El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime
El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime

El Tribunal Oral Federal 6 fijó fecha de juicio para que en marzo del año que viene comience el debate en el que se deberá determinar si Ricardo Jaime, primer secretario de Transporte del kirchnerismo, se enriqueció ilícitamente.

Hasta hoy existía la posibilidad de que Jaime y sus testaferros firmaran un acuerdo de juicio abreviado con la fiscal Gabriela Baigún. De hecho se había avanzado en ese sentido en los últimos meses: Jaime confesaba el delito, aceptaba una pena y pagaba una multa millonaria. Además pidió que no fueran decomisadas las casas de su hija Julieta en Carlos Paz y de su ex esposa en el barrio Mendiolaza cerca de la capital cordobesa. Y se ofreció a pagar por ambas propiedades.

El acuerdo debía ser firmado por todos los imputados para luego ser sometido a consideración del Tribunal. Algunos imputados como Manuel Vázquez habían firmado un pre acuerdo ad referéndum de lo que hicieran el resto de los imputados.

Pero como el convenio que iba a firmar Jaime no se concretó, todos deberán ir a juicio.

Desde marzo de 2019 se sentarán entre los acusados Jaime, su hija Julieta, su ex esposa Silvia Reyss y las hijas de ella Agostina y Lorena Jayo. También será juzgado como testaferro del ex secretario de Transporte su hermano Daniel Jaime. Entre los prestanombres están Vázquez y su hijo Julián y otras personas que participaron de negocios que le permitieron a Jaime incrementar su patrimonio de manera ilegal.

El acuerdo entre la fiscal Baigún y Jaime-quien se hacía cargo de las multas a pagar por los testaferros de su familia- estaba avanzado pero los jueces hicieron saber de ciertas objeciones sobre los términos.

La fiscal había aceptado que Jaime pagara por bienes de su familia que iban a ser decomisados como producto del acuerdo de juicio abreviado. Es decir que el ex funcionario pedía quedarse con dos propiedades por las que pagaría un valor de mercado estipulado por la fiscal.

Pero los jueces del Tribunal José Martínez Sobrino, Fernando Canero y Julio Panelo hicieron saber que no homologarían un acuerdo en el que Jaime-con plata proveniente de la corrupción- se quedara con bienes que debían ser decomisados. Es que Jaime ofreció pagar las multas y los bienes con un dinero que no puede justificar.

Desde la fiscalía defendieron el acuerdo que iba a firmarse porque se garantizaba el ingreso de dinero de la corrupción al Estado de manera inmediata y no había que esperar el resultado de un juicio que con sus apelaciones correspondientes podría extenderse por años.

El hecho de que el Tribunal haya puesto fecha implica que en marzo que viene comenzarán varios juicios en los que Jaime está acusado por delitos de corrupción. El de enriquecimiento ilícito, la compra de trenes chatarra a España y Portugal, una defraudación en el ferrocarril Belgrano Cargas y el uso de autos del Estado en su beneficio personal.

No se descarta que la fiscal Baigún vuelva a intentar, de aquí a marzo, mejorar los términos del convenio para conseguir una condena y el recupero de dinero sin tener que pasar por un juicio con muchos imputados y que se supone durará al menos un año.

Mientras espera los juicios que comenzarán en marzo, Jaime seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza. Está alojado allí está desde 2016 por su participación en otros casos de corrupción y además cumple condena porque fue hallado responsable de la Tragedia de Once.