El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) inició una nueva medida de fuerza desde las 0 horas de este 31 de enero luego de que se agotara la instancia de "conciliación obligatoria" dispuesta por la Secretaria de Trabajo a instancias del Ministerio de Transporte de la Nación. El gremio había dispuesto a principios de enero el "trabajo a reglamento" al reducir la jornada laboral a 8 horas.

A diferencia de los empleos terrestres, a bordo de los buques mercantes el trabajo es continuado durante las 24 horas del día, ya que por la naturaleza de las tareas que se desarrollan tanto en navegación como cuando están en puerto, resulta imprescindible la tarea continua, para lo cual se establecen turnos de trabajo entre los distintos tripulantes.

Tal como diera cuenta Infobae, uno docena de gremios conforman el arco de entidades sindicales y centros profesionales que representan a los distintos marinos necesarios para tripular una embarcación civil. El SOMU es el sindicato que representa al personal subalterno (Marinería y Maestranza) donde se incluyen marineros de cubierta y máquinas, cocineros y personal de cámara.

El origen del conflicto se remonta a una pretensión impulsada desde las carteras de Trabajo y de Transporte que cuenta con el apoyo del sector empresario y que pretende una mejora en la competitividad del transporte de cabotaje marítimo y fluvial a través de una reducción de costos laborales.

En tal sentido, el Centro de Capitanes de Ultramar conducido por Marcos Castro fue la única entidad gremial que acordó con el empresariado un fuerte incremento salarial (45%) a cambio de una modificación a la baja del convenio laboral, algo que el grueso de los restantes gremios repudió puertas adentro de la estructura sindical.

No obstante la discreción con la que se viene manejando este conflicto inter gremial, fue precisamente el SOMU el que rompió lanzas contra esta pretensión gubernamental, dejando en claro que no resignará ninguna conquista gremial, al tiempo que rechazó el 30% de aumento ofrecido a los gremios que no han modificado su convenio laboral.

Si bien en la práctica hasta que todas las entidades que nuclean a los marinos acepten las mismas condiciones nada se puede poner en práctica por el régimen de escalas salariales que impera a bordo de un buque mercante, la postura del SOMU, es por lejos la más radicalizada de todo el sector.

No obstante, tanto las fuentes empresarias como gremiales consultadas por Infobae, parecen coincidir en culpar a los funcionarios de las áreas de Trabajo y Transporte por haber permitido escalar este conflicto a un punto de no retorno que amenaza a paralizar totalmente el transporte por agua en el país.

"La falta de conocimiento puesta de manifiesto por los operadores del gobierno en las negociaciones nos llevan a la particular situación de encontrarnos en un callejón sin salida. Si los empresarios cedemos ante el SOMU, se nos caen todos los demás acuerdos firmados con otros gremios. Si el Secretario General del sindicato marítimo da marcha atrás, sus bases se le sublevan. Se supone que los veedores ministeriales tendrían que haber evitado esto", señaló uno de los líderes empresarios del sector naviero.

Si bien por el lado del SOM, no se han brindado más detalles que los expresados en el comunicado que convoca al reinicio del trabajo a reglamento, Infobae pudo saber de parte de allegados a la conducción gremial que el propio Raúl Durdos realizará en las próximas horas una conferencia de prensa para ratificar la gravedad de la situación.

Desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) consideran que el trabajo a reglamento es en realidad un paro liso y llano, en virtud de ello en el día de hoy han comenzado a cursar telegramas de despido a los trabajadores marítimos que se nieguen a cumplir sus tareas en forma normal.

Si bien desde hace muchos años Argentina perdió a su Marina Mercante de Ultramar, todavía conserva el manejo de los tráficos de cabotaje nacional y en parte el regional. Ello en virtud de que sigue vigente la Ley de Cabotaje Fluvial y Marítimo que obliga a que el transporte de mercaderías con origen y destino en puertos nacionales sea realizado por buques de bandera argentina (o extranjeros con tratamiento de bandera argentina) y tripulados por argentinos.

En este sentido, no es la primera vez que las autoridades de transporte esgrimen el argumento de derogar la "ley de cabotaje" y abrir las aguas interiores e incluso el mar territorial argentino al mercado internacional.

"Algo sin precedentes en la historia marítima argentina y de buena parte de los países del resto del mundo", señalan los empresarios navieros.

Los sindicatos son conscientes de que esta medida implicaría el fin liso y llano de miles de puestos de trabajo y según confiaron a este medio, cuentan con el respaldo de la poderosa CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) para evitar una media de este tipo.

Tal como sucede en este tipo de situaciones, no solo se encuentran paralizados buques de cabotaje ya que al interrumpirse el servicio de remolcadores los grandes buques extranjeros que transportan las exportaciones e importaciones locales ven afectada su operatoria al no contar con los buques auxiliares que colaboran en las maniobras de entrada y salida de los distintos puertos.