(Julieta Ferrario)
(Julieta Ferrario)

Luego de la habitual reunión de Gabinete, en la que participó el presidente Mauricio Macri tras su recorrida por provincias de la Patagonia y el viaje a Brasil para encontrarse con Jair Bolsonaro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias de Diputados en febrero para tratar la "ley de barras bravas" y la articulación para desfederalizar la droga entre narcomenudeo y narcotráfico.

Con relación al primero de los proyectos, la funcionaria recordó que cuenta con media sanción de Diputados. "Es muy importante; en estos días hemos enviado las listas de los que no pueden entrar a los estudios, van 500 barras y la semana que viene vamos a estar llegando a los 5 mil barras que no van a poder entrar; esto estará acompañado por la causa penal por la reventa de entradas en el partido Boca-River", afirmó en la rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por el canciller Jorge Faurie.

Bullrich, además, volvió a defender el uso de las pistolas Taser.  "Fue declarada constitucional, no se entiende la crítica", señaló, y amplió: "Hoy, un miembro de una fuerza de seguridad, cuando está en un lugar de mucha aglomeración de gente, está con un arma mortal. Si tiene que usar esa arma, usa algo que puede tener un daño colateral por la cantidad de gente que hay. Entonces cuando se cambia por un arma no letal en lugares de aglomeración de gente la oposición debería estar contenta. La crítica parece no razonada, si uno la piensa un poco se da cuenta que estamos haciendo algo lógico, coherente".

Por otro lado, afirmó que el Ejecutivo también impulsará en el Congreso, en sesiones ordinarias, tres proyectos muy importantes para el cambio en el paradigma de la seguridad, para salir del paradigma Zaffaroni", con relación a la corriente identificada con el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Según indicó Bullrich, serán enviados para su tratamiento prioritario. Se trata de la reforma del Código Penal, la ley para crear un régimen penal juvenil, que dispone entre otros puntos la baja de la edad de imputabilidad penal a 15 años, y la extensión del registro de toma de ADN para casos de abusadores y violadores.

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