Rechazaron la denuncia contra un juez federal que se fue de licencia sin autorización

El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó ayer la denuncia por mal desempeño contra un juez federal que se fue a un congreso en Irak sin tener la autorización aprobada. La postura de la mayoría fue que la práctica habitual en el Poder Judicial es que las licencias se aceptan una vez vencidas. Este caso fue la excepción porque fue rechazada pero los consejeros entendieron que no se podía responsabilizar al juez por un aislado.

Por su parte, la minoría señaló que más allá de lo habitual -que debe ser reformado- el juez incumplió un reglamento que establece que para irse de licencia los magistrados deben tener la aprobación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que por lo tanto merecía fue una sanción, que en este caso era un apercibimiento.

La discusión se dio en el plenario del Consejo, el órgano encargado de la selección y la acusación de los jueces nacionales y federales, y fue sobre el caso de Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal 5.

Obligado fue invitado a participar en Irak de un congreso sobre la prevención del genocidio del 24 de abril al 5 de mayo del año pasado. El juez pidió autorización y se fue de viaje el 21 de abril sin tenerla aprobada. Pero cuando ya estaba en Irak, la Cámara de Casación primero y la Corte Suprema después la rechazaron. El argumento fue "razones de servicio" ya que en ese momento el Tribunal Oral estaba en la etapa final del tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

Ante esa situación, dos abogados de genocidas denunciaron a Obligado en el Consejo por mal desempeño por abandonar el juicio en la etapa de alegatos, una de las últimas antes del veredicto.

El juez se defendió por escrito en dos oportunidades. Señaló que recibió la invitación con poca antelación, que obró con la mayor celeridad y que Casación demoró en responder y que primero se equivocó al Tribunal Oral que lo hizo. Además que sus colegas del tribunal sabían y avalaron el viaje y cuando estaba en Irak y ante el rechazo de la licencia ofreció que sea sin goce de sueldo, lo que tampoco fue aceptado.

También reconoció que se fue de viaje sin contar con la autorización pero esa es la práctica habitual en tribunales. Para graficarlo señaló que del 1 de enero de 2017 al 18 de mayo de este año se presentaron 434 pedidos de licencia de jueces por motivos académicos, de las cuáles 230 -el 53 por ciento- fueron resueltos después o el mismo día que comenzaba la actividad por la que los jueces se ausentaron de sus trabajos. Y que todas fueron aceptadas excepto dos, una la de él.

Sobre ese punto giró la discusión en el Consejo y se presentaron dos posturas. El consejero que representa a los académicos, Jorge Candis, presentó un dictamen en el que propuso rechazar la denuncia. Sostuvo que Obligado "obró diligentemente" al pedir la licencia y "en forma inmediata" en cuanto recibió la invitación. Y en base a la estadística de que el 53 por ciento de las licencias se resuelven con posterioridad "se trata de una práctica consuetudinaria de carácter administrativo".

El diputado de la UCR Mario Negri propuso que el juez reciba un apercibimiento y el legislador del PRO Pablo Tonelli una multa del 50 por ciento de su sueldo. Señalaron que el Reglamento de la Justicia Nacional es claro respecto a que las licencias para ser tomadas deben tener su aprobación y que en este caso eso no ocurrió. El dictamen de Negri agregó que "la ausencia de un magistrado de su lugar de trabajo, sin autorización reglamentaria constituye una falta susceptible de reproche administrativo" a pesar que por la práctica habitual "creó en el magistrado denunciado la expectativa razonable de que la misma le sería concedida".

Las dos posturas fueron debatidas ayer por los 13 consejeros.

"Si los jueces no cumplen su reglamento difícilmente pueden hacer cumplir las leyes", sostuvo Tonelli. El juez Leónidas Moldes señaló que "el sistema de licencias tiene sus problemas. Ocurre a menudo que los pedidos se enciman con la fecha del viaje".

El senador radical Ángel Rozas apoyó la sanción pero además propuso que se pida el nombre de los 230 jueces que se fueron de licencia sin tener la autorización para también analizar la situación. El juez Luis María Cabral dijo que uno de esos 230 jueces podía ser él porque lo que ocurre en la práctica es que primero los jueces reciben telefónicamente la aceptación de la licencia y que después se formaliza en un escrito.

La magistrada Gabriela Vázquez explicó que este caso tuvo su efecto porque se comenzó a "normalizar la situación de las licencias". "No han sido en vano los dictámenes que impulsaron la sanción", señaló.

Mas vehemente fue el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade: "¿Donde estaban los reglamentos cuando me sacaron de la Comisión de Acusación o cuando hicieron los traslados de jueces violando todos los reglamentos? Y ahora se rasgan las vestiduras por la licencia de Obligado".

El consejero Candis agregó otro argumento. "Se lo quiere sancionar por una cuestión ideológica", sostuvo y explicó que Obligado fue denunciado por abogados de represores.

Llegó el momento de la votación y el resultado fue ocho votos por rechazar la denuncia y cinco por aplicarle un apercibimiento a Obligado.

Quienes votaron por el rechazo fueron Candis, Cabral, Vázquez, Moldes, Tailhade, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, y los senadores peronistas Rodolfo Urtubey y Mario Pais. Por la sanción se inclinaron Tonelli, Rozas, Negri y los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas. Fue la última decisión de trascendencia que tomó este Consejo ya que la semana que viene se renuevan sus integrantes.