Acceso.

web de Registro de Incumplidores de la Ley de AccesoLa Secretaría General de Presidencia y la Fuerza Aérea, entre los incumplidores. 

Lo cierto es que más allá de determinar las responsabilidades por el "silencio" o dilación en la respuesta desde una cartera, a su máximo responsable -el ministro o secretario a cargo- solo le podrían caber responsabilidades políticas. Es que más allá de posible costo político por no cumplir con una ley que fue un caballito del batalla del oficialismo en su prédica a favor de la transparencia, la ley no contempla otro tipo de sanción cuando un organismo obligado a entregar información pública no lo hace. "Por cómo fue sancionada, es una ley sin dientes", admiten los promotores de la norma.

Es diferente, por ejemplo, el caso de la norma sancionada en Chile, donde si luego de haber sido intimado, el máximo responsable no cumple con la norma, comienza a sufrir el descuento de un porcentaje de su sueldo.