Ley contra las barras bravas: ¿el Congreso no se mancha?

Pasó el megaclásico que se definió finalmente en la cancha, pero a diez mil kilómetros de Buenos Aires. ¿Pasó la preocupación por la seguridad y las organizaciones barrabravas? El Gobierno decidió estirar unos días las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el proyecto reimpulsado a la carrera después del grotesco que terminó llevando el River y Boca a Madrid. El texto contra las barras viene muy conversado en Diputados, porque la propuesta original provoca variados reparos, muy sustentados algunos. En medio de los apremios de fin de año, la suerte de la ley dependerá entonces de la voluntad política.

Antes del martes que viene deberían producirse avances concretos para destrabar la iniciativa. Desde el oficialismo dicen que se está avanzando, esta vez sin los parches que la semana pasada terminaron postergando el debate en el recinto. No es el único tema que involucra de algún modo o pone a la política en el foco de atención pública pero a diferencia de otros –extinción de dominio, financiamiento de campañas- tendría chances de ser tratado.

La iniciativa repuesta en el temario legislativo expuso discusiones de fondo y también excusas. Las objeciones más serias tienen que ver con la proporcionalidad de las penas, principio que para legisladores experimentados –opositores y también oficialistas- resultaba quebrado en algunos puntos del texto elaborado por el ministerio de Seguridad. Ese cuestionamiento parecía ser a su vez el denominador global para terminar de consensuar un dictamen. En rigor, el problema habría sido la cantidad de adhesiones en general y disidencias específicas: las contradicciones pronosticaban el hundimiento del proyecto en el recinto.

Fuentes legislativas aseguran que, a pesar de todo, existiría margen real para limar las diferencias: el camino de las tratativas entre el oficialismo y el peronismo es transitado especialmente por la radical Gabriela Burgos. En el medio, claro, abundan las críticas ácidas pero más bien reservadas al Gobierno por "forzar" este debate sobre fines de diciembre y sin diálogo previo. En el ministerio de Seguridad destacan a modo de respuesta que la primera versión del proyecto fue remitida hace más de dos años, en agosto de 2016, y que terminó en vía muerta. Tan cierto como que nadie insistió mucho con el tema después de aquel fracaso inicial.

Ese intercambio no altera lo sustancial. Hay algunos legisladores que en privado expresan dudas sobre un debate serio sobre esta materia. La decisión de extender las sesiones extraordinarias fue hecha en base un cálculo de días muy apretado: Diputados debería votar el martes que viene y el Senado tendría que hacerlo antes del 28. El acuerdo debería ser realmente sólido para pasar por las dos cámaras sin tropiezos.

Se trata, en definitiva, de una prueba de decisión política. El Congreso lucía agotado luego de la sanción del Presupuesto y sus estribaciones, como Bienes Personales. La violencia barrabrava que frustró el segundo acto del Boca-River todavía produce oleaje, más allá de lo que pueda durar el espasmo inicial. Juegan las imágenes. La cuestión desborda al fútbol: no son datos menores para nadie los lazos entre barras, delitos –algunos muy graves, vinculados al narcotráfico-, dirigentes de clubes y algunas franjas de la política.

El terreno es fangoso. Lo sabe el Presidente, que conoce el tema en directo por su arranque dirigencial en Boca. No puede disimular el peronismo, desde los nexos tradicionales en el GBA hasta la experiencia única de blanqueo explícito y relato épico en el kirchnerismo. Es práctica extendida entre jefes sindicales. No hay límites territoriales: Buenos Aires, Córdoba, Rosario y cualquier otra plaza del interior. Y tampoco, clubes grandes o chicos, diferenciados en todo caso por su volumen.

El contexto del Congreso es contradictorio. Fue clara la necesidad de acuerdos frente a la fragmentación de la política: los hubo, explicados en mayor o menor medida por necesidades y compromisos cruzados entre quienes necesitan gobernar. Pero también es repetido el fracaso de proyectos que podrían empezar a erradicar algunas prácticas oscuras del juego político y del poder.

Sigue en la banquina la iniciativa sobre extinción de dominio, un tema complejo, sin dudas, pero que nunca terminó de ser prioritario, a pesar del impulso inicial del oficialismo y de una parte del peronismo no kirchnerista en Diputados. En resumen, se trata de buscar un camino para que el Estado recupere por lo menos parte de los fondos que se llevó la corrupción. La discusión se trabó en el Senado, con predominio del PJ. Tiene un fondo nada sencillo en términos jurídicos, pero sería ingenuo suponer que ese fue el único factor paralizante.

Otro proyecto de los que parece destinado a una larga postergación es el de financiamiento de la política y de las campañas, especialmente. Hubo avances en las conversaciones entre el oficialismo y el PJ federal, pero además de algunos puntos no del todo saldados gravitaron más los desacuerdos en el interior de Cambiemos. En la coalición oficialista subsisten tensiones seguramente más profundas que ésta, pero hacia afuera la señal es parecida a la de los otros asuntos postergados.

Frente a ese cuadro, el recurso crítico más sencillo y tal vez el de mayor sonoridad sería sumar dos más dos y concluir en que en estos casos –barras, extinción de dominio y financiamiento- el reflejo de cuerpo sería el mismo: trabar o dilatar temas que de un modo u otro afectan a la política.
Como contracara, la negación más sencilla sería menospreciar su posible efecto social, la lectura externa al mundo del Congreso. En ninguno de los casos referidos se trata de asuntos jurídicos de escasa importancia. Pero, advierten incluso algunos legisladores, no constituiría precisamente una buena señal evitar el debate.

En reserva, legisladores de distintos bloques protestan, con razón, por el apuro y los bandazos en el tratamiento de ley contra las barras bravas, centrada en tipificar delitos, agravar penas y poner el foco en los modos del negocio y del financiamiento de estos grupos. "Esta ley no arregla el problema", repetían algunos. Ninguna norma legal lo hace en términos absolutos. También importa el mensaje, es decir, el texto y la práctica.