Macri durante su combativo discurso en el Congreso (foto Maximiliano Luna)
Macri durante su combativo discurso en el Congreso (foto Maximiliano Luna)

Como ocurrió el año anterior, el Gobierno busca anticiparse para marcar la agenda legislativa con temas considerados sensibles por la sociedad. En el 2018 fue la despenalización del aborto. Ahora se trata de la iniciativa que plantea la baja de la edad de imputabilidad.

Luego de que Mauricio Macri concluyera el discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Poder Ejecutivo envió el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que contempla bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión.

Según explicó el Presidente en su mensaje a los legisladores, "es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad. El proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino a convertirse en delincuentes. Hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad".

El proyecto, del que participaron el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, el ministro de Justicia Germán Garavano y el espacio coordinado por Ricardo Gil Lavedra Justicia 2020, apunta a la creación de 280 equipos y la participación de 800 profesionales en cada caso. El período de implementación será de siete años.

La norma se aplicará "al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales", dice el proyecto que especifica que "será imputable el adolescente mayor de 16 años y menor de 18 que cometiera un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal".

La iniciativa que consta de más de 100 artículos, tiene como ejes "contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas".

Cabe mencionar que los adolescentes privados de su libertad no podrán ser alojados en dependencias de las fuerzas de seguridad o cárceles junto a reclusos mayores de edad. En cuanto a los procesos judiciales no serán públicos (excepto que lo reclame el joven involucrado), ni se podrán publicar fotos o datos que permitan identificarlos.

Mientras que el fiscal encargado del caso "podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión".