Hacia el final de la era menemista, algunos políticos ya anotaban en su análisis una sombría tendencia de deterioro social que a largo o mediano plazo, decían, proyectaba un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza como destino. Fue más rápido. Hubo picos dramáticos en los períodos de mayor crisis -2001 y sus secuelas- y luego un camino de mejora, pero aún así el cuadro sigue mostrando números alarmantes y, más grave, la consolidación de la pobreza estructural. Eso indican los trabajos que circulan en estos días.

La semana que viene sería difundido el relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre el tercer trimestre de este año: según trascendió, marcaría un aumento de unos cuatro puntos y rozaría el 32% de pobreza en sus propias mediciones. En la semana que termina, Unicef publicó un informe que expone la mayor profundidad de la pobreza entre chicos y adolescentes: está muy por encima de la cifra general, medida sólo en base a ingresos y también ampliando la mirada a los aspectos no monetarios, como vivienda, educación y protección social, entre otros indicadores. La visión integrada señala 48% para menores de 18 años.

Otro aporte duro de este último trabajo es que expone la evolución desde 2006 hasta la primera mitad de este año. Se trata de doce años, es decir, casi una generación afectada directamente por niveles altísimos de pobreza.

Sería conveniente dejar de lado los cálculos menores de la política para evaluar los números y no quedarse en quién tuvo mejor tendencia, porque los problemas cada vez más evidentes serían a trazo grueso al menos dos. El primero: aún en los momentos de mejores marcas económicas, las cifras siguieron siendo significativas. El segundo, asociado al anterior, plantea un interrogante sobre la real dimensión la pobreza como fenómeno estructural. La resistencia a la baja o su desaceleración podrían indicar que ese núcleo duro es mayor al estimado.

Por supuesto, asoma claro que la situación se ha agravado con la crisis disparada por el dólar y prolongada por el frío más general de la economía. Eso indicaría la UCA. También lo advirtió Sebastián Waisgrais, especialista de Unicef en la Argentina, al analizar la tendencia en baja, pero en un contexto nada tranquilizador por los registros que se mantienen elevados y por efecto de "la situación macroeconómica y fiscal".

La realidad de fondo, traducida en números, puede ser advertida en cualquier escenario estadístico. El método oficial establece la línea en base a la relación entre ingresos y la canasta básica de bienes y servicios, para medir pobreza, y entre ingresos y canasta básica de alimentos, para la indigencia. La mirada multidimensional, como el referido informe sobre niños y adolescentes, evalúa además otras condiciones, no monetarias.

La oscuridad estadística impuesta al INDEC en la etapa kirchnerista es una complicación para cualquier estudio. Por ejemplo, para establecer una referencia entre el final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y la etapa inicial de Mauricio Macri. Se estima que la pobreza general podría ser calculada alrededor del 29% al concluir el 2015. En el primer semestre de 2016, el actual gobierno anotó cerca del 32%. Terminó ese año en el 30,3%.

A fines de 2017, el registro fue de 25,7%. Y ya en la primera mitad de 2018 llegó a 27,3%. La cifra se agravaría en el semestre que va terminando.
En base a los datos del INDEC y la consideración de diversos factores sociales, el informe de Unicef muestra que en la franja de chicos y adolescentes la pobreza se ubicó en el 48%, considerando el primer semestre de este año. Venía de marcar un 50% a fines de la gestión kirchnerista, en una pendiente que ya venían haciéndose más lenta.

En general, los datos estadísticos muestran que después de la enorme crisis de 2001, la recomposición de la economía generó de entrada una mejora de los indicadores sociales bastante significativa, pero que se fue desenganchando progresivamente del ritmo de crecimiento o recuperación económica.

No es ese un elemento menor, sobre todo para entender en parte el problema de la pobreza sostenida, de la base dura más allá de los picos registrados en épocas de crisis. Y el interrogante que plantea no es únicamente ético, sino también político, económico, cultural. ¿Puede el país asimilar esa realidad como algo inmodificable? Las estadísticas exponen el problema. La respuesta es centralmente de la política, pero no sólo.

Seguí leyendo: