Dos legisladoras de la Coalición Cívica presentaron este lunes una denuncia en los tribunales de Comodoro Py en la que aseguran que la operación política contra Carlos Stornelli fue armada por presos kirchneristas. Esta noche el fiscal del caso de los cuadernos de las coimas dijo no conocer la procedencia de la maniobra, pero remarcó: "Aspiro a que se averigüe y se investigue a fondo".
La denuncia del espacio de Elisa Carrió contiene la transcripción de unas escuchas telefónicas que fueron acercadas de forma anónima a la líder de la Coalición Cívica. Se trata de diálogos que Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación de Planificación Federal, habría mantenido con un ex funcionario K, Carlos Zelkovicz, y con un periodista.
"Seguramente algo tienen que ver las bandas que nosotros investigamos y que tal vez algunos están detenidos", deslizó Stornelli. A partir de la presentación realizada hoy, dijo: "Espero que se investigue a fondo; si es verdad, estamos ante un hecho muy grave".
La operación contra Stornelli fue lanzada la semana pasada desde el blog de Horacio Verbitsky, un dirigente montonero acusado de colaborar con la Fuerza Aérea Argentina durante la dictadura militar.
"En 26 años de fiscal estoy acostumbrado a este tipo de operaciones. Menem me quiso echar y Néstor Kirchner quiso hacer algo parecido por Skanska. Operaciones sufrimos todo el tiempo, y cuanto más fuerte es lo que investigamos más fuerte es la operación. Cuando aparecen este tipo de cosas, uno tiene la certeza de que está en el camino correcto", agregó en diálogo con Joaquín Morales Solá en TN.
En esta línea, el funcionario aclaró que a pesar de la operación que sufrió continuará trabajando como fiscal en el caso de los cuadernos de las coimas. "Lamentablemente hay gente sin escrúpulos, pero la verdad lo soporta todo", expresó.
Por la denuncia presentada por Paula Oliveto y Mariana Zuvic se abrió un expediente por "averiguación de delito", que recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Claudio Bonadio y en la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Los funcionarios judiciales deberán determinar en primera instancia la validez de la transcripción de las escuchas y luego la posible existencia de un delito.